"Es preocupante la cantidad de usurpaciones de propiedades que se registran en el partido de General Pueyrredon", señaló el doctor Héctor Mascitti, y enseguida expuso como ejemplo que "en Estación Camet, tenemos unas 50 usurpaciones de terrenos". Todo lo anterior no constituye solo una expresión de alerta, sino que es el fundamento de una demanda que realizó tanto Mascitti como su colega Matías Zapata, con el patrocinio letrado de la abogada Lucía Moreno ante la Justicia local. El objeto es recuperar un terreno en el que los vecinos del paraje "El Tejado" instalaron una cancha de fútbol con arcos, redes y un espacio de esparcimiento para todos los residentes en el lugar y que fuera "usurpado" según el letrado, parcelado en 6 lotes y vendido, previo alambrado del perímetro.

Mascitti detalló que "comenzamos por presentar una denuncia penal por usurpación ante una fiscalía, que la desestimó por esa normativa que ampara a quien utiliza cualquier medio, incluso apócrifo para certificar que le pertenece la propiedad de un terreno. Digamos que archivó esta presentación creemos sin investigar a pesar de la recomendación dada por el fiscal general al respecto".

"Esto -subrayó- hizo que acudiéramos a la justicia Civil y Comercial interponiendo una demanda por 'interdicto de recobrar la posesión', que se tramita, en la instancia de período de prueba, ante el juzgado 8 del doctor Hernán Felix Krzyszycha".

"Gracias a estas maniobras ilegales (o que la Justicia se encargará de certificarlas como tales) una inmobiliaria se apoderó del terreno que pertenece a una persona fallecida -y a otros socios por lo que mal podrán haber cedido ahora el dominio de la propiedad-, y con la intervención de un agrimensor lo mensuró y loteo, dividiéndolo en 6 fracciones, las que procedió a vender, previo alambrado del perímetro de estas tierras", aseguró el abogado.

Y continuó: "pero lo grave del caso es que no se trata aparentemente de actos subrepticios o clandestinos, como para que la Justicia no les impute a sus autores de este delito, sino de hechos amparados en una normativa que debería prevenir estos episodios siendo más restrictiva".

"No puede ser -acotó- que presentando un boleto de compraventa que puede hasta ser apócrifo, ya que su autenticidad no se investiga, o una factura de un servicio, como podría ser incluso la de un teléfono celular, se obtenga el correspondiente certificado de domicilio, que le permite a una persona ocupar un terreno que pueda adquirir de mala o buena fe, pero que pertenece a otra persona que no es éste y muchas veces tampoco el que se lo vendió".