El basural al que van a parar en la actualidad las más de 600 toneladas de residuos que, por día, se producen en General Pueyrredon está colapsado hace alrededor de 15 años.

Fue a mediados de la década del 90 cuando las autoridades municipales reconocieron el problema y, desde entonces, la Justicia no sólo lo ratificó sino que generó fallos que obligaban a la comuna a resolver a cerrarlo definitivamente.

Incluso, durante la batalla judicial que un grupo de vecinos de la zona sur de la ciudad y las autoridades de la Escuela Nº 44 iniciaron, hasta se había resuelto multar a la municipalidad por cada día en el que dicho predio continuara funcionando, lo que el municipio también apeló.

Desde esa declaración de colapso y reconocimiento de la necesidad de cerrar definitivamente el predio, pasaron numerosas medidas paliativas, inspecciones, incendios, problemas de salud y denuncias de la comunidad de la zona, desbarrancamientos de la gran montaña de basura a cielo abierto y la imposibilidad de descargar en algunos momentos por la combinación de la inestabilidad del lugar con la lluvia.

Hubo también varios intentos por resolver la situación -y llegar al punto al que se arribó ayer- que quedaron truncos. Uno de los más resonantes el proyecto de adquisición o expropiación del predio denominado "4 Tranqueras" muy cerca del límite del partido de General Pueyrredon con el de General Alvarado, que provocó una rotunda oposición de los vecinos de Miramar y los barrios del sur de la ciudad.

Dada la complejidad del caso, sumado a los inconvenientes para la obtención del certificado de aptitud ambiental, imprescindible para que avance el proyecto, se resolvió dejar de lado ese sitio. Finalmente se resolvió que el lugar más adecuado era el predio denominado Ex Venturino, ubicado frente al actual basural y que había sido utilizado para la disposición final de residuos hasta principios de los 80. es un espacio de 63 hectáreas que fueron adquiridas y escrituras a nombre de la Municipalidad y cuentan con el certificado de aptitud ambiental que otorga la Provincia de Buenos Aires.

Mientras, se había logrado la intervención de la provincia de Buenos Aires, la Nación e inclusive del Banco Mundial (BM), para la elaboración de un programa de trabajo que, de aprobarse, lograría la financiación internacional, teniendo en cuenta que a nivel local resultaba casi imposible hacer frente a la cuantiosa inversión que esa obra significa.

Para eso se formó una comisión especial -la Unidad Ejecutora Municipal para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos de General Pueyrredon- que fue encargada de las gestiones con el BM y de obtener los requisitos que éste pedía para financiar la obra.

Antes de la licitación que terminó con la adjudicación y firma del contrato con la empresa Tecsan S.A, hubo una anterior licitación, que tuvo que ser declarada desierta porque las propuestas presentadas eran muy superiores al monto oficial propuesto.

La segunda y definitiva licitación para diseñar, construir y operar -por tres años- el nuevo predio de disposición final de residuos del Partido de General Pueyrredon, se realizó con un pliego modificado y tuvo mucha mayor repercusión. Incluso todas las propuestas fueron económicamente inferiores a la cifra oficial.

El proyecto fue elegido por ser el más conveniente desde el punto de vista económico, ya que la empresa Tecsan S.A aseguró que podrá realizar la obra por un presupuesto de 79,6 millones de pesos, es decir, por un monto un 30%

inferior al oficial.

Ahora, la empresa adjudicataria tiene un año para diseñar y construir el nuevo predio, aunque funcionarios aseguran que el lugar podría ser habilitado de manera parcial una vez que se construyan las primeras celdas para depositar basura, lo que podría lograrse antes.

Deberá construir 2 celdas con una vida útil de 14 años, que podría ser extendida si se aplican medidas para optimizar su uso. La obra incluirá la colocación de una doble membrana lo que permitirá que Mar del Plata cuente con "un relleno sanitario de alta calidad", según se explicó oficialmente. En Argentina este tipo de instalaciones funcionan con una única membrana.

El predio también deberá equiparse con una planta para tratar los líquidos lixiviados y un sistema de colección y tratamiento de gases.

La compañía tendrá que operar el relleno sanitario por un plazo de tres años. Después la tarea quedara en manos del municipio.

Vale recordar que la obra tiene asegurado el financiamiento del Banco Mundial, que se comprometió a aportar el 69% de los fondos requeridos para concretar el proyecto.

El 31% restante correrá por cuenta de la Nación y la comuna.

La entidad aceptó formalmente desde los puntos de vista técnico y económico la propuesta a fines de noviembre de 2010.

Otra cuestión fundamental en este proceso es que una vez que el nuevo predio comience a operar podrán iniciarse las tareas para clausurar y remediar el actual basural -para lo que se está buscando financiamiento internacional- y se pondrá en marcha un programa de separación y reciclado de residuos en algunos barrios de la ciudad.

Asimismo se deberán mejorar las condiciones de funcionamiento de la planta de reciclado a cargo de la Cooperativa Cura, para resolver una serie de falencias que impiden que pueda operar en óptimas condiciones. Entre ellas figuran el rediseño y ampliación de la instalaciones.

Historia judicial

Como se indicó más arriba, el tema de la basura tuvo un intenso camino judicial, que comenzó cuando el juez en lo Contencioso y Administrativo, Enrique Arbizu, dictó una resolución a través de la cual ordenó la clausura del predio, la puesta en marcha de una planta de reciclado y la aplicación de astreintes (multas) a la Municipalidad en caso de incumplimiento. Fue a partir de un amparo presentado por un grupo de vecinos de la zona sur de la ciudad y la directora de la Escuela Nº 44, muy cercana al basural.

Dicha resolución y sus sucesivas ampliatorias fueron apeladas por el Municipio ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo con sede en La Plata.

El 9 de octubre de 2007 esa cámara resolvió revocar las resoluciones del juez Arbizu, decisión que fue apelada por los amparistas marplatenses mediante un recurso extraordinario de nulidad y de inaplicabilidad de la ley el 13 de noviembre de 2007.

Cinco meses después, el 15 de abril de 2008, la Cámara rechazo el planteo de los amparistas, quienes el 7 de mayo del mismo año presentaron un recurso de queja ante la Suprema Corte de Justicia.

Así se llega al 18 de febrero de 2009, cuando el máximo cuerpo bonaerense decidió hacer lugar al pedido de análisis de la inaplicabilidad de la ley presentado por los marplatenses.

La posición de la Corte tuvo dos lecturas diferentes de parte de los involucrados: mientras que los amparistas consideraron que dejaba firme la resolución en primera instancia de Arbizu, la Municipalidad entendió que sólo era un compás de espera hasta tanto se resolviera la cuestión de fondo.