BUENOS AIRES.- Una jueza porteña ordenó cambiar los nombres de las calles y lugares públicos de la Ciudad que evoquen la figura de dictadores o de funcionarios de gobiernos de facto, en un plazo máximo que no puede exceder el próximo período legislativo.

El fallo generó malestar en el gobierno porteño, debido a que fue emitido por la magistrada del Contencioso Administrativo Elena Liberatori, que mantiene un enfrentamiento abierto con la administración que encabeza el jefe de gobierno, Mauricio Macri.

El ministro de Seguridad de la Ciudad, Guillermo Montenegro, afirmó que la sentencia implica "perder el tiempo en cosas que no tienen sentido y no escuchar el reclamo de la gente", y recordó que la misma Liberatori fue la jueza que impidió la construcción de una comisaría de la Policía Metropolitana.

Polémica política aparte, la decisión de la magistrada dispone que se cambie el nombre de la calle de los bosques de Palermo Intendente Guerrico, que recuerda al jefe comunal nombrado en 1930 por el entonces presidente de facto -asumido tras el primer golpe militar de la democracia moderna argentina- José Félix Uriburu.

De todos modos, la resolución se amplió al resto de los nombres que persisten en calles y lugares de la Ciudad, entre los que están la plazoleta de Colegiales "Ernesto Padilla", intendente designado en 1943 en el gobierno de facto de Pedro Ramírez, y una serie de militares fallecidos durante el golpe de Estado contra Ramón S. Castillo.

En este último caso se hallan las calles de Liniers Capitán Claudio Rosales, Mecánico Militar Leopoldo Atenzo, Cadete Carlos Larguía y Soldado Miguel Santi; mientras que también quedaría incluída la escuela de Flores, Octavio Pico, que nombra a un ministro del régimen que inauguró el fraude patriótico.

La Legislatura ya había cambiado las plazas que mencionaban a Eduardo Lonardi (Gianantonio) y Eugenio Aramburu (Del Angel Gris), los tenientes generales del Ejército que derrocaron a Juan Domingo Perón en 1955.

El fallo de Liberatori, que es apelable, exhorta a producir los cambios "antes de la finalización del próximo período legislativo", debido a que en la demanda presentada por el vecino Hansel Stegmann se reclamaba que sea el gobierno de la Ciudad el que efectuara el cambio.

La jueza, que recordó que es potestad del Parlamento tomar esas medidas, invocó una ley local que establece que "en ningún caso deberán designarse calles o lugares públicos con nombres de autoridades nacionales, provinciales o municipales que hayan ejercido su función por actos de fuerza contra el orden constitucional y el sistema democrático".

"La subsistencia de nomenclatura urbana alusiva a ex funcionarios de gobiernos de facto resulta claramente contraria al derecho vigente, y que, por ende, las ordenanzas que dispusieron tales nombres a los espacios públicos resultan inconstitucionales", sostuvo la jueza, en un fallo de unas 30 páginas.

El fallo provocó una queja airada del ministro Montenegro, quien salió al cruce de la jueza Liberatori e interpretó que la medida "es perder el tiempo en cosas que no tienen sentido y no escuchar el reclamo de la gente".

Montenegro apuntó contra "un sector de la política que trata de complicarle la existencia a (Mauricio) Macri, cuando en realidad se la están complicando a los vecinos".

El funcionario sostuvo que ante cada medida que el gobierno de Macri toma para reforzar la seguridad, "aparecen amparos para trabar las cosas", y mencionó los frenos a la construcción de una comisaría para la Policía Metropolitana.

"Hay cinco tipos que plantean cosas insólitas y hay una jueza (por Liberatori) que los avala. Sobre el predio que está en Chacarita (para instalar una comisaría) dimos seis opciones y no hubo respuesta", consignó Montenegro, en contraposición con la resolución de hoy con el nombre de las calles.