LA PLATA (Corresponsalía)- Cuatro policías sorprenden a dos ladrones en una casa. Las detienen pero no impiden el robo. Horas más tarde los ladrones están en la calle y los policías buscados por haberlos liberado. Lo del lunes en la comisaría quinta de Mar del Plata no es nada nuevo. Hace 14 años que la familia Blanco de Chascomús pelea contra la corporación judicial y policial por el asesinato de su hijo de 17 años. A Emilio lo encontraron muerto junto a las vías y la policía dijo que lo había atropellado el tren a pesar de que los peritos encontraron pruebas de que le habían hecho el submarino seco, entre otras torturas. De a poco, el conurbano duro deja de envidiar la tranquilidad del interior y las pequeñas localidades de la provincia. La expansión de los índices de delitos fue anticipada hace años, justamente, por Eduardo Duhalde cuando era gobernador. Y junto con ella, la vinculación de agentes de las fuerzas de seguridad. Como el fusilamiento por la espalda a dos menores en José León Suárez en medio de la confusión por el descarrilamiento de un tren que, según vecinos de la villa, tuvo que ver con un ajuste de cuentas porque unas horas antes había muerto un subteniente cerca del lugar. O la desaparición del cuerpo de Luciano Arruga después de haber estado detenido en la comisaría. O el asesinato con torturas a Carlos Fretes, un militante de 22 años, que derivó en la intervención total de una comisaría en Florencio Varela previa mediación del vicegobernador Gabriel Mariotto.

Hoy, el debate por la seguridad en tierra bonaerense apunta con mayor o menor fuerza a quitarle poder de acción a la policía de la provincia de Buenos Aires y a algunos sectores de la Justicia. Hacia ahí se encamina el texto final para la creación de la Policía Judicial y a lo mismo apunta la autonomía de los defensores oficiales que asisten en el 80 por ciento de las causas judiciales.

Apoyo de Scioli

El miércoles, en el primero de los ocho foros públicos impulsados por el Senado bonaerense, los sectores políticos y organizaciones de derechos humanos encontraron una señal de acompañamiento por parte del Gobernador, que participó del debate sin su ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, ni otro colaborador de su cartera. Así, Daniel Scioli apoyó el debate sobre el proyecto de creación de la Policía Judicial que su jefe de Gabinete, Alberto Pérez, envió al Senado en diciembre pasado. El proyecto oficial está basado en un texto realizado por la Comisión Provincial por la Memoria aunque Pérez omitió algunas restricciones ?claves? para ingresar al cuerpo y disminuyó el control al que pueden llegar a ser sometidos los nuevos investigadores. Es que más allá de los nuevos acuerdos hay resistencias en la ?letra chica? del proyecto que no es un tema menor, según reconocen tanto en el Ejecutivo como en la CPM. Los recaudos son para ?no contaminar? al nuevo cuerpo de investigadores policiales con policías que actúan en connivencia con bandas delictivas, explicaron desde la Comisión.

A fines de 2010, el ministro Casal y el subsecretario de Política Criminal e Investigaciones Judiciales, Cesar Albarracín, presentaron su propio proyecto de Policía Judicial. Esa iniciativa planteaba que si bien el cuerpo de investigadores debía responder a las órdenes de los fiscales iban a depender del Ejecutivo al igual que la Policía Bonaerense. El proyecto nunca avanzó en el Senado y, cuando la gestión de Scioli renovó mandato en la Gobernación y Gabriel Mariotto accedió a la presidencia del Senado, el gobernador anunció que enviaría un nuevo proyecto de Policía Judicial. Días más tarde Alberto Pérez aseguró a Alejandro Mosquera, secretario Ejecutivo de la CPM, que el gobierno iba a apoyar que el cuerpo de investigadores dependa completamente del Poder Judicial a través de la Procuración General de la Suprema Corte, hoy a cargo de María del Carmen Falbo. En el foro de debate del miércoles, el mandatario provincial precisó en su exposición sobre los puntos ?claves?. Dijo que su iniciativa garantiza la selección de los miembros de la Policía Judicial por concurso público y sostuvo que ?prevé la incompatibilidad para aquel que se encuentre sospechado de haber participado o convalidado hechos de tortura?. Indicó además que ?se establece un control externo de informes anuales como corresponde a la Legislatura?. Desde la primera fila lo escucharon el ex vicepresidente del Senado y actual secretario de seguridad de la Nación, Sergio Berni; el presidente y el vice de la Cámara baja, Horacio González y José Ottavis; los presidentes de las comisiones de Seguridad, el diputado Iván Budassi y el senador Jorge D´Onofrio; y otros legisladores, entre ellos la vecinalista marplatense Alejandra Martínez. Pero en la lista de más de 60 oradores fue casi unánime el pedido para que se modifique el proyecto oficial en las restricciones y mecanismos de ingreso y sobre la forma en que será controlado el accionar de los investigadores.

En ese sentido, el diputado por Nuevo Encuentro y ex titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y ex vice-ministro de Seguridad bonaerense, Marcelo Saín, subrayó que ?hay que ser respetuosos del trabajo de la CPM?. Sostuvo que la Policía Judicial ?tienen que tener control político? aunque añadió que también debe ?tener una agenda propia de investigación y fondos reservados? destinados a la investigación de delitos ligados al poder político, judicial y policial.

Por su parte, la CPM que en su proyecto original prohibía el acceso a todos los agentes de la Policía Bonaerense, aceptó que no podía restringir a priori el traspaso de miembros de la Policía Científica al cuerpo de investigadores judiciales, pero sí sostuvo la incompatibilidad a miembros de servicios de seguridad privada.

?No tenemos que ser ingenuos ?expresó Mosquera-. Ese es una canal de ingreso para exonerados de la fuerza?, defendió. La Comisión también mantuvo la creación de un observatorio de legisladores y ciudadanos para seguir el funcionamiento de la Policía con acceso a toda la información interna como método de control externo.

Sobre las restricciones de ingreso a los policías, el presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja, Iván Budassi dijo a LA CAPITAL que ?es algo legalmente complejo porque se presume a todos sin distinción?. Por eso en el nuevo proyecto de la CPM-Convergencia deja en manos de una Junta Evaluadora la incorporación de personal de otras fuerzas, con concurso de antecedentes y oposición, como a cualquier otro aspirante.