El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, afirmó ayer que está dispuesto a conversar con su colega Nicolás Maduro sobre la crisis causada por la deportación de casi 1.400 colombianos desde Venezuela, aunque bajo ciertas condiciones, mientras el fiscal general solicitó a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue al mandatario venezolano.

En tanto, Maduro se encontró en Pekín con el secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, a quien le pidió "ayuda y asesoría para parar el éxodo humanitario masivo de Colombia hacia Venezuela".

"Le quiero decir al presidente Maduro que estoy dispuesto a reunirme, pero los colombianos necesitan que se les respeten los derechos fundamentales y necesitamos que dé pasos en esa dirección", dijo Santos durante un acto oficial en Santa Fe, en el departamento Antioquia.

El mandatario advirtió que se reunirá con su colega si antes Venezuela cumple tres condiciones, una de las cuales es la apertura de un corredor humanitario "para que más de 2.000 niños que están al otro lado de la frontera puedan asistir al colegio" en territorio colombiano.

La segunda condición es que se permita a los colombianos que en las últimas dos semanas regresaron desde Venezuela, deportados o por su voluntad, recuperar sus pertenencias, uno de los dos acuerdos anunciados tras la reunión que la semana pasada encabezaron las cancilleres colombiana María Ángela Holguín y venezolana Delcy Rodríguez, pero no cumplidos.

Finalmente, Santos exigió que el gobierno venezolano "cumpla los protocolos mínimos y no maltrate a los colombianos que van a ser deportados de Venezuela".

"Si esas condiciones, que son condiciones mínimas humanitarias, se cumplen, yo me siento a arreglar este problema", aseguró.

Mientras tanto, el procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, remitió a la CPI una presentación que incluye un informe con testimonios de deportados que denuncian supuestos maltratos de militares venezolanos y pide que se investigue y se ordene la captura de Maduro.

Ordóñez también solicitó a la CPI que se indague y se procese a la canciller Rodríguez; al presidente de la Asamblea Nacional (parlamento), capitán Diosdado Cabello; al gobernador del estado fronterizo Táchira, capitán José Vielma Mora, y a dos generales de la Guardia Nacional (policía militar) que la prensa colombiana no identificó.