Se tratará en el Concejo Deliberante la propuesta de crear en el Partido de General Pueyrredon un Juzgado Municipal de Faltas Ambientales, que tenga el poder de policía para aplicar las normas provinciales y locales en ese rubro.

La iniciativa, del concejal de la UCR Maximiliano Abad, está enmarcada en un proceso que se está impulsando a nivel provincial, con la creación del código de faltas ambientales que está trabajando el OPDS -ver aparte- y, de concretarse, pondría a Mar del Plata a la cabeza en ese sentido.

Según el autor del proyecto el juzgado tendrá la facultad de intervenir en delitos o contravenciones que afecten la salubridad, higiene, protección del medio ambiente, equilibrio ecológico, faenamiento de animales, abastecimiento de productos, elaboración y venta de alimentos, contaminación del agua, contaminación por líquidos cloacales y líquidos residuales industriales, residuos sólidos, urbanos, hospitalarios e industriales, la eficiencia de instalaciones de tratamiento de residuos líquidos, sólidos y gaseosos, todas vitales en el quehacer comunal.

Abad señaló que la propuesta tiende a "organizar el Juzgamiento de las contravenciones ambientales, a la legislación vigente y las ordenanzas que se sancionen por este Cuerpo, sobre los temas relativos al medio ambiente y buscar la forma de optimizar su cumplimiento en beneficio de la comunidad local".

Asimismo señaló que es importante cuidar el medio ambiente por su "revalorizada importancia en el mantenimiento de la salud" de la población y teniendo en cuenta que "el deterioro del medio ambiente físico, social, económico y cultural es un factor de riesgo para las innumerables enfermedades de la civilización que hoy afectan a las personas".

También fundamentó la importancia de atender estas cuestiones debido al crecimiento demográfico que trajo aparejado "crecimiento económico, industrial, habitacional, del parque automotor, expansión de la trama urbana, etc.", que conllevan también "al incremento de problemáticas como violación a las normativas vigentes".

"Hay una necesidad de tratar en forma específica las infracciones ambientales, lo que requiere de órganos de juzgamiento específicos, para agilizar y unificar el trabajo de protección medioambiental en todo el partido".

Además aclaró que "las faltas correspondientes a las infracciones ambientales tienen características que se distinguen de otro tipo de infracciones, por lo tanto el Juez de Faltas Ambientales se verá obligado a contar con conocimientos para saber interpretar las actas labradas por los inspectores municipales en una importante diversidad de temas".

Por otra parte aseguró que "a través del Juez de Faltas Ambientales se debe tender a no sancionar ejemplarmente un incumplimiento, sino a la obtención del cumplimiento específico o el retorno al estado anterior a la provocación del daño" además de evitar excederse en el uso del principio "contaminador - pagador", y "aplicar multas, que desalienten al agente dañador, de modo tal que la prevención sea más barata que la reparación del daño".

Según el proyecto, "el Juez de Faltas Ambientales debe conocer en todas las infracciones correspondientes a la temática ambiental, la cual incluye el Saneamiento de los Alimentos, Bromatología, Veterinaria y Zoonosis, Control de Plagas Urbanas, Arbolado Urbano, Obras Sanitarias, Radicación y Funcionamiento de Industrias, Higiene Urbana, Flora y Fauna, Conservación de Áreas Naturales, Ruidos Molestos y en general todas las áreas relacionadas con la Gestión Ambiental".

Además entendió que una vez en funcionamiento, los Juzgados de Faltas Ambientales "van a permitir diseñar estrategias para actuar ante conflictos ambientales o ante la violación de derechos ambientales, ya que dicha estrategia debe ser precisa y adecuada puede lograr cambiar la situación".

"El conflicto ambiental no sólo genera nuevas normas y nuevas instituciones, sino que actúa como estimulante directo en la esfera económica y tecnológica, modificando los criterios de investigación y desarrollo de las grandes empresas" entendió el concejal, apuntando que "los municipios, que son los que diaria y directamente se enfrentan con la problemática ambiental, cuentan con la llamada función de policía ambiental, es decir, con aquel poder que les confiere la provincia para exigir el cumplimiento de la normativa ambiental vigente".