<p>Con el patrocinio del Colegio de Abogados, la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon recurrirá a la Justicia Federal en nombre de todos los usuarios del gas de Mar del Plata y Batán y se opondrá al decreto 2.067, cuya aplicación implica aumentos de hasta el 300% en las facturas.

Así lo anunció a LA CAPITAL la titular de defensora, Beatriz Arza, tras participar de una reunión con los representantes de distintas instituciones locales, públicas y privadas, relacionadas con el tema.

El encuentro, que se realizó durante la mañana en la sede de la Defensoría de la calle Belgrano, contó con la presencia de representantes de la Defensoría de Pobres y Ausentes de la Nación, oficina que tramitará las causas de aquellas personas en situación socioeconómica vulnerable, cuyos tiempos son más urgentes que los que conllevaría la resolución de la causa judicial general.

Asimismo respondieron a la convocatoria de Arza el representante de la Asociación de Consumidores y Usuarios Acuba, doctor Federico Alvarez Larrondo, las referentes de la Liga de Amas de Casa, el vicepresidente del Colegio de Abogados, Mariano Begue, la representante de la Defensoría de Pobres y Ausentes de la Justicia Federal, doctora Carolina Caparrós, y el director general de Defensa del Consumidor, Pablo Discala.

En diálogo con LA CAPITAL, Arza afirmó que durante la reunión de ayer se analizaron las distintas opciones que existen para defender los derechos de los habitantes de General Pueyrredon. Cabe recordar que la Defensoría ya cuenta con un expediente con más de 1.800 fojas con presentaciones realizadas por marplatenses sobre el tema.

"Se decidió que la institución que tendría que representar a los usuarios ante la Justicia sería la Defensoría del Pueblo y el Colegio de Abogados se ofreció a patrocinarnos en ese planteo", relató.

Por su parte, Alvarez Larrondo consideró en diálogo con LA CAPITAL que una representación colectiva como la que hará la Defensoría del Pueblo "significará un salto de calidad en este tema" y consideró que "hay argumentos muy sólidos para oponerse al decreto".

En este marco, el especialista en derechos del consumidor -quien como se recordará encabezó durante varios años la oficina municipal respectiva- consideró que la norma es inconstitucional por "varios motivos".

"El más notorio es que hay un exceso en las funciones del Ejecutivo, porque la ley 25.561 (de Emergencia) le dio la facultad de renegociar los contratos pero no la de generar nuevas obligaciones para los ciudadanos", afirmó.

Añadió que el decreto "modifica la ley 24.076 de 1992 que dice que no puede hacerse diferencias entre los distintos usuarios, salvo que hubiese una situación excepcional que en este caso no existe".

Por otra parte Alvarez Larrondo consideró que el decreto "no tiene razonabilidad" y como ejemplo de ello mencionó que "cuando en marzo se modificó el decreto y se excluyó de sus alcances a la categoría R3-1, el argumento utilizado fue que un estudio técnico había determinado que no era necesario incorporarla. Eso demuestra que el estudio se hizo tarde y que el primer decreto no tuvo ningún sustento técnico".

El profesional también cuestionó el argumento con que el Ejecutivo exceptuó hasta el 31 de agosto a las categorías R3.2 y R3.3. "Dijeron que era porque el precio del petróleo había bajado y eso no fue así", afirmó para luego añadir que disposiciones recientes de la Aduana demuestran que se está exportando gas. "Eso significa que se está violando la ley 17.319, según la cual no se puede exportar gas si no se abastece previamente el mercado interno", concluyó.</p>

<p>Preocupación en Balcarce</p>

<p>La reunión de ayer realizada en Mar del Plata contó con la presencia de dos representantes de Balcarce, localidad que no cuenta, por el momento, con la figura de Defensor del Pueblo.

"Ellos también están muy preocupados por la situación", explicó Arza a LA CAPITAL, quien dijo que durante el encuentro se analizaron, también, las opciones que tendrían los habitantes de la ciudad vecina para oponerse al aumento.

Tal como informó este medio en la víspera, Arza ya había participado la semana anterior de una reunión en la localidad de Avellaneda en la que los defensores del pueblo de las nueve localidades bonaerenses que cuentan con esa figura analizaron la problemática. </p>