10 de January de 2009

El Gobierno asume el control de Aerolíneas y Austral

Ejecutivos del Grupo Marsans afirmaron que "no nos vamos a avenir a entregar las acciones de Aerolíneas por un dólar, un peso o un euro, ya hemos acudido ante el Ciadi, y procuramos una mediación para solucionar esta cuestión".

BUENOS AIRES

El Gobierno designó al Ministerio de Planificación como organismo expropiante de Aerolíneas Argentinas y Austral y creó una unidad administrativa que "tendrá a su cargo todas las tareas de manejo de la compañía", al tiempo que buscará "apurar todos los plazos" para que el Estado finalmente se quede con el control pleno.  

Así lo establece el decreto 2347 publicado ayer en el Boletín Oficial, que también designó como miembros de la Unidad Administrativa al actual gerente general de Aerolíneas, Julio Alak; al director estatal de la empresa, Juan de Dios Cincunegui; al titular de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (Uniren), Gustavo Simeonoff; y al ex interventor de la aerolínea Héctor García Cuerva.  

Por su parte, altos ejecutivos del Grupo Marsans, accionista mayoritario de Aerolíneas Argentinas a través de Interinvest, afirmaron que la medida "no es una sorpresa, sino la continuidad de las acciones que viene llevando adelante el Gobierno respecto de la confiscación de la dos compañías aéreas".  

"Era esperable por el Grupo (Marsans) ya que hay una ley que habilita la expropiación, pero todavía no hemos sido notificados de nada, salvo que nos enteramos por el Boletín Oficial", indicaron. Al respecto, la fuente empresaria reiteró que "no nos vamos a avenir a entregar las acciones de Aerolíneas por un dólar, un peso o un euro, ya hemos acudido ante el Ciadi, y procuramos una mediación para solucionar esta cuestión".  

Funcionamiento

El secretario de Transporte, Ricardo Jaime, dijo que la medida fue dispuesta por la presidenta Cristina Fernández para "agilizar las tareas vinculadas con el funcionamiento" de la empresa aeronáutica.  

"Se firmó el decreto 2347, en el cual se crea una unidad administrativa en la Secretaría de Transporte para que ejerza todo derecho hasta que finalice el proceso expropiatorio", precisó el secretario, quien añadió que "esta unidad tiene que garantizar la continuidad del servicio aéreo manteniendo la fuente laboral y el resguardo de bienes".  

Puntualizó que "lo que marca el decreto es que el Gobierno ejerce todos los derechos que las acciones expropiadas le confieren".

"Esto trae aparejado una presencia más firme del Estado" en Aerolíneas, destacó el funcionario, quien subrayó que "no se pueden dilatar los tiempos, el usuario tiene que acceder al servicio con todas la garantías necesarias y esta unidad va a asumir eso".

Agregó que "este decreto establece apurar todos los plazos necesarios para que se haga".  

Utilidad pública

El texto instruye al Ministerio que conduce Julio De Vido a "formular un plan general de negocios para las empresas cuyas acciones han sido declaradas de utilidad pública, el que deberá contemplar el reequipamiento y el mejoramiento de los servicios prestados, debiendo garantizarse la naturaleza federal del servicio público de transporte aerocomercial de pasajeros, correo y carga".  

Jaime anticipó que "en las próximas semanas habrá un contacto con (la firma estatal brasileña) Embraer para financiar la compra de más de veinte aviones".  "Tenemos más puntualidad, se recuperaron muchísimos aviones,  pero no es el servicio que queremos. Queremos comprar aviones nuevos, los que están tienen 20 ó 30 años de antigüedad", remarcó Jaime.  

En otro orden, el decreto también instruye a la Procuración del Tesoro "a presentarse en todas las causas penales existentes en las que se investiguen los eventuales delitos que los actuales accionistas mayoritarios, administradores, o aún terceros hubiesen cometido en perjuicio del patrimonio de la sociedad".

También a "denunciar los eventuales hechos ilícitos que llegaren a su conocimiento, así como a iniciar las acciones civiles y comerciales que correspondan a fin de recuperar el patrimonio afectado por la deficiente gestión, dolo o culpa de los administradores".  

Además, autoriza a Planificación a "ceder hasta un máximo de 10 por ciento de las acciones representativas del capital social a los trabajadores de conformidad con el Programa de Participación Participada".

Subir