La comisión de Legislación del Concejo Deliberante rectificó ayer el despacho que había aprobado el viernes pasado la comisión de Hacienda, por el que se había modificado casi por completo al proyecto que autoriza al Departamento Ejecutivo a iniciar el proceso de licitación de la ex terminal de micros de Mar del Plata.

Con el voto favorable de los concejales de Acción Marplatense y la abstención del justicialista Mario Lucchesi, ayer se dispuso reestablecer el texto original propuesto por el intendente Gustavo Pulti, que indicaba que la licitación se llevaría a cabo en base al proyecto arquitectónico del grupo Emprendimientos Terminal SA, declarado como iniciador privado hace tres meses.

De este modo se dejó sin efecto la redacción que había impulsado el viernes el concejal del Frente Popular y Nacional Marplatense, Diego Garciarena, quien con el apoyo de los radicales y del edil José Cano había eliminado toda alusión a ETSA, estableciendo que la licitación debería desarrollarse en el marco de los lineamientos de la ley por la cual se le donó el inmueble al municipio.

Además de eso, en ese mismo dictamen la oposición había suprimido el artículo por el cual se admitía el uso de la calle Rawson, entre Las Heras y Sarmiento, para incorporar su traza al nuevo complejo realizando una obra que admita el tránsito vehicular subterráneo.

Ayer la cuestión fue tratada en la comisión de Legislación, donde el oficialismo se ocupó de dejar sin efecto todos esos cambios que se contraponían en un todo con la voluntad del gobierno de concretar la licitación de la ex terminal en el marco de una iniciativa privada para convertir al predio en un complejo cultural, comercial y recreativo.

Las actitud del bloque de Acción Marplatense de dar marcha atrás con las modificaciones era más que esperada, puesto que el mismo viernes -cuando se aprobó el nuevo despacho en Hacienda- los concejales oficialistas anticiparon que no se quedarían de brazos cruzados.

Es que al poner como eje de la futura obra el contenido de la ley por la que se le donó al municipio al inmueble, todo el proceso desarrollado hasta el momento para declarar a un iniciador quedaba sin efecto.

Fuentes del Ejecutivo le explicaron ayer a LA CAPITAL que la ley de transferencia de la ex terminal establece que el edificio debe tener un uso cultural, destino "que está claramente descripto en los pliegos de bases y condiciones de la licitación".

Por esa razón se interpretó que la intención de los concejales que introdujeron los cambios no era la de reivindicar la ley de donación, sino demorar la tramitación del expediente en el Concejo, aún sabiendo de antemano que sus modificaciones no prosperarían.

De hecho ayer el texto volvió a su forma inicial, con un primer artículo por el que se le otorga al Ejecutivo la autorización para hacer el llamado a licitación en base al proyecto de ETSA. El segundo determina que se podrá hacer uso de la calle Rawson con el objeto de mantener unidas ambas manzanas del predio, más allá de que la propuesta arquitectónica proponga abrirla al tránsito de vehículos bajo el nivel del suelo.

Como novedad, se incorporó un tercer artículo en el que se señala que el Ejecutivo le enviará al Concejo los pliegos de bases y condiciones correspondientes a la licitación en un plazo de 30 días para que puedan ser analizados.

El trámite para aprobar este expediente -cuya sanción definitiva permitiría avanzar con el proyecto de remodelación de la ex terminal- requiere que en el transcurso de esta semana sea tratado y aprobado por otras tres comisiones. Entre ellas figuran la de Obras y la Educación, donde la iniciativa podría ser aprobada antes del jueves, fecha para la cual está prevista una sesión plenaria del cuerpo. Fuentes del oficialismo indicaron que existen intenciones de poner el proyecto a votación en ese marco, aún cuando no sea tratado por la tercera comisión restante, que es Hacienda, donde hay una mayoría de concejales opositores que exhiben una notoria disconformidad con la decisión de haber declarado a ETSA y no a otro grupo inversor como iniciador privado.

Ante la demora registrada en la tramitación del expediente -que podría prolongarse un tiempo más- días atrás el Ejecutivo dispuso iniciar tareas de limpieza en el predio y firmó un convenio con el Ministerio del Interior para que el lugar sea utilizado transitoriamente como centro de operaciones por la Agencia de Seguridad Vial y el Registro Nacional de las Personas.