LA PLATA (Corresponsalía).- El Gobierno bonaerense fomenta que cualquier vecino pueda denunciar ante el fisco casos de evasión impositiva. La persona que informe la infracción podría recibir una recompensa de hasta 10 mil pesos. La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) pretende de este modo incentivar que sean las propias personas las que controlen el comportamiento tributario.

La iniciativa que ya es estudiada por los legisladores provinciales, no tardó en generar polémica porque presume que cualquier persona podría denunciar que su vecino amplió su casa o puso una pileta en el patio de la casa. Desde el Ministerio de Economía bonaerense negaron que ocurran estos casos porque "no podemos trabajar sobre suposiciones" y aclararon que la medida "es para cuando vos vas a un restaurante o comercio y te dan un ticket que no es fiscal". Además subrayaron que "la eventual recompensa se da si se comprueba la evasión".

La posibilidad de que cualquier persona sea un eventual delator ante el fisco bonaerense ya existe. En la página Web de ARBA se pueden realizar denuncias de este tipo completando, de manera anónima o no, un aplicativo al que se puede acceder en la dirección http://www.arba.gov.ar/Aplicaciones/Denuncias/Evasion/Denuncias.asp. La novedad contemplada en uno de los artículos de la reforma impositiva que el Gobierno envió a la Cámara de Diputados es que, como en otro tipo de delitos con la Justicia, podrá haber recompensa.

El punto 186 faculta a la ARBA a implementar "un sistema de Denuncia Pública Tributaria a través del cual cualquier interesado podrá poner en conocimiento del citado ente, hechos, actos, omisiones o situaciones que puedan llegar a constituir infracciones fiscales, constituir o modificar hechos imponibles, o que puedan vincularse con la recaudación de tributos".

También establece que "las denuncias no podrán ser realizadas en forma anónima" y que el delator "tendrá derecho al pago de una suma de dinero equivalente a un porcentaje del monto de las sanciones tributarias que pudieran llegar a imponerse a los denunciados", que "en ningún podrá ser superior a la suma de 10 mil pesos" y que "se efectivizará luego de producido el cobro de las sanciones impuestas como consecuencia de la denuncia".

La forma, el modo y las condiciones en que se va a implementar la medida será responsabilidad de ARBA. El organismo que conduce Martín Di Bella también determinará los montos de las recompensas en cada caso. Pero todo ello una vez que la medida se sancione en ley: "Este proyecto lo tiene que debatir la Legislatura, la política tributaria la define la Subsecretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, nosotros reglamentaremos su aplicación recién si se aprueba", se desentendieron en el organismo de recaudación.

El ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Arlía, explicó ayer que se trata de "una recompensa, al estilo de las recompensas que se cobran en muchos casos cuando uno denuncia otro tipo de delito; porque en definitiva la evasión es un delito".

En ese sentido, el ministro aclaró que una vez radicada al denuncia, "el denunciante queda absolutamente excluido de cualquier tipo de actuación administrativa posterior para determinar si el evasor es efectivamente evasor; el solo hecho de realizar la denuncia no le da derecho alguno, y hasta que el fisco no determine y cobre la multa del supuesto infractor el denunciante no recibe suma alguna por la denuncia realizada".

Funciona en otros países

La denuncia publica tributaria "es una experiencia que nosotros hemos copiado de países desarrollados como Estados Unidos y España, y en países en desarrollo se aplica, como por ejemplo en Perú y Ecuador, en muchos de los cuales tiene una tradición centenaria", añadió Arlía.

El intento del Gobierno recuerda también a la iniciativa del ex recaudador bonaerense Santiago Montoya que en el 2008 pretendió, sin éxito en la Legislatura, introducir las figuras de agente encubierto, informante y arrepentido, para obtener pruebas que permitan demostrar delitos fiscales. El agente encubierto iba a ser un inspector que podía realizar un compra con el fin de constatar que no se entregue comprobante legal, mientras que el informante y arrepentido se refería a personas con acceso a información sobre irregularidades tributarias de una empresa, que podían ser ex empleados, por ejemplo.