BUENOS AIRES ? El proyecto que busca eliminar del Código Penal la figura de calumnias e injurias de la prensa impulsado por el Poder Ejecutivo fue aprobado ayer por la Cámara de Diputados y girado al Senado.

La iniciativa, aprobada por 154 votos contra 12, forma parte de un conjunto de proyectos anunciados por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner semanas atrás, en el marco un homenaje a los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al cumplirse el 30º aniversario de su histórica visita al país en plena dictadura.

En tanto, la cámara baja postergó el debate de otro proyecto que establece regulaciones para la realización de los estudios de ADN y la creación del Banco de Datos Genéticos, que nteaayer recibió dictamen de la comisión de Presupuesto de la cámara baja.

La eliminación de la figura de "calumnias e injurias" como delito penal, se encuentra en sintonía con el fallo de mayo pasado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que había advertido a la Argentina que estos delitos, tal como están redactados, atentan contra la libertad de expresión.

En su fallo, la Corte analizó el caso del periodista Eduardo Kimel, quien fue condenado a un año de prisión y a pagar una multa de veinte mil pesos por el delito de calumnia, luego de que la Justicia lo acusara a raíz de una investigación en la que criticaba la actuación de un juez.

Actualmente, el Código Penal prevé penas de hasta tres años de prisión y multas que pueden llegar a los 90 mil pesos para los delitos de calumnias e injurias, aplicados particularmente contra periodistas que publican informaciones que los afectados consideran falsas o difamantes.

Con esta modificación propuesta, se establecen multas de 3 mil a 30 mil pesos para la calumnia o falsa imputación, en tanto que para aquel que deshonre o desacredite a una persona se fijan sanciones de entre 1.500 y 20 mil pesos.

Al defender el proyecto, la titular de la comisión de Legislación Penal, la kirchnerista Nora César, aclaró que la norma fija sólo multas, al eliminar la configuración de ambos delitos como figuras penales.

"La libertad de prensa es un pilar intocable para este gobierno, de la que todos los periodistas gozan, como tal vez no haya ocurrido en otras administraciones", afirmó César, quien sostuvo que la norma busca "una mayor protección de la labor de los trabajadores".

En esa línea, la diputada del Frente para la Victoria, Diana Conti, destacó que "no va a haber más delito respecto del periodista o medio que haga una crítica calumniosa o injuriosa si no actúa con real malicia" y consideró que la norma es "un orgullo y un salto cualitativo".

Desde el radicalismo, la diputada Silvana Giúdice anticipó que acompañará en general la iniciativa pero pidió "ir más allá en la definición de la libertad de expresión" y reclamó cambios en la redacción del proyecto.

También, en el marco de la sesión, los diputados aprobaron por 175 votos contra 1 y giraron al Senado, otro proyecto a través del cual se permite la participación como querellantes de las organizaciones sociales en procesos por violación de derechos humanos.

Se trata de un pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, luego de que en junio pasado la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal impidió a los Organismos de Derechos Humanos ser querellantes en la causa ESMA.

También, en este caso, la titular de la comisión de Legislación Penal defendió la norma, al sostener que es "una reivindicación permanente" de las organizaciones y constituye "una herramienta de excelencia para todos los organismos que a esta altura no pueden presentarse como querellantes".

En tanto, el titular de la comisión de Derechos Humanos, Remo Carloto, consideró que se trata de "una demanda histórica de organismos que han solicitado posibilidad de presentarse como querellantes y viene a dar respuesta a la necesidad de que Argentina adecue su legislación a los tratados internacionales".

La norma fue respaldada por el diputado de Solidaridad e Igualdad (SI), Emilio García Méndez, que anticipó su "entusiasta" apoyo a la norma que, dijo, "ya ha sido acogida por muchos tribunales", al sostener que "significa avanzar en una política de Estado para el combate de delitos de lesa humanidad".

Desde el radicalismo, Pedro Azcoiti, cuya bancada presentó un dictamen de minoría, consideró que "es un error limitar la participación como querellantes sólo a los organismos de derechos humanos", al sostener que la norma "debe ser más amplia".

A su turno, la diputada de Encuentro Popular y Social, Victoria Donda, anticipó su apoyo al proyecto, al sostener que de no aprobarlo "estaríamos violando el derecho de poder acceder de una vez por todas a la justicia, por más de tres décadas esperado".

Donda pidió además la sanción en la próxima sesión de la norma que propone regular los procedimientos de ADN y advirtió que "aquellos que se opongan a esta ley no hacen más que sostener esa red delictiva que todavía sigue viva y significa perpetuar un delito".