BUENOS AIRES.- Una protesta de manifestantes que dijeron ser familiares de ex empleados de una empresa gráfica porteña bloqueó ayer durante doce horas la salida de los diarios Clarín y Olé y demoró la expedición del matutino La Nación, lo que generó el repudio generalizado de dirigentes nacionales y de organizaciones de prensa.

Directivos de los diarios, de la Asociación de Entidades Periodísticas de Argentina (ADEPA), la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y legisladores nacionales cuestionaron el piquete instalado desde minutos antes de la medianoche frente a las plantas impresoras del barrio porteño de Barracas.

El incidente fue considerado "grave" y generó críticas hacia el gobierno nacional por la falta de prevención en seguridad dado que el bloqueo a los medios de comunicación social había sido prohibido en dos fallos judiciales recientes.

Clarín presentó denuncias penales al señalar que el bloqueo generó "un daño muy grande, irreparable" que dejó unos 600 mil ejemplares inmovilizados, mientras la UCR reclamó el juicio político de la ministra de Seguridad, Nilda Garré, al acusarla por no implementar medidas de prevención para evitar que la protesta impida la salida de los diarios.

Los periódicos informaron que la protesta comenzó poco antes de la medianoche por parte de personas acompañadas por niños y bebés que instalaron carpas sobre la calle Zepita, donde pasaron la noche y continuaban ayer por la mañana.

Los manifestantes desplegaron un pasacalle de nylon que los identificaba como Federación Gráfica Bonaerense y dijeron ser familiares de empleados de Artes Gráficas Rioplatenses (AGR) del Grupo Clarín, aunque algunos medios señalaron que había dirigentes camioneros detrás de la protesta.

Sin embargo, el jefe de la CGT, Hugo Moyano, descartó su responsabilidad en el bloqueo al considerar que la vinculación era "un absurdo total" aunque precisó que los manifestantes apostados en Barracas eran "trabajadores que despidieron esos medios y que están con sus familias allí porque no tienen ni para comer".

Ayer, una hora después de que los manifestantes levantaran el piquete el Ministerio de Trabajo de la Nación informó que había convocado "a las partes del conflicto suscitado con los diarios a una reunión para mañana" para buscar la conciliación".

"La cartera laboral designará un inspector para relevar y constatar incumplimientos denunciados", indicó un comunicado del Ministerio aunque directivos de la empresa se mostraron sorprendidos por la convocatoria porque aseguraron que "el conflicto estaba solucionado y fueron reincorporados" en marzo los trabajadores que anteriormente hicieron reclamos.

Las empresas periodísticas señalaron que durante la madrugada un grupo de activistas prendió fuego un contenedor de basura en cercanías del piquete y que incluso amenazó a un escribano y personal de la empresa La Nación que intentó dejar asentado el bloqueo.

El presidente de ADEPA, Daniel Dessein, sostuvo que "el gobierno debe reaccionar" ante esta situación que consideró "tan grave para la vida democrática del país".

Dessein advirtió por el canal de noticias TN que se trata de "un hecho gravísimo que está socavando un pilar central de la democracia como es la libertad de prensa que es estratégica y toca los intereses de todos los argentinos".

"Acá hay un gobierno que no está actuando pese a que no se trata de un perjuicio individual de una compañía, sino del derecho a informar sobre el que se asienta la posibilidad de actuar activamente en el proceso democrático", acotó.

Por su parte, Martín Etchevers, directivo de Clarín, recordó que había dos fallos judiciales que protegían las plantas de este tipo de "cercenamiento de circulación de medios impresos y ordena al Ministerio de Seguridad de Nilda Garré a tomar las medidas necesarias para evitar que se concreten".

"Lo que está sucediendo es el incumplimiento de la medida judicial", indicó el gerente de la empresa y adelantó que por eso mañana se presentará una nueva denuncia por desobedecer a la justicia.

Etchevers señaló que "la Policía no intervino en ningún momento, tampoco cuando los manifestantes interceptaban autos por la calle y le preguntaban si llegaban o no diarios".

Explicó que se presentaron "tres denuncias, dos de ellas penales y una contravencional" por obstaculizar la circulación de periódicos, interrupción de comunicaciones y por ocupación de espacio público y prohibición de ingreso y egreso de camiones.

"Es una situación muy grave. Nunca había sucedido que un bloqueo durara tanto tiempo y dificultara de manera terminal la distribución de un diario como ocurrió este domingo", añadió.

El director de Libertad de Prensa de la SIP, Ricardo Trotti, sostuvo que se trataba de "una flagrante violación a la libertad de prensa" y observó que el bloqueo a diarios se convirtió en "un problema periódico y sistemático en la Argentina de estos últimos años".

"Hay una inacción total de parte de la fuerza pública, lo que es mucho más preocupante", remarcó.

Legisladores nacionales como Ernesto Sanz, Francisco De Narváez, Silvana Giúdici y Miguel Giubergia, entre otros, repudiaron ayer los bloqueos, pidieron la intervención del Gobierno en prevención de seguridad y el radicalismo acordó impulsar el juicio político de Nilda Garré por su inacción para evitar la protesta.

Efectivos de la comisaría 30 vigilaron con un patrullero durante la noche el piquete, mientras ayer por la mañana otro grupo de efectivos federales se presentó en el lugar pero sin tomar contacto con los manifestantes.