Gustavo Demarchi volvió a considerarse ayer un perseguido frente al juez Santiago Inchausti, quien lo recibió en el juzgado para indagarlo por los delitos de lesa humanidad que se le imputan durante el período 1975-1976 en Mar del Plata.

Tal como lo había argumentado en su fallido pedido de asilo político en Colombia, país desde el cual llegó extraditado el viernes por la noche, el ex fiscal federal acusado de participación en homicidios cuya autoría material se le imputa a miembros de la CNU (Concentración Nacional Universitaria) dijo que su condición es la de un perseguido y responsabilizó a funcionarios judiciales de esta ciudad.

Demarchi se negó a declarar sobre los delitos que se le imputan y también a responder preguntas, pero durante más de una hora y media se explayó sobre cuestiones procesales que a su entender son irregulares y que constituirían nulidades.

Si bien durante la audiencia fue asistido legalmente por su hijo, el abogado Juan Manuel Demarchi, el imputado anunció que a partir de ahora asumirá su propia defensa.

Vestido con un pantalón de jean, mostrando la barba crecida, zapatillas deportivas, un pulóver y una campera, Demarchi descendió de un patrullero de la Policía Federal poco antes de las 9 e ingresó custodiado al edificio de Viamonte y Bolívar. Al lugar también llegaron su esposa, una hija y su hijo, el que tuvo una actitud que sorprendió a los periodistas apostados en el lugar: desde su automóvil tomó fotografías con un teléfono celular.

Demarchi había llegado a la Argentina el viernes a las 20.25 en el vuelo de Aerolíneas Argentinas procedente de Bogotá. Tras realizar todos los trámites de ingreso al país y permanecer en el área de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) Demarchi fue trasladado vía terrestre a Mar del Plata.

En la sala de audiencias, además del juez Inchausti, estaba presente el fiscal Pablo Larriera, quienes escucharon el monólogo de Demarchi. Lo primero que dijo fue que no se iba a referir en su declaración a los hechos que se le imputan e indicó que no iba a responder preguntas.

La estrategia de Demarchi fue la de abordar cuestiones técnicas en relación al proceso que se lleva adelante y luego hizo una larga nómina de menciones a episodios y desenlaces que son irregulares a su entender o que pueden derivar en nulidades.

En un pasaje de la declaración, Demarchi expuso que se encontraba allí como víctima de una persecución y responsabilizó a una serie de funcionarios de la Justicia Federal de Mar del Plata. Esta postura fue la misma que el ex candidato a intendente por el peronismo en 1983 presentó en Colombia el año pasado, cuando solicitó status de refugiado político. En aquella ocasión también había expresado que jueces de Mar del Plata (e incluso el Gobierno nacional) lo perseguían por razones exclusivamente políticas.

Ayer, eludiendo cualquier pregunta que no tuviera relación con actos procesales, Demarchi sólo anticipó que se reservaba el derecho de declarar sobre los delitos que se le imputan en el momento que lo considere oportuno.

Ahora el juez Inchausti cuenta con 10 días para sobreseer o dictar la prisión preventiva a Demarchi, quien por lo pronto aguardará esa decisión en la Unidad Carcelaria de Marcos Paz, a donde fue trasladado ayer.

A Demarchi se lo acusa de no haber investigado en su cargo de fiscal federal los crímenes que se atribuyen a la CNU, agrupación de la derecha del peronismo militante. Y también de haber facilitado desde su cargo judicial los delitos perpetrados por la CNU.

Este grupo de la ultraderecha peronista cometió crímenes que fueron considerados de lesa humanidad por encontrarle una relación directa con el Estado nacional, en especial a través del vínculo con la Triple A.

La denominada causa CNU tiene a 18 personas vinculadas que afrontan distintas acusaciones, algunas de las cuales están detenidas, otras en libertad y tres de los principales imputados, prófugos.

La etapa que se investiga va de comienzos del año 1975 a mediados de 1976 e incluye 16 asesinatos atribuidos a esa organización que estaba integrada por militantes de la extrema derecha peronista. Estos crímenes, tal lo resuelto por la Justicia, fueron ejecutados por la CNU bajo la coordinación de la Triple A y el respaldo del Estado nacional. El objetivo era el exterminio de militantes peronistas de izquierda.

El 23 de marzo de 1975, un día después de que fuera asesinado Ernesto Piantoni, máximo dirigente de la CNU en Mar del Plata, un grupo operativo asesinó al militante universitario Enrique "Pacho" Elizagaray (22), a su tío Jorge Enrique Videla (50), militar retirado y a los dos hijos de éste: Guillermo Enrique (22) -estudiante y empleado del ACA- y Jorge Lisandro (16), quien militaba en la Unión de Estudiantes Secundarios (UES). Esa noche también fue asesinado el médico Bernardo Alberto Goldenber (30).

Otros dos homicidios tuvieron lugar el 24 de abril: las víctimas fueron los contadores Norberto Daniel Gasparri y Jorge Alberto Stoppani.

Sin dudas que el crimen de la licenciada María del Carmen Maggi, decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Católica, el 9 de mayo de 1975, es uno de los más resonantes de la causa.

Sereno y agotado

Tanto en el momento de la audiencia de ayer como en su arribo, a Demarchi se lo observó sereno y con gesto de agotamiento, quizá por el viaje de varias horas que pesaba su cuerpo.

Su esposa, su hija y otros allegados permanecieron por más de tres horas en el Juzgado, aunque sólo su hijo pudo ingresar, naturalmente, a la audiencia. Antes del mediodía fue permitido el contacto directo entre los familiares y Demarchi, quien fue aprovisionado de algunos enseres para que los lleve a su nuevo lugar de alojamiento.

Cerca de las 14, un patrullero de la Policía Federal volvió a recibir a Demarchi en su asiento trasero y se inició de esa manera su traslado hasta Marcos Paz. Según trascendió de fuentes extraoficiales, no hubo pedido de Demarchi para alguna unidad penitenciaria específica, por lo que llamó la atención que la elegida estuviera a casi 400 kilómetros de Mar del Plata. Una versión sostiene que Demarchi no fue alojado en Batán para evitar el contacto con los demás imputados de la misma causa.