El nuevo Reglamento General de Instituciones Educativas de la provincia de Buenos Aires prohíbe la colocación de imágenes religiosas o de partidos políticos en el ámbito de los edificios escolares, con excepción de las escuelas confesionales. La normativa, ya generó discrepancias por parte de la Comisión Episcopal de Educación, a cargo de monseñor Héctor Aguer, quien ya habría elevado reclamo a las autoridades. Según se pudo saber, desde el gobierno no hay intenciones de volver atrás, sólo compromiso de no hacer retroactiva la medida, por lo que no se quitarán los diferentes símbolos religiosos que ya están en los edificios escolares bonaerenses.

El Reglamento lo aprobó el gobernador Daniel Scioli a través del decreto 2299/11 del 22 de noviembre, y fue publicado en el Boletín Oficial el 26 de diciembre. Allí, se regula toda la actividad educativa bonaerense, y un artículo también elimina la bendición obligatoria de banderas y escuelas por inaugurar, salvo que se trate de un acto ecuménico y lo decida la comunidad educativa.

El nuevo reglamento que fue aprobado durante la gestión del ahora diputado, Mario Oporto, tiene 304 artículos y sustituye al vigente desde 1958. Introduce nuevos esquemas en seguridad, convivencia disciplinaria, mayor participación estudiantil y hasta reformula la manera en que se recuperarán los días de clases perdidos.

La iniciativa, que había comenzado a debatirse en 2008, considera la educación un derecho social, introduce la concepción del trabajo en equipo dentro de la institución escolar y elimina la verticalización de las decisiones relacionadas con el ámbito institucional. Esto implica que los directivos ya no serán los únicos que tendrán la potestad de decidir sobre cuestiones vinculadas a los aspectos comunitarios y socioeducativos, sino que participarán también los centros de estudiantes, padres, ex alumnos, miembros de la cooperadora y auxiliares.

Otra de las iniciativas en la nueva normativa es el denominado Plan de Continuidad Pedagógica que institucionaliza, entre otros puntos, la prohibición de tener "horas libres". Otro de los puntos del proyecto es el llamado Plan de Prevención del Riesgo, que lo elaborará cada institución en función de la situación y población específica.

El nuevo reglamento oficializa, además, los acuerdos de convivencia: códigos que ya están en vigor en la mayoría de los establecimientos y que tienen como objetivo plasmar las normas internas consensuadas en las instituciones.

Asimismo, desde ahora, todas las escuelas secundarias de la provincia, tanto públicas como privadas, deberán contar a partir del año que viene con centros de estudiantes, con el objetivo de dar institucionalidad y mayor responsabilidad de participación a los estudiantes.

El equipo de redacción del nuevo reglamento estuvo integrado por asesores, docentes y abogados del Consejo General de Cultura y Educación de la provincia.

El texto se discutió con los gremios docentes, Suteba, AMET (Asociación de Magisterio de Enseñanza Técnica), FED (Federación de Educadores Bonaerenses) y de personal no docentes, ATE, UPCN y SOME (Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y la Educación). Tras un prolongado proceso de consultas, se puso a consideración del Consejo General de Cultura y Educación, y fue aprobado por unanimidad. Ese Consejo está integrado por diez consejeros generales que representan a los docentes, movimientos sociales y partidos políticos.