Aunque el gobierno bonaerense dejó en claro su intención de instar a los negocios de todos los rubros a aceptar pagos con tarjetas de crédito y débito, asociaciones de comerciantes de Mar del Plata se mostraron en contra de hacer obligatorio el uso de esta forma de cobro.

El director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), Iván Budassi, solicitó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que exhorte a los comerciantes a utilizar terminales electrónicas de pago.

La semana pasada, el funcionario se reunió con el presidente del Banco Provincia, Gustavo Marangoni, para analizar la posibilidad de financiar el costo de la colocación de los dispositivos.

En paralelo, la Legislatura bonaerense tiene en tratamiento un proyecto de ley para obligar a los negocios a habilitar medios de pago con tarjetas. La iniciativa, redactada por Gustavo Oliva (Frente para la Victoria), ya fue aprobada por la Cámara de Senadores, pero falta la sanción de Diputados para que entre en vigencia.

La Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata (UCIP) criticó duramente el proyecto, al que calificó como una "irracionalidad legislativa".

La entidad empresarial mencionó que ?el sistema de tarjetas de crédito es un negocio privado?, por lo cual ?que el Estado legisle obligando a un particular a contratar el servicio de otro particular es total y absolutamente inconstitucional, ya que atenta contra la libertad de contratación y el derecho de libre elección, entre otros?.

En un comunicado que lleva la firma de su presidente, Raúl Lamacchia, agregó que "la única obligatoriedad de medio de pago que puede establecer el Estado es la moneda de curso legal, que no es un negocio privado sino que es emitida y administrada por el propio Estado?.

?Lo que ahora se pretende es crear un nuevo medio de pago obligatorio similar a la moneda, pero en beneficio de particulares que explotan ese negocio privilegiados por el Estado a través de una ley?, lanzó.

La UCIP indicó que ?existen muchos comercios minoristas que no pueden afrontar el alto costo del posnet y de los gastos bancarios, con lo que quedarían expulsados del mercado por esta decisión del Estado que no resiste ningún análisis desde el punto de vista jurídico?.

El servicio de terminales de venta electrónica se compone de un dispositivo electrónico que transfiere electrónicamente el dinero de una cuenta bancaria a otra. Así, procesa los pagos que los clientes hicieron con tarjetas de débito o crédito. La transferencia se puede realizar vía línea telefónica, por terminales móviles, conexiones vía celular o mediante internet.

Colocar un dispositivo para cobrar con tarjeta de crédito y débito cuesta entre 133 y 360 pesos por mes, según el tipo de aparato y la empresa que se contrate. En el país hay tres compañías de tarjetas de crédito que ofrecen el servicio: Mastercard, Visa y American Express.

Un dispositivo que necesita estar conectado a la línea de teléfono cuesta entre 133 y 262 pesos, mientras que uno inalámbrico sale entre 254 y 360 pesos.

El titular de ARBA aseguró que el objetivo del gobierno de Daniel Scioli es encontrar la forma de abaratar los costos que tiene el sistema para que "ya no existan excusas para implementarlo y todos los consumidores puedan pagar con tarjeta".

El proyecto de Oliva contempla que el Estado intervenga en la adquisición de la tecnología necesaria para implementar el sistema y opere de intermediario en los acuerdos que deban realizarse relacionados con el costo de las transacciones.

En ese sentido, habilita al Banco Provincia a "otorgar beneficios a aquellos cuya capacidad económica financiera haga conspirar contra el cumplimiento de lo establecido en el proyecto (como la apertura de cuentas gratuitas), y fundamentalmente, establece parámetros de referencia en el mercado privado de los agentes financieros que necesariamente intervienen", explica Oliva en los fundamentos.

Balnearios y restaurantes

Según datos de ARBA, el 80% de los bares, restaurantes y hoteles fiscalizados en la costa no acepta que sus clientes paguen con tarjeta de crédito o débito.

El presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica local, Eduardo Palena, admitió que no tener tarjeta es "una desventaja" para los comerciantes, pero aseguró estar en desacuerdo con establecer la obligatoriedad.

"Cada uno maneja el comercio a su criterio. En hotelería, todos tienen pago electrónico. En gastronomía es común que no lo tengan. Lo que pasa es que hay una realidad. Según un estudio de la Fehgra (Federación de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos), la rentabilidad en el sector gastronómico es del 6%", puntualizó.

Palena marcó que cuando un cliente paga con tarjeta de crédito hay una retención de Ingresos Brutos "tanto por la tarjeta como por el banco que acredita el pago". Generalmente "la suma de esas dos retenciones es superior al impuesto a pagar", por lo que justificó que haya restaurantes que no ofrezcan la opción del pago electrónico. Esteban Ramos, secretario de la Cámara de Balnearios, Restaurantes y Afines de la Costa de Mar del Plata (Cebra), aseguró que, en lo que refiere al alquiler de carpas y sombrillas en la playa, el 90% por ciento trabaja con tarjetas. "Distinto ?dijo? es el caso de los otros negocios que están en la playa".

El presidente del Banco Provincia, Gustavo Marangoni, afirmó que usar tarjetas "es más seguro para la gente porque evita la necesidad de andar con efectivo". Y subrayó que los medios electrónicos de pago son "una garantía a la hora de evitar la evasión de impuestos y la informalidad fiscal".

Para la UCIP, sin embargo, la evasión impositiva ?debe atacarse de otra manera y no cargando mayores costos administrativos sobre el comerciante?.

La iniciativa que trata la Cámara de Diputados provincial apunta, según su autor, a "potenciar uno de los instrumentos que fomentan el desarrollo social, con impacto en la reducción de la economía informal, la actualización tecnológica, la incorporación de un nuevo medio de pago y la bancarización de las transacciones, que permite la optimización de los servicios financieros, con la consecuente reducción de costos de las empresas, comerciantes y profesionales".

A la vez, expandiría los productos financieros y permitiría "la reducción del circulante de moneda de curso legal", lo que proporcionaría "mayor seguridad al ciudadano en la vía pública".

La utilización de tarjetas de debito o crédito es personalizada, y en tal carácter "no son objeto de robos o hurtos", pues "con la denuncia son automáticamente anuladas". Así, se benefician "tanto el comerciante o profesional como el consumidor final".

Según la UCIP, la Comisión de Usuarios de la Cámara de Diputados bonaerense, que preside Rubén Eslaiman (Frente Renovador), reconoció por unanimidad que la iniciativa representa ?una barbaridad jurídica?, y asumió ante la Federación Económica de la provincia de Buenos Aires (FEBA) el compromiso de no tratarla.