por Patricia Blanco Fernández (*)

BUENOS AIRES.- La disputa entre el juez federal Claudio Bonadio y la Procuración General de la Nación sumó esta semana un nuevo capítulo pero por una causa sensiblemente menor a la que salpica las páginas políticas de los diarios.

Esta vez, la polémica gira en torno al sobreseimiento o el llamado a indagatoria de una mujer que vendía películas en el subte B y sobre la facultad del Ministerio Público para promover la "no acusación".

Y se da en medio del debate sobre la puesta en marcha del nuevo Código de Procedimiento Penal, donde los fiscales pasarán a tener un rol clave en el impulso de las investigaciones penales mientras que el juez será solo una figura para garantizar la legalidad del proceso.

El caso se inició en agosto de 2013 cuando personal de la Policía Metropolitana, perteneciente a la comisaría 12, llevó adelante un procedimiento en el pasillo de la estación Carlos Gardel de la Línea B de Subtes de Buenos Aires.

Allí se detectó a una mujer que ofrecía a la venta películas en formato CD y DVD, aparentemente ilegales, y por lo tanto se procedió al secuestro de 438 cd´s y dvd´s.

La fiscalía había solicitado el sobreseimiento de la mujer acusada de haber cometido infracciones a las leyes de propiedad intelectual y de marcas.

Según su criterio, el procedimiento del personal policial "fue irregular y defectuoso", el secuestro de las películas se hizo "sin el más mínimo detalle de sus características materiales ni de sus títulos y sin haberse tomado fotografía de dicho material, como para cotejarlo posteriormente con las extraídas en el gabinete pericial".

Pero el juez del caso, Claudio Bonadío, rechazó el pedido y la citó nuevamente a indagatoria por lo que ahora el fiscal Leonel Gómez Barbella presentó un recurso de queja contra la decisión de Bonadío.

"El juez no sólo rechazó la apelación sino que citó a la imputada para tomarle declaración indagatoria", señaló la página de noticias de la Procuración.

Allí se detalla que Gómez Barbella fundó su presentación, entre otras cosas, en que el juez Bonadío no trató el pedido de sobreseimiento de la imputada, "ni explicó los motivos de su improcedencia".

Pero además el fiscal destacó que llamar a indagatoria sin el acuerdo del MPF "vulnera la autonomía funcional".

Gómez Barbella se refirió a la figura del fiscal en el actual sistema procesal penal y destacó que se estructura como "instrumento necesario para la oficialización de la acción penal, en tanto garantiza que la función acusadora no se identifique con la juzgadora, lo cual es condición esencial para la plena vigencia del principio de imparcialidad".

Desde 2014, el juez Bonadio -por ahora aún frente a la causa Hotesur que salpica a la familia presidencial- mantiene un enfrentamiento con la Procuración por una causa contra el fiscalCarlos Gonella, jefe de la repartición que investiga los delitos de lavado de dinero PROCELAC.

El juez llamó a indagatoria a Gonella, lo declaró en rebeldía porque no se presentó y hasta pidió que se le prohiba la salida del país, en el marco de una causa supuesto abuso de autoridad y violación de secretos en donde el imputado negó las acusaciones en su contra.

Esa investigación también tiene un trasfondo político: Gonella está acusado de haber difundido datos de una investigación sobre lavado de dinero sobre el círculo íntimo de un empresario condenado por narcotráfico y, entre esos allegados, estaba la pareja del empresario en cuestión: la jueza María Gabriela Lanz, la misma que había habilitado las diligencias del fiscal José María Campagnoli contra el empresario Lázaro Báez.

(*): DyN.