MADRID, España (Télam, especial).- El gobierno del presidente Mariano Rajoy aprobó hoy un polémico proyecto de ley que permitirá el desalojo exprés de los inquilinos que se retrasen en el pago de su alquiler si no presentan alegaciones ante un juez en el plazo de diez días, lo que podría dejar a miles de familias en la calle. 

La reforma supone una amenaza para cientos de miles de familias con graves problemas económicos y que no encuentran trabajo en un escenario de continua recesión y elevado desempleo, que ya afecta a 5,6 millones de personas, el 24,4% de la población activa. Este año, el número de desahucios por impago hipotecario o de alquileres decretados por los juzgados españoles alcanzó la cifra récord de 46.559 sólo en el primer trimestre, según la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), que recoge datos más amplios que los del Ejecutivo, que habla de 18.424. 

Tras cuatro años de crisis, el endurecimiento de la ley en materia de alquiler podría condenar a la exclusión a familias enteras. 

Rajoy "va a echar a muchas más familias a vivir debajo de un puente", denunció hoy el diputado y líder de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara, en conferencia de prensa en la sede de su coalición en Madrid. 

Lara aseguró que el gobierno del derechista Partido Popular (PP) parece tener “odio de clase” hacia los más humildes, ya que “la inmensa mayoría de las personas que se verán afectadas por la medida no son "caraduras" sino "gente que no puede pagar porque se ha quedado en paro (desempleado)". 

La reforma, que deberá ser validada por el Congreso, donde el PP cuenta con mayoría absoluta, busca “mejorar el procedimiento” de desalojo, que hasta ahora era “tedioso”, dijo la ministra de Fomento española, Ana Pastor, en conferencia de prensa, tras la aprobación de la medida por parte del Consejo de Ministros. 

El proyecto de Ley de Medidas para la Flexibilización y Fomento del Mercado de Alquiler –que fue adelantado en mayo- establece un plazo de diez días para que el arrendatario pague su deuda y, en caso que no lo haga, un juez puede dictar la disolución del contrato de forma inmediata. 

Hasta ahora, el arrendador debía acudir a la vía judicial y obtener una sentencia para que posteriormente el impago diera lugar a un desalojo, mientras el inquilino tenía la posibilidad de pagar en el último momento y evitar la ejecución de la medida. 

El gobierno español argumenta que quiere evitar el fraude reforzando la seguridad jurídica y flexibilizar el mercado, ya que sólo un 17% de la población reside en vivienda de alquiler en España y el país cuenta con un stock de 700.000 viviendas vacías, de acuerdo con datos oficiales. 

Además, reconocen que se trata de un “asunto delicado”, de ahí que se  establece el plazo de diez días para alegaciones por parte de los morosos. 

Otro de los puntos claves de la nueva norma es que el arrendatario podrá rescindir el contrato de alquiler sin tener que pagar indemnización alguna si comunica su decisión con un mes de antelación. 

También tendrá la posibilidad de recuperar la vivienda para su uso como residencia o para un familiar directo con dos meses de preaviso, aunque esta posibilidad no figure en el contrato, a diferencia de la ley vigente para contratos inferiores a 5 años. 

Por otro lado, el gobierno establece beneficios fiscales para fomentar a los inversores que pongan las viviendas en alquiler.