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18-03-2010

Avanza el proyecto de ley que protege las sierras de Tandil

Si la iniciativa finalmente se aprueba, la poligonal de las sierras será paisaje protegido y el gobierno regularía la explotaron de las minas.

LA PLATA

(Corresponsalía)

El gobernador Daniel Scioli expresó ayer su ?satisfacción? por el visto bueno que obtuvo ayer la iniciativa para regular las canteras de la sierras de Tandil, en el plenario de comisiones de la Cámara baja provincial y que deja abierta la posibilidad de que el próximo martes se convierta en ley, cuando finalmente sea tratada en la sesión.

Así fue resuelto mediante un plenario de las comisiones de Presupuesto, Asuntos Constitucionales, Legislación y Ecología y Medio Ambiente, que emitieron despacho favorable, sin modificaciones.

La iniciativa busca proteger las sierras, a las que considera parte de los recursos naturales y un potencial turístico importante para la región y dispone una fuerte regulación en la explotación minera.

Scioli, que viene monitoreando la evolución del proyecto oficial, que propone declarar zona protegida a las canteras de Tandil, prohibiendo la explotación en las canteras ubicadas dentro de la poligonal comprendida por las rutas 30, 74 y 226, afirmó hoy que la ley regulará su explotación en las sierras y pasarán a ser luego de la aprobación del proyecto ?Paisaje Protegido de Interés Provincial?, de conformidad a los términos y condiciones de la Ley 12.704.

El avance en el tratamiento de la iniciativa es el producto del consenso logrado entre el Ejecutivo provincial, el gobierno municipal de Tandil y los legisladores, tras múltiples estudios y rondas de consultas a todas las partes involucradas.

Por su parte, el ex senador Néstor Auza, opinó que ?se generó una ley compleja y resolvimos tres problemas centrales como la minería, el medio ambiente y asegurar que los trabajadores tuvieran un futuro asegurado y no librado al azar?.

Solamente dos objeciones quedaron en suspenso respecto del proyecto. La primera tiene que ver con un reclamo del informe de impacto ambiental, que el Ejecutivo se comprometió a remitir a la Cámara baja. La última está relacionada a los juicios que las empresas emprenderán contra el Estado, para que no resulten demasiado onerosos.