La asamblea de usuarios y organizaciones sociales, gremiales, sociedades de fomento, políticas, llevada a cabo en el Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata convocada como consecuencia de los incrementos tarifarios registrados y aprobados, han decidido en forma conjunta y mancomunada tomar intervención en repudio de la medida.

Las entidades evaluaron entablar una denuncia cuestionando "la validez, oportunidad y conveniencia de los incrementos registrados en dicho cuadro tarifario" emitido por la autoridad de aplicación del Marco Regulatorio Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires, respecto a la determinación de las tarifas remunerativas del servicio de distribución de energía eléctrica.

En primer lugar se cuestiona la razonabilidad de las tarifas, tanto en el ámbito provincial como nacional, remarcando que "las tarifas por los servicios suministrados por distribuidores deben ser ofrecidos a precios justos y razonables y asegurar el mínimo costo razonable para los usuarios compatible con la seguridad del abastecimiento."

También se alega que si bien las tarifas deben posibilitar una razonable tasa de rentabilidad, dicha tasa debe guardar relación con el grado de eficiencia y eficacia operativa de la empresa. "Situación que no se cumple en la actualidad toda vez que en general los servicios son prestados en condiciones deficientes, inseguras y no garantizan la calidad mínima exigida por los contratos de concesión", expresa.

Valores medidos

La principal motivación de la denuncia halla su fundamento en los principios establecidos por el marco regulatorio eléctrico que expresamente consagran, dentro de los derechos de los usuarios, "que se les facturen sus consumos de energía eléctrica en base a valores realmente medidos, a intervalos de tiempo regulares y a precios no superiores a los que surgen de aplicar a dichos consumos, las tarifas contenidas en los cuadros aprobados por la autoridad de aplicación; es decir, la facturación de los consumos no puede ser aplicada a consumos ya efectuados sino a la tarifa vigente al momento de efectuarlos (principio de seguridad jurídica)".

La asamblea denuncia "la oportunidad, conveniencia y legalidad de la medida provincial toda vez que el nuevo cuadro tarifario que aprueba la resolución 741 contiene aumentos que se originan en el traspaso a tarifa de los mayores costos de los precios de la energía en el mercado mayorista, los que se aplican a consumos superiores a 1.000 kw/bim., pero también incluye cargos por transporte de Transba y Transener que fueran autorizados por las resoluciones ENRE 327 y 328/08, alcanzando éstos a todas las categorías tarifarias, aunque en menor escala".

Si bien desde el ámbito oficial, los aumentos fueron justificados como consecuencia de la quita de subsidios a los mayores costos de combustibles que utiliza la generación que hasta ahora solventaba el Gobierno nacional, alegando la necesidad de recomponer la cadena de productos y servicios prestados en el mercado eléctrico mayorista exigiendo que cada demanda abone los costos reales incurridos para abastecerla, "para los usuarios, nada de ello justifica la medida".

Legalidad y validez

Asimismo, se le cuestiona a este incremento "la legalidad y validez de su disposición ya que no fue producto de una revisión tarifaria como exigen las normas vigentes. Tampoco se dio la posibilidad de efectuar audiencias públicas que morigeren el impacto que ha generado en los bolsillos de los consumidores cautivos".

"En conclusión --afirman las organizaciones-- la denuncia tiene por fin reclamar una mayor equidad en la distribución de responsabilidades derivadas del fracaso del sistema y, sobre la base del imperativo de orden legal vigente, se sancionen los actos administrativos que reviertan definitivamente la situación de fondo, preservando en primer término los derechos de los consumidores y los de los trabajadores del sector eléctrico, sancionar las infracciones o incumplimientos cometidos por las empresas en la prestación del servicio público de electricidad, con una dureza tal que ya no permita mas arrebatos a quienes contribuyen con su pago a mantener el sistema eléctrico, esto es, los usuarios finales".

En consecuencia, se solicita formalmente "se dejen sin efectos los incrementos arbitrarios, ilegales inoportunos, desmedidos aplicados a través de mecanismos de pase a tarifa de mayores costos, ya sea de generación, transporte o distribución y que el Estado a través de sus organismos competentes ejerza el poder de policía en el marco de las facultades que la administración pública le confiere, y exija el fiel y acabado cumplimiento de los contratos de concesión correspondientes".