LA PAZ.- Bolivia vive un cambio en la estructura de propiedad de la tierra desde la asunción del presidente Evo Morales, ya que de los 63,5 millones de hectáreas de tierra disponible existente, al menos 55 por ciento está ahora en manos de indígenas, campesinos, y colonos, mientras que la que quedó en poder de la pequeña y mediana empresa se redujo al 6,7 por ciento.

Otros estudios, sin embargo, muestran que aún existen una gran concentración de tierras en manos de latifundistas, sobre todo en el oriente boliviano, que es la más fértil del país.

De las 63,51 millones de hectáreas de tierra disponibles en Bolivia, 35,97 millones (55 por ciento) ahora están en manos de indígenas, originarios, campesinos e interculturales (antes denominados colonos), que hasta 1992 alcanzaba sólo a 17,16 millones de hectáreas, según un informe del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) citado por el diario paceño La Razón.

"La pequeña y mediana empresa sólo tiene hoy 4,28 millones de hectáreas (6,7 por ciento), mientras que en el pasado copaba 39,24 millones", desde la reforma agraria de 1953 en adelante, precisa el informe.

El viceministro de Tierras, Jorge Barahona, explicó que el cambio en la estructura de la tenencia de la tierra a favor de los sectores antes desprotegidos permitirá disminuir la pobreza en el campo.

Los datos al 2012 revelan que entre los habitantes de tierras altas (occidente) están distribuidas 8,35 millones de hectáreas y 13,85 millones entre quienes viven en zonas bajas (el oriente) en el marco de la modalidad de Tierras Comunitarias de Origen (TCO).

Los campesinos e interculturales (antes conocidos como colonizadores) detentan la propiedad de 13.77 millones de hectareas.

La disminución de la extensión de tierra de la pequeña y mediana propiedad se debe, principalmente, a que no cumplía la Función Económica y Social (FES).

Aquellos predios que no cumplían con esta función fueron revertidos al Estado para su redistribución, explicó Borahona, quien añadió que el saneamiento (constatacion de títulos de propiedad y de FES) permitió detectar las tierras improductivas.

Por eso, las tierras fiscales que entre 1996 y 2005 alcanzaban a 106.886 hectáreas, en las dos gestiones del actual gobierno (2006 y 2012) se incrementaron a 23.161.102 hectáreas.

Entre las tierras fiscales figuran las "tierras disponibles" para asentamientos humanos y las "tierras fiscales no disponibles", que se agrupan en las concesiones forestales, los parques nacionales, las reservas naturales, las zonas de dominio público.

La nueva Constitución aprobada en Bolivia en 2009 establece que hacia el futuro el máximo de extensión de tierras permitido para una propiedad es de 5.000 hectáreas, aunque este criterio, obviamente, no tiene efectos retroactivos.

Además, el Congreso boliviano aprobó en 2006 una ley que, a diferencia de la Reforma Agraria de 1953 que sólo contemplaba la propiedad individual de la tierra, establece y prioriza la propiedad comunitaria para las poblaciones indígenas.

Un informe del INRA del 2009, ya precisaba que esa ley de "reconducción comunitaria de la reforma agraria" había distribuido en sus tres años de vigencia la misma superficie que durante los 40 años de vigencia de la de 1953: alrededor de 17 millones de hectáreas.

Por otra parte Irene Hernaís y Diego Pacheco, en su estudio "La Ley INRA en el espejo de la historia: Dos siglos de reformas agrarias en Bolivia (2000)", señalan que "entre 1971 y 1978, cerca de 12 millones de hectáreas de las mejores tierras del oriente fueron entregadas gratuitamente a aquellos que las solicitaban en grandes propiedades. Un nuevo régimen de propiedad latifundista se había creado".

Los investigadores explican que "la concentración de la propiedad de la tierra en pocas manos se convirtió así en un negocio muy rentable que acompañó el auge y el crecimiento económico del departamento de Santa Cruz durante las últimas décadas".

"En muchísimos caos, la propia Ley de Reforma Agraria (de aquellos años de dictadura) fue utilizada para obtener dotaciones gratuitas de hasta 50.000 hectáreas con el argumento de construir haciendas ganaderas. Muchas de estas tierras nunca se trabajaron, pero si se subdividieron; se cambió el uso para el que habían sido originalmente solicitadas al Estado", señalan Hernaís y Pacheco.