LA PLATA (Corresponsal).- Representantes de diversos sectores sociales de la provincia manifestaron ayer su rechazo al Código Contravencional ideado el año pasado por el Ejecutivo bonaerense que, entre otras cuestiones, otorga mayor libertad de acción a la policía y castiga la actividad de los cuidacoches y ?trapitos?.

Durante una audiencia pública realizada en el Senado bonaerense -la primera desde que en 2006 esa figura se instituyera por ley- representantes de los tres poderes del Estado, integrantes de sindicatos, universidades, organizaciones no gubernamentales y de derechos humanos debatieron acerca del proyecto impulsado por el gobernador Daniel Scioli y trataron de acordar una nueva iniciativa.

Cabe recordar que el año pasado Scioli presentó un polémico proyecto, que finalmente no avanzó en el Senado, en el cual proponía penar con multas o arresto comportamientos contra "la moralidad pública, las buenas costumbres, la tranquilidad, el orden público, la fe pública, el medio ambiente" y que buscaban "darle más poder a la Policía en la calle".

La propuesta despertó rápidamente el rechazo de diversas organizaciones sociales, que la calificaron de ?compendio de intolerancia? ya que consideraba punibles, por ejemplo, a ?quienes cometan contravenciones en estado de ebriedad o de intoxicación por alcaloides o narcóticos? y castigaba el escrache a funcionarios públicos.

La jornada de ayer incluyó manifestaciones de repudio de parte de diversos organismos sociales y la instalación de una radio abierta frente a la Legislatura bonaerense.

Perfil de las críticas

La audiencia pública fue convocada por el presidente del Senado provincial, el oficialista Federico Scarabino, ?para permitir y promover una efectiva participación ciudadana en el proceso de modificación del régimen contravencional provincial", según se informó.

Antes de inaugurar la jornada, Scarabino valoró la realización de la audiencia y manifestó que ese sistema es una de ?las nuevas formas de democracia y participación? porque permite ?la opinión de la ciudadanía sobre algún tema en especial?.

Desde la oposición también celebraron la convocatoria, pero recordaron su rechazo al proyecto oficial. ?Se trata de un momento histórico en la provincia de Buenos Aires porque se lleva a cabo la primera audiencia pública para tratar legislación importante?, consideró el senador de la Coalición Cívica (CC), Javier Mor Roig, pero remarcó su ?rechazo de plano al proyecto de Código que había enviado el gobernador Scioli?.

El senador manifestó que es necesario ?hacer un Código Contravencional que le pueda servir a la gente, que sea moderno y esté adecuado a los tiempos? y aseguró que desde su bloque ?se está trabajando en distintos temas y la idea es, a partir de hoy, elaborar lo que pueda ser un proyecto a futuro?.

Por su parte el secretario general de la CTA La Plata-Ensenada, Carlos Leavi, sostuvo que ?el Código Contravencional (del Ejecutivo) afecta al derecho de los trabajadores, y cuando hablamos de trabajadores no hablamos sólo de los que tienen trabajo sino también de los desocupados, que muchas veces expresan la necesidad de tener un trabajo genuino, o de las empresas tercerizadas?.

En diálogo con LA CAPITAL, Leavi dijo que el Código planteado por el gobernador ?atrasa cien años?. Y subrayó que ?en un país donde hay convenios de derechos humanos en la Constitución a partir del ?94, donde hay una ley de casamiento igualitario, donde se abren cada vez más derechos, este Código viene a cercenar derechos a través de modos represivos?.

?Sólo se vende humo?

En otro orden, Roberto Cipriano García, coordinador del Comité Contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria, consideró que ?este proyecto atenta directamente al corazón de la democracia, contra las libertades individuales, contra las libertades colectivas y viene a marcar un antes y un después en la dinámica social?.

En ese sentido, el Comité contra la Tortura planteó un extenso documento en el que cuestiona la política de seguridad de la provincia. ?En el marco de estas políticas se ha dado mayor autonomía a la policía; esto implica dotarla de herramientas para que cumpla con esa misión?, señaló García, y alertó que ?no son herramientas que vayan a solucionar el problema de la inseguridad que reclama gran parte de la sociedad. Con esto sólo se vende humo para que la sociedad piense que se está haciendo algo?.

El coordinador remarcó además que ?en la realidad, lejos de atacar las redes ilegales con las que la policía en general está vinculada -me refiero al tráfico de estupefacientes, redes de trata de personas, piratas del asfalto- el sistema criminal de la provincia profundiza y focaliza en los cuidacoches, en los cartoneros, en ese tipo de personas?.

Para el representante de la Comisión por la Memoria, ?debiera pensarse un Código de Convivencia que regule algunos aspectos de la vida común, pero que sea un Código discutido con toda la sociedad?. Y finalizó: ?Lo que viene a regular este Código es irreal; prohíbe que los pibes tomen una cerveza en la plaza, que en el carnaval se tire agua, que le arrojen huevos a un pibe que se recibe. Es algo que no tiene nada que ver con la seguridad?.