BUENOS AIRES.- La causa, que quedó radicada ante el juzgado federal a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, se basa sobre la conferencia deprensa que ofreció la semana pasada el vicepresidente, a propósito de un allanamiento a un departamento de su propiedad en Puerto Madero, en el marco de la investigación sobre la ex Ciccone Calcográfica.

"Nunca antes -por lo menos, no se conoce- Amado Boudou había señalado la existencia de ilícitos por él ahora atribuido a las personas recién nombradas. Tampoco dijo que como vicepresidente de la Nación y en protección de nuestro régimen republicano y democrático, él hubiera puesto en marcha antes de este muyreciente jueves los mecanismos procesales y legales pertinentes", sostiene la denuncia.

Monner Sans recordó que "todo funcionario público que conoce de la existencia de un delito en el ejercicio de sus funciones, queda obligado a denunciar a aquellos que son perseguibles de oficio".

"No hacerlo, supone el delito conocido como omisión de denuncia (prisión de  un año a seis años)", añade elescrito. 

El abogado pidió que "se indague al vicepresidente" yadvirtió que en caso de negativa a concurrir a tribunales, "obligaría al Juzgado a pedir su desafuero".

El último jueves, Boudou advirtió que el juez Daniel Rafecas, a cargo de la investigación en su contra, "maneja una agencia de noticias".

Además, denunció a Gabbi porque, aseveró, le pidió dinero para solucionar un problema que lo enfrentaba a Antonio Tabanelli, de la empresa Boldt.

Boudou también puso un manto de sospecha sobre "el estudio García, Labat, Musso y Righi" -que integró Esteban Righi hasta ser nombrado procurador pero en el que trabaja su hijo y su esposa-, al acusarlo de presentarse como una suerte de nexo entre él, cuando era titular de la ANSES, y el Poder Judicial.

dyn