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Publicado el 25/05/2009

Hospitales psiquiátricos: 25 mil enfermos mentales sin esperanza

En Argentina los pacientes pueden ser encerrados de por vida sin recibir nunca una audiencia judicial. Una sociedad que aparta a los enfermos mentales e impide su rehabilitación. Un informe publicado por un organismo internacional documenta diferentes vio

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por Juan Suárez

LA PLATA, Corresponsal.- Las instituciones psiquiátricas cerradas del país albergan unas 25 mil personas de las cuales entre el 60 y el 90% son “pacientes sociales”, es decir que permanecen internados porque no tiene adónde ir. Los directores de los institutos sostienen que la mayoría podría ser dada de alta si se contara con los servicios y el apoyo de la comunidad. Sin embargo, una vez que una persona es ingresada a un psiquiátrico la esperanza de que vuelva a la comunidad es casi nula.

El marco jurídico argentino tampoco brinda muchas oportunidades a los pacientes en esa situación. El último informe anual del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), presentado hace poco días en la Feria del Libro sostiene que “las personas usuarias de los servicios de salud mental han sido invisibles y marginadas de la garantía de ejercicio de sus derechos fundamentales”.

La ONG dedicada a denunciar violaciones a los derechos humanos y a impulsar reformas legales analizó la situación del derecho de los enfermos mentales basándose en un diagnóstico publicado hace menos de dos años que advirtió que más del 80% de las personas detenidas en psiquiátricos están encerradas por más de un año y muchas permanecen allí de por vida.

Los internados en institutos no tiene la posibilidad de participar en el proceso judicial, ni de presentar pruebas y dictámenes médicos independientes sobre su salud mental.

El documento, publicado por el CELS y por la organización Mental Disability Rights Internacional (MDRI) dedicada específicamente a promover los derechos de las personas con capacidades mentales, registra además graves hechos de abuso y negligencia en las instituciones psiquiátricas del país. Actos que fundan, con más razón, la necesidad de modificar el paradigma de separar a los enfermos del resto de la sociedad.

Abusos y negligencia

Hasta el año 2006 en el Hospital Interzonal Psiquiátrico “Domingo Cabred”, ubicado en el partido de Luján, hubo unas 70 muertes por año. En 2005 tres personas fueron halladas muertas dentro y en los alrededores del nosocomio. “El primero de los cuerpos fue hallado en el bosque, el segundo en un campo y el tercero en un depósito abandonado en las instalaciones del hospital. Las autoridades determinaron que el tercer individuo había muerto entre cinco y diez días antes del descubrimiento del cadáver”, cuenta el informe titulado “Vidas arrasadas. La segregación de las personas en los asilos psiquiátricos argentinos”.

En el Hospital Diego Alcorta de Santiago del Estero tres personas murieron incendiadas mientras permanecían encerradas en celdas de aislamiento entre el 2000 y 2003.

En la Unidad Psiquiátrica Penal Nº 20 de la ciudad de Buenos Aires, los mismos internos informaron a los investigadores del informe que “el personal de seguridad los había golpeado y ultrajado sexualmente”. Luego de la denuncia, el CELS pudo constatar que varios detenidos tenían grandes moretones en sus torsos y espaldas y que uno tenía puntos de sutura en su cabeza. “Todos señalaron que sus heridas eran producto de abusos infligidos por el personal”.

En el Hospital Neuropsiquiátrico para mujeres “Braulio Moyano” de Capital Federal “los investigadores documentaron –según declaraciones de autoridades y de varias mujeres allí institucionalizadas– relatos de abuso sexual contra las mujeres perpetrados por el personal y por gente ajena al nosocomio”.

A la lista se suma la superpoblación, la falta de atención médica, que en muchos casos pudo haber sido la causa de muerte de varios internos; las condiciones insalubres de alojamiento; y el uso de psicofármacos “para castigar o sedar, y no con propósitos terapéuticos”.

También el encierro en pequeños calabozos, oscuros, sin ventilación ni fuente de luz, donde las personas “tenían que orinar y defecar en pequeñas ollas sobre el piso”. Este tipo de condición, que los priva largo tiempo de recibir estímulos a los sentidos, puede inducir daño psiquiátrico severo, produciendo asimismo agitación profunda, ansiedad extrema, ataques de pánico, depresión, pensamientos desorganizados y un desorden de personalidad antisocial.

Según estudios de especialistas, “el daño causado por aislamiento y privación sensorial puede resultar en una discapacidad psiquiátrica prolongada o permanente, incluyendo deterioros que pueden reducir seriamente la capacidad a reintegrarse a la comunidad después de que esté puesta en libertad”.

El CELS y la MDRI reconocieron en su informe que tras las violaciones graves denunciadas, algunas autoridades tomaron medidas significativas. Sin embargo, sostuvieron que “no existen mecanismos de supervisión que aseguren el monitoreo efectivo” y por ello aseguran que los abusos descritos “continúan ocurriendo en la mayoría de las instituciones del país”.

Detenciones arbitrarias

El crudo relato del informe motivó que en su Informe Anual 2009, el CELS dedique un apartado con el fin de avanzar en una nueva legislación que considere a los “usuarios de los servicios de salud mental como sujetos de derecho”. El objetivo es que se detenga el uso de las detenciones arbitrarias.

En los últimos dos años se iniciaron más de 14.500 casos judiciales derivados de internaciones por cuestiones de salud mental sólo en la Ciudad de Buenos Aires. El dato -sostiene el CELS- permite confirmar que el encierro en institutos es la principal política de salud mental del país. Pero además, el organismo subraya que esas internaciones se llevan a cabo sin respetar las garantías procesales y los derechos básicos de las personas, lo que “pueden implicar auténticas detenciones arbitrarias”.

Por ello la ONG considera que las personas con discapacidad mental tienen que ser protegidas “también del accionar del Estado protector” porque también “puede cometer irregularidades y abusos como en cualquier otra esfera”.

En cuanto a los juicios donde se resuelven las internaciones, el CELS solicita que la persona a la cual se le cuestiona su capacidad pueda ser representada por un abogado defensor. El paradigma vigente del sistema tutelar de los “incapaces” que rige en Argentina considera que esa persona en realidad está siendo resguardada de los peligros de la vida en sociedad, por lo que no puede tomar decisiones para sí misma.

 

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