Tras un juicio, el juez correccional Leonardo Celsi condenó a una enfermera a 2 años de prisión en suspenso e inhabilitación para ejercer su profesión por un total de 4, al ser responsable de un caso de "mala praxis" cometido en 2007. Pero le estableció como condición para no cumplir con la pena dos reglas de conducta: fijar domicilio en esta ciudad y someterse al cuidado del Patronato de Liberados. En cuanto a la acusación, fue formulada por el fiscal Pablo Cistoldi. La víctima fue un joven de 15 años que debido a que se le aplicó una inyección sufrió la amputación de un brazo.

Durante la audiencia el fiscal Cistoldi pudo demostrar que en diciembre de 2007, la profesional aplicó indebidamente un medicamento mediante una inyección, cuya administración tuvo como consecuencia la amputación del brazo derecho de un adolescente dado que su vida corría riesgo en caso de no realizársele tal intervención quirúrgica. Inyectó vía endovenosa un fármaco de la variedad del ibuprofeno, cuya aplicación en sangre está "expresamente contraindicada", sin respetar las normas establecidas para su administración segura, además de haber "desoído las claras e inequívocas señales de dolor del adolescente".

Esta inyección le produjo una isquemia arterial (taponamiento de la arteria) con riesgo de vida y la posterior amputación del brazo fue directa consecuencia de la aplicación del medicamento sin haber respetado la enfermera las normas que rigen en el ámbito de su incumbencia profesional.