BUENOS AIRES.- El ex presidente Fernando De la Rúa quedó ayer comprometido junto a ex funcionarios y banqueros en la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en el "megacanje" de la deuda externa, una operación financiera internacional que precedió a la caída del gobierno de la Alianza y que está a punto de ser elevada a juicio oral.

"Es evidente que De la Rúa no puede quedar en la cómoda posición de quien firma despachos de mero trámite anclado en la confianza que le inspiraban sus colaboradores", advirtió el fiscal Federico Delgado al pedir su procesamiento.

Delgado señaló que "si se jugaba el default de la República Argentina el Presidente de la Nación, que intervino por decreto en ese devenir (...) no desconocía ni el qué, ni el cómo, ni el cuándo del 'megacanje'" sino que "al contrario, sabía perfectamente el guión, los actores, los actos y el desenlace de la obra".

El fiscal federal Federico Delgado pidió así ante el juez Marcelo Martínez di Giorgi el procesamiento de De la Rúa, y el de los ex funcionarios del área de Economía: Tomás Liendo (jefe de Gabinete); Jorge Baldrich (secretario de Hacienda); Guillermo Mondino (jefe del Gabinete de Asesores); Ernesto Marcer (procurador del Tesoro); Jacobo Dreizzen (subsecretario de Financiamiento) y Federico Sturzenegger (secretario de Política Económica).

En los pedidos de procesamiento también se incluye a los banqueros Jorge Bledel, Pablo León, Miguel Angel Gutiérrez, Luis Ribaya, Marcelo Castro, Marcelo Podestá, José Rohm, Eduardo Escasany y Antonio Garcés.

Procesos

En la causa, el ex ministro de Economía y su ex secretario de Finanzas, Daniel Marx, ya están procesados y sus casos ya fueron enviados para juicio oral ante el Tribunal Federal Oral (TOF) 1.   Ahora, el fiscal consideró que la etapa de investigación "está agotada" y que sólo restan dictar procesamientos para llegar al juicio oral.

En junio de 2001, el "megacanje" consistió en la recompra de bonos de la deuda pública del Estado a inversores locales, a cambio de un nuevo título a más largo plazo, pero también implicó un aumento en intereses de la deuda a partir de 2005.

El Gobierno de De la Rúa designó a siete entidades crediticias como colocadores de la operación: el Banco de Galicia, el Banco Santander, el Banco Francés, el Credit Suisse First Boston Corporation, HSBC Bank Argentina, JP Morgan Securities y Salomon Smith Barney.

Para Delgado, el "megacanje" fue "un gran negocio para unos pocos que contaban con recursos importantes e información privilegiada, a costa del bienestar de la mayoría que carecía de esos instrumentos" y así se configuró el delito de "negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas", una figura que contempla penas de hasta seis años de cárcel.

"Existió una ilegítima decisión tomada a favor de determinado sector financiero... porque sus representantes tuvieron la posibilidad de ajustar la decisión de la administración a la operación", resumió el pedido de procesamiento.

Conocimiento de la operatoria

En ese marco, dijo la Fiscalía, el ex ministro Domingo Felipe Cavallo y Daniel Marx fueron procesados "como agentes del Estado", mientras que el banquero David Muldford quedó señalado como "receptor de aquel favor" y responsable de convocar "a los restantes banqueros a participar de la operación".

En su dictamen, la Fiscalía señaló que "tanto el diseño como la implementación del 'megacanje' transcurrió a través de la cartera de Economía", pero subrayó que el ex ministro Cavallo siempre "aclaró en la indagatoria que siempre mantuvo al tanto al ex presidente Fernando De la Rúa".

Delgado planteó que "si bien este dato en sí mismo quizás carece de autonomía para justificar un procesamiento", la operación en sí "fue demasiado singular" para esquivar el papel del ex jefe de Estado.

En ese sentido, subrayó "los montos canjeados, la evolución de los niveles de reservas al momento del canje, la 'percepción' de los acreedores sobre el riesgo argentino y la 'confesión' del mes de noviembre de 2001 cuando se canjearon nuevamente los títulos emitidos en junio".

La Fiscalía sumó además "un elemento decisivo que aún no fue tenido en cuenta en toda su dimensión y que actualmente recuperó cierta visibilidad en virtud de la pericia contable que recientemente se realizó".

Se trata, se explicó, de "un acto administrativo que en sí mismo condensa una serie de elementos que comprometen en términos de tipicidad criminal a Fernando de la Rúa, ya que el 'megacanje' se implementó por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional en acuerdo de ministros y no, como en general se hacía, a través de una simple resolución de las reparticiones de economía".

Tras repasar canjes de bonos hechos por Hacienda en 97, 98 y 2000, el dictamen remarca que el 16 de mayo de 2001 "el propio De la Rúa en el tercer canje de su gobierno se avoca personalmente a la operación" a través de un decreto en donde hizo "cosas que nunca hizo antes" como "autorizar a Economía a suscribir los contratos", designar "los bancos que intervendrían o "fijar comisiones más onerosas".

"Jamás De la Rúa se había preocupado en intervenir personalmente en una operación de este tipo que, lo enseñan los hechos, estaba destinada a fracasar en términos técnicos pero a favorecer a un grupo de acreedores, a la postre, los banqueros a quien De la Rúa designó, junto a Cavallo, Marx y Muldford", señaló.