El fiscal de Delitos Económicos Eduardo Amavet desestimó una denuncia realizada por la secretaria del Concejo Deliberante local, María Eugenia Dicándilo, debido a la sustracción de un expediente por el que el Departamento Ejecutivo solicitaba autorización para otorgar al ganador de un sorteo realizado entre "buenos contribuyentes" una licencia de taxi, que ya había sido tratado y aprobado en dos comisiones. La resolución se fundamentó en que al reconstruirse tal documento no existió perjuicio, condición necesaria para que se configure el delito de "supresión de instrumento público".

Además de ser archivada esta causa con la calificación de "hurto" el funcionario judicial recomendó al cuerpo deliberativo investigar el hecho de forma administrativa.

El caso tuvo lugar durante una reunión de la comisión de Transporte y Tránsito registrada el 9 de junio. Tras ser aprobado en esa instancia, según la denuncia de Dicándilo, el concejal Nicolás Maiorano tomó el expediente retirándose del recinto. Pero en el acta respectiva quedó que la poseedora de tal documento era la concejal Marcela Amenábar.

El caso es que el expediente no volvió a aparecer, por lo que se procedió a denunciar su desaparición de manera penal, aunque con los elementos obrantes se logró su reconstrucción íntegra.

No se hallaba en su poder

La misma denunciante refiere también que detrás de Maiorano fue la relatora Karina Bouza que intentó interceptarlo para que se lo devolviera. Pero no logró su cometido, por lo que dejó constancia en el Libro de Actas y posteriormente Dicándilo intimó por nota al curul, a fin de que se lo restituyera. La respuesta de Maiorano fue que no se encontraba en su poder.

En la reunión de la referida comisión estuvieron presentes los concejales Fernando Rizzi, Martín Aiello, Amenábar, Leandro Laserna, Diego Garciarena, Claudia Rodríguez y Eduardo Abud, mientras que ausentes el nombrado Maiorano y Verónica Beresiarte.

El controvertido expediente (1497-D-10 de 'Licencia 1168') referido a "la desafectación de la licencia 1168 y su autorización para otorgarla al beneficiario del sorteo relacionado con el Plan de Equidad Tributaria", se había iniciado el 19 de abril de 2010. Tras su desaparición, se reconstruyó el 14 de junio y fue tratado por la comisión de Legislación, el 14, 28 de junio y 19 de julio. Finalmente, el Concejo Deliberante lo aprobó, el 28 de julio, por lo que se está a la espera de su promulgación.

Es de destacar que el delito de "supresión de documento" está contenido en el artículo 294 del Código Penal, por el que se "sanciona al que suprimiere o destruyere, en todo o en parte, un documento de modo que pueda resultar perjuicio".

Por lo tanto, es un delito de peligro, que se consuma con la no presentación, exhibición o entrega del instrumento, porque recién allí aparece la posibilidad de causar perjuicio.

Se consuma cuando "se suprime un documento el que, para evitar su oportuno uso y con la conciencia de que pueda causar perjuicio a un tercero, se lo sustrae a quien dispone de él, el que estando legalmente obligado a exhibirlo (...) no lo hace".