por Laura Hojman (*)

Ministros de Educación del país, juntó a rectores de universidades, sindicatos docentes y federaciones de estudiantes se comprometieron por estos días a desprender del sistema de las históricas "anteojeras" que impiden reconocer y sancionar hechos violentos hacia mujeres en escuelas y facultades, y a concientizar y educar en la problemática y los derechos.

Aunque se conocen más los casos aislados de mujeres y niñas víctimas de acoso, abuso y otras violencias que en tristes casos llegan a la muerte y muy ligadas a veces al ámbito personal, se dejan de lado e ignoran cuestiones que hacen al colectivo femenino en las escuelas y universidades, donde aún imperan actitudes de desigualdad por razones de género y trato machista.

A pesar de que los textos escolares superaron en los últimos dos decenios el consabido rol de la mamá que cocina, lava, plancha y espera al marido, y el padre que trabaja y tiene vida hacia afuera de la casa, mientras las universidades proclaman la libertad de cátedra, pensamiento y autonomía, el germen de la desigualdad, destrato, abuso, presión y violencia hacia la condición femenina no terminó, por el contrario.

Guadalupe Carnelli, estudiante de Antropología de la UBA y dirigente de la Fuba, que presentó un proyecto en el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) para crear un Protocolo contra la Violencia de Género.

Dijo a DyN que "las universidades comenzaron a trabajar la temática de violencia de género porque no quedaron afuera de la problemática, que creció en los últimos 10 años con casos de abuso, violaciones y discriminaciones a alumnas y lógica machista y de poder de profesores a profesoras" y sostuvo que "esa relación de poder se refleja también entre profesores y alumnas, y muchas de estas no pueden reconocer situaciones de abuso o de violencia porque se están naturalizando".

Muchas alumnas desconocen sus derechos y por ello la tarea educativa y es preventiva ara ampararlas y para que puedan presentar sus denuncias.

El Consejo Federal de Educación (CFE), que reúne a los 25 ministros del área del país y encabeza Alberto Sileoni, entre los primeros pasos, se comprometió a cumplir en las escuelas el artículo 11 de la ley 26.485 de Protección de los Derechos de la Mujer, que prevé la "escolarización inmediata de niños y adolescentes afectados por cambio de domicilio derivado de una situación de violencia, hasta se excluya al agresor del hogar".

También acordaron en el marco de la norma incluir contenidos mínimos curriculares de la perspectiva de género, el ejercicio de la tolerancia, el respeto y la libertad en las relaciones interpersonales, igualdad entre los sexos, la democratización de las relaciones familiares, vigencia de los derechos humanos y la deslegitimar modelos violentos de resolución de conflictos.

Y determinaron la responsabilidad del CFE para impulsar la "incorporación de la temática de la violencia contra las mujeres en las currículas terciarias y universitarias".

En la provincia de Buenos Aires, se anunció el programa "Maltrato Cero", que se aplicará en todas las escuelas secundarias a través de materiales de difusión y de capacitación con propuestas pedagógicas para educar a jóvenes en prevención y lucha contra la violencia de género, el ejercicio de los derechos humanos y de las mujeres, la construcción de valores basados en la igualdad, el respeto y la convivencia responsable.

El lamentable esquema de diferenciaciones entre mujeres y hombres en cargos laborales, en sueldos, en jefaturas de cátedra, concursos, conducción de facultades y universidades en la sociedad argentina tiene también réplicas fuera del país.

En el marco de las estadísticas de UNESCO respecto a las metas de Educación para Todos, que no se cumplen desde 1999, muchas niñas y adolescentes en esta era de revoluciones tecnologicas y avances científicos son excluidas de la educación primaria en algunas naciones, sólo por su género, para destinarlas a tareas domésticas, cuidado de hermanos o trabajo familiar.

(*): DyN.