El gobierno bonaerense decidió aumentar hasta un 200 por ciento los montos de las multas de tránsito, en adhesión con la Ley Nacional de Seguridad Vial.   Así lo confirmó el director provincial de Seguridad Vial, Emiliano Baloira, quien explicó que los nuevos valores, que comenzarán a regir desde el 10 de agosto, estarán unificados en los 134 municipios provinciales.   Según se determinó, se utilizará un Acta Única de Infracción que contendrá los datos para identificar al presunto infractor, al vehículo con sus datos de dominio, al lugar, fecha, hora y tipo de la irregularidad presuntamente cometida.    El infractor podrá pagar en forma voluntaria (sin que haya un proceso judicial) y tendrá una bonificación del 50 por ciento, pero, la multa quedará cargada en el Registro Único de Infractores y se transformará en antecedente negativo para quien la cometa.    La Jefatura de Gabinete provincial será el organismo de aplicación del Código de Faltas, que según Baloira "busca unificar criterios normativos en los controles y sanciones con el objetivo de disminuir las infracciones y los índices de accidentes y siniestros".   "Los que buscamos es individualizar a los conductores, saber quién posee una licencia, tener claro sus antecedentes para que los jueces tengan toda la información y para que sean políticas disuasivas, no queremos que los conductores infrinjan la ley, queremos trabajar en todos los aspectos simultáneamente, no solamente en la penalización económica", apuntó Baloira.   En la municipalidad de La Plata, por conducir alcoholizado, el juez de faltas podrá aplicar una multa de 960 pesos, pero si el conductor se niega a realizar la prueba de alcoholemia, la sanción oscilará entre los 1.600 y los 3.840 pesos.   Por cruzar con el semáforo rojo, la multa pasará de 320 a 960 pesos como mínimo, y los motociclistas que transiten sin casco deberán pagar entre 160 y 320 pesos, al igual que quienes estacionen en lugares prohibidos.   La nueva reglamentación habilita la creación de 20 juzgados Administrativos de Faltas que se encargarán de juzgar y penalizar infractores en rutas y caminos de jurisdicción provincial y los montos recaudados serán compartidos con los municipios que tendrán a su cargo el control y las sanciones en el sector urbano.