El abogado Eduardo Barcesat denunció ayer a ocho senadores nacionales que suscribieron un "compromiso público" para no cubrir la vacante generada en la Corte Suprema de Justicia de la Nación hasta después de las elecciones presidenciales del 2015 por el supuesto delito de "sedición", ya que "el acuerdo de los legisladores opositores viola el artículo 230 inciso 2 del Código Penal".

La denuncia quedó a cargo, por sorteo, de la juez federal porteña María Servini de Cubría, quien dará vista a la fiscalía para que determine si corresponde o no impulsar la investigación, informaron fuentes judiciales.

Los senadores denunciados por Barcesat son Juan Carlos Romero, Gerardo Morales, Carlos Reutemann, Fernando 'Pino' Solanas, Diego Santilli, Gabriela Michetti, Ernesto Sanz y Luis Juez y a cualquier otro senador que pueda resultar implicado en la pesquisa.

El abogado citó el artículo 230 inciso 2 de Código Penal que prevé hasta cuatro años de prisión para quienes se alcen "públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales o provinciales".

En ese sentido, el defensor general adjunto en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad, Luis Duacastella Arbizu, aseguró que "los senadores están teniendo una actitud anti republicana al sostener que no debe cubrirse ese lugar en la Corte porque vivimos en sistema constitucionalista que establece que la Corte debe estar compuesta por cinco miembros".

A su vez, explicó que "estamos ante una Corte Suprema que quedará con cuatro integrantes cuando se haga efectiva la renuncia de Zaffaroni y si se propone un candidato con el que no estén de acuerdo, como integrantes de la oposición están en su derecho de votar en contra pero no pueden obstaculizar de esta manera el funcionamiento de la República".

Por otra parte, Mario Jaime Kestelboim, defensor General de la Ciudad de Buenos Aires, señaló en diálogo con Télam, que el acuerdo firmado por los senadores "obstaculiza el funcionamiento de las instituciones porque si el Poder Ejecutivo tiene la posibilidad de nombrar a un quinto integrante de la Corte, ¿por qué no lo va a hacer?"

"Si hay una vacante, hay que cubrirla y además es importante que el número de integrantes de la Corte sea impar", destacó Kestelboim.

El documento firmado por los senadores de la oposición, que sólo tiene un párrafo, fue firmado por todos los senadores de los bloques de la UCR, Frente Cívico de Catamarca, Peronismo Federal, Movimiento Popular Fueguino, Movimiento Popular Neuquino, Alianza Santa Fe Federal y Trabajo y Dignidad y el interbloque FAP-Unen-Coalición Cívica ARI.

Barcesat hizo hoy esta presentación de cinco carillas, a la que Télam tuvo acceso, en la que sostiene que "ha tomado estado público la iniciativa, ya concretada, de senadores nacionales, para operar una connivencia delictiva a fin de impedir que el Poder Ejecutivo Nacional cumplimente la manda constitucional" de proponer al candidato a ocupar la vacante que dejará Eugenio Raúl Zaffaroni en la Corte Suprema de Justicia.

"No amerita mayor detenimiento el texto claro, sin ambigüedades del precepto constitucional que establece la incumbencia constitucional de proponer a los integrantes del Poder Judicial de la Nación cuyo nombramiento opera con acuerdo del Senado que requiere la aprobación del candidato con el voto de los dos tercios de los miembros presentes", sostiene.

El abogado entiende que se está frente a un "alzamiento público para impedir la ejecución de leyes nacionales" y sostiene que "no hay ningún espacio en la dogmática jurídica que pueda dar sustento al obrar descripto", ya que "las vacancias son para ser cubiertas no para convertirse en escenario de impedimento de la integración de otro de los poderes que conforman el gobierno federal".

"Nadie que, en papel milimetrado, se hubiese propuesto diseñar un acto afectatorio de la institucionalidad podría haber superado el oprobio de este obrar", enfatiza al tiempo que añade que "peor aún, intenta oscurecer el carácter delictivo del obrar con la falsa invocación de proteger la independencia del Poder Judicial de la Nación".

Barcesat reclama que citen a "prestar declaración indagatoria a los encartados" y que "decrete sus procesamientos y embargo suficiente sobre sus bienes".