Pedro Federico Hooft, actualmente suspendido en sus funciones de juez, aclaró los motivos por los cuales no se presentó a prestar declaración indagatoria en la causa que se le sigue en la Justicia Federal de Mar del Plata, donde se lo acusa por delitos de lesa humanidad.

Explicó que si bien "en la buena doctrina judicial se sostiene con fundamento que la declaración indagatoria es la oportunidad para el ejercicio concreto para la defensa en juicio, lamentablemente no lo es en este caso, ya que en esta causa, y muy particularmente en los últimos tiempos se ha violado sistemáticamente el derecho constitucional de la defensa en juicio, lo cual significa, que a la persona citada -como me ocurre a mí en este caso puntual-, a quien reiteradamente se le ha denegado arbitrariamente la enorme mayoría de las pruebas ofrecidas por la Defensa, que permitirían demostrar la falsedad de las imputaciones, no cuenta con las garantías mínimas, para que ese acto, la declaración a indagatoria se lleve a cabo, conforme a la Constitución, y sin presiones externas".

Explicó que "sería largo enumerar todas las pruebas relevantes de la Defensa, no aceptadas" por el juez subrogante, Martín Bava, "sin fundamentación alguna para esa denegación". Y añadió que sin embargo "el juez insiste en convocar a prestar declaración indagatoria, sin indicar mínimamente cuáles son los hechos sobre los cuales debe versar la declaración, cuáles serían los delitos que tales hechos que eventualmente configurarían y cuáles son las pruebas de las que hipotéticamente surgiría mi responsabilidad. Esa citación, carente de toda fundamentación por parte del juez, viola palmariamente las garantías de defensa en juicio, es decir quién debe declarar no sabe cuáles son los hechos que a criterio del juez son los que constituirían delito y sobre los cuales podría brindar las explicaciones ".

Al pedírsele un ejemplo concreto, Hooft dijo que "dentro de las extensas e incongruentes denuncias, se incluye lo relacionado con la investigación que llevara a cabo con motivo de la 'trata de personas' (desaparición y asesinato de mujeres en situación de prostitución), causa en la cual se lograron avances importantes hasta tal punto de haberse podido dictar varias sentencias condenatorias. Me pregunto aquí: ¿investigar la trata de personas y la corrupción que gira en torno a ella, para el juez que lo lleva adelante es un delito o es defender los derechos humanos en toda su integridad?"

Más adelante expresó que concretamente no concurrió a la citación a prestar declaración indagatoria por varias razones más. "Primero, el juez Bava mediante actos concretos y reiterados en la causa ha puesto en evidencia su manifiesta parcialidad, siendo que la imparcialidad es una precondición necesaria fundamental para que pueda existir un juicio justo; segundo, esa parcialidad se ha manifestado también con el permanente trato desigual y agravante respecto de mis abogados defensores (Héctor Granillo Fernández, Mariano Ayesa y Pedro Federico Guillermo Hooft), a lo que se añade lo ya referido a la no aceptación de la prueba ofrecida por la defensa reiteradamente desde el comienzo de la causa. Muchos testigos de enorme importancia para conocer la verdad de los hechos no han sido aún citados por el juez, sin dar explicación alguna al respecto. Como ejemplo paradigmático cabe mencionar el testimonio de una persona de reconocida trayectoria nacional e internacional en la defensa de los Derechos Humanos como es Julio Strassera (fiscal del juicio a las Juntas Militares de la dictadura)".

"No hay una defensa corporativa"

Tras indicar que nuevos actos de parcialidad "dieron origen a una recusación contra el señor juez (pedido de apartamiento de la causa), recurso que se encuentra pendiente de resolución", aclaró que "al no comparecer a la citación indagatoria, en forma inmediata lo puse en conocimiento del Jurado de Enjuiciamiento en forma documentada".

En este contexto, Hooft aseveró que "todo esto indica que lejos de querer entorpecer la acción de la Justicia, mi deseo y la de mis letrados defensores es que se reciban todas las pruebas con absoluta imparcialidad para que se conozca la verdad de los hechos. Si se analizaran todas las pruebas ya presentadas y se recibieran los importantísimos testimonios ofrecidos, mi absoluta inocencia quedaría demostrada", remarcó. Y aclaró: "Esto adquiere para mí una absoluta importancia después de casi 47 años de desempeño en la Justicia de la Provincia de Buenos Aires y más de 40 años de docencia".

También rechazó que exista una ?defensa corporativa de su actuación como juez", a la luz de los numerosos documentos y adhesiones que se recibieron en las últimas horas. "En realidad, lejos de tratarse de 'defensas corporativas' estamos aquí en presencia de respuestas de ciudadanos que, conscientes de sus responsabilidades en un Estado constitucional y democrático de derecho, ejercen un derecho básico que es el de dar a conocer su opinión, sobre temas que consideran de interés para toda la comunidad, tal como lo han hecho desde hace muchos años", dijo Hooft.

Finalmente manifestó que "esa inquietud y opinión libre que ha exteriorizado la propia ciudadanía, lejos de limitarse a personas vinculadas en forma directa a la actividad judicial (jueces, funcionarios, auxiliares de la justicia y abogados) se extiende a muchísimos otros, de diversos ámbitos, y que ejercen su derecho de ciudadanía, relativo a la libertad de expresión en temas que generan interés social, derecho que garantiza la Constitución Nacional".