BUENOS AIRES.- El Gobierno enviará al Congreso Nacional un proyecto de ley para "suprimir el delito de calumnias e injurias en materia de libertad de expresión", anunció ayer la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y añadió que, en la actualidad, la Argentina es un país donde "la libertad de expresión y de prensa es tal vez más absoluta que nunca".

"Aún a costa, muchas veces, de soportar cuestiones que tienen que ver con mentiras o cuestiones que no son ciertas. Yo prefiero mil millones de mentiras antes que ser la responsable de haber cerrado la boca de alguien", subrayó la presidenta.

Fernández de Kirchner hizo el anuncio por cadena nacional de radio y televisión durante un acto en homenaje de la visita histórica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la Argentina durante la última dictadura militar, que se realizó en el predio de la ex ESMA.

En cuanto a la supresión del delito de calumnias e injurias y más allá de la iniciativa del Ejecutivo, en este momento hay en el Congreso 7 proyectos de ley al respecto, tres de ellos presentados por legisladores del oficialista Frente para la Victoria, dos de la diputada Diana Conti y uno de la senadora salteña Sonia Escudero y cuatro por la oposición.

En simultáneo, el jefe del bloque la UCR, Oscar Aguad, ratificó ayer en el Congreso el compromiso opositor para, después del 10 de diciembre, no sólo para revisar la ley de medios que intenta sancionar el Gobierno y promover, además, el tratamiento de la ley de Acceso a la Información, una norma para regular la publicidad oficial, sino también para modificar la penalización por calumnias e injurias.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) falló en mayo de 2008 a favor del periodista argentino, Eduardo Kimel en la apelación que presentó éste contra el Estado, a raíz de que en 1995 fue condenado por la Justicia a un año de prisión en suspenso y al pago de una indemnización de 20 mil pesos, porque se lo encontró culpable de los cargos de "calumnias e injurias" contra un juez, al que mencionó en su libro "La masacre de San Patricio".

En el acto de ayer, Fernández de Kirchner remarcó que con este proyecto de ley que propicia el Ejecutivo se pretende garantizar aún más "la libertad de expresión" y enfatizó: "Dudo que haya habido otra etapa en la vida institucional del país, donde se haya podido hablar con la mayor libertad que en la etapa que me ha tocado gobernar a mí".

"Desafío a cualquier archivo, a cualquier memoria, a cualquier prueba, que no ha habido mayor libertad para hablar de las autoridades del país que en el gobierno de la primera presidenta mujer de la República Argentina", agregó.

La presidenta prometió defender "la libertad para poder decir lo que uno quiera y piensa, aun cuando sea mentira, pero tener el derecho a decirlo y que nadie pueda ser cercenado no sólo en la libertad de palabra sino en la libertad personal y física por expresar lo que siente".

Proyecto

El gobierno elevó al Congreso Nacional un proyecto de ley que promueve la modificación del Código Penal para eliminar los delitos de calumnias e injurias.

La iniciativa impulsa sustituir varios artículos del Código Penal por nuevos textos y en todos los casos aclara expresamente que "en ningún caso" se incluye a casos referidos a "asuntos de interés público".

Se propone que artículo 109 del Código quede redactado de la siguiente manera: "la calumnia o falsa imputación a una persona física determinada de la comisión de un delito concreto y circunstanciado que de lugar a la acción publica será reprimida con una multa de 3.000 pesos a 30.000 pesos".

Para el artículo 110 la Casa Rosada propicia "el que intencionalmente deshonrare o desacreditare a una persona física determinada será reprimido con multa de 1.500 pesos a 20.000 pesos".

En este caso, la iniciativa que se impulsa aclara que "no configurarán delito de injurias los calificativos lesivos del honor cuando guardasen relación con un asunto de interés público".

Para el artículo 111 del Código Penal se propone sea sustituido por un texto que manifieste que "el acusado de injuria, en los casos en los que las expresiones de ningún modo estén vinculadas con asuntos de interés público, no podrá probar la verdad de la imputación salvo en los siguientes casos:

"Si el hecho atribuido a la persona ofendida hubiere dado lugar a un proceso penal" y "si el querellante pidiera la prueba de la imputación dirigida contra él".

Aclara la iniciativa que "en estos casos si se probare la verdad de las imputaciones, el acusado quedará exento de pena".

El proyecto elevado al Congreso determina también la derogación del artículo 112 del Código Penal.

También propicia cambiar el artículo 113 de ese Código por otro que diga que "el que publicare o reprodujere, por cualquier medio, injurias o calumnias dirigidas por otro, será reprimido como autor de las injurias o calumnias de que se trate, siempre que su contenido no fuera atribuido en forma sustancialmente fiel a la fuente pertinente".

Finalmente, el proyecto oficial impulsa reemplazar el artículo 117 del Código por el que exprese que "el acusado de injuria o calumnia quedará exento de pena si se retractare públicamente, antes de contestar la querella o en el acto de hacerlo".

Aclara específicamente que "la retractación no importará para el acusado la aceptación de su culpabilidad"