LA PLATA (Corresponsalía) - Cada ciudad de la provincia en donde hay un estadio o que cuenta con un espacio dispuesto para la realización de recitales, sufre a diario el mismo problema: "los cuidacoches", mal llamados así, ya que no tienen ninguna responsabilidad sobre el vehículo que queda a su "cuidado".

La Plata es testigo de este accionar no sólo los fines de semana cuando se juegan partidos de fútbol sino a diario en la zona céntrica, en los pocos lugares en donde el municipio no ha decidido establecer el estacionamiento medido, donde se puede encontrar sin inconvenientes a estos personajes instalados en la calle.

Los denominados "trapitos", cuya actividad roza más la extorsión que el trabajo informal, son habituales también en Mar del Plata, que obviamente no está exenta de estos "laburantes de la calle". Su radio de acción supera ampliamente las zonas aledañas al estadio José María Minella o los lugares en donde se desarrolle un evento musical o deportivo, sino que se ha ampliado a toda la costa y el centro marplatenses.

Tanto la capital provincial como Mar del Plata tienen en sus concejos deliberantes proyectos para reglamentar esta actividad, pero a nivel provincial el asunto todavía no había sido motivo de preocupación para los legisladores. Hasta ahora, cuando el diputado del GEN Abel Buil presentó un proyecto de declaración en el que pide al Poder Ejecutivo que arbitre las medidas necesarias para la creación de un registro de "cuidacoches habilitados" y que puedan trabajar en blanco, o bien erradicarlos prohibiendo su presencia en las calles.

El objetivo de este proyecto no es más que el de identificar a quienes a diario se encuentran en las calles realizando esta tarea, para que aquel que estaciona en el caso de sentirse extorsionado, pueda denunciar a la persona que ejerció la coerción.

Según los fundamentos del proyecto presentado por el legislador de la Cuarta Sección Electoral "el fenómeno de los cuidacoches, cuidadores espontáneos de autos, que a cambio de una retribución voluntaria se ofrecen para prestar el servicio en la vía pública, y que el ingenio popular ha denominado como trapitos, se ha desarrollado de tal modo que ha desnaturalizado su esencia toda vez que lo que era una liberalidad se ha convertido en una exigencia".

El diputado sostiene que "la exigencia de retribución, en muchos casos de mal modo, en algunos lugares tarifada, ha adquirido un incremento notable y genera una problemática que es preciso ordenar, toda vez que, aparte de la ilegalidad que entraña el acto provoca momentos de tensión entre quien reclama su justo derecho de utilización del espacio público y la restricción al mismo que pretende imponer una persona que tiene prohibido de acuerdo a la legislación vigente exigir retribución por estacionamiento o cuidado de vehículos en la vía pública sin autorización".

Además, Buil afirma que "agrava la problemática el hecho que se adueñan de las veredas y se tornan en verdaderos dictadores de la vía pública determinando de mal modo quién puede estacionar y quién no", y en donde el "ciudadano resulta rehén de esas prácticas y sólo le resta tolerar por temor a las represalias, las que se concretan en potenciales daños en el vehículo que resulta de muy difícil probanza".

El espíritu que guía el proyecto es el de "ordenar su accionar sin que ello implique coartar la posibilidad laboral" y arbitrar mecanismos que tiendan a legalizar y sistematizar la actividad, a través de la creación de un registro de cuidacoches habilitados que puedan trabajar en blanco, o proceder a su erradicación mediante la prohibición de su accionar.