Lejos del revuelo político que generó la declaración de la emergencia en seguridad, con posturas disímiles de funcionarios de la Nación y la Provincia y críticas cruzadas entre el oficialismo y la oposición, jueces, fiscales y abogados de Mar del Plata hicieron advertencias sobre las medidas decretadas por el gobernador Daniel Scioli.

La declaración de la emergencia, según el juez de la Cámara de Apelaciones Manuel Fernández Daguerre, era impostergable. "Si implica ponerse a trabajar en serio en las causas y los efectos que hacen que todos los días estemos en la situación que estamos, es bienvenida", sostuvo. Pero aseguró que el contenido "parece un poco más de lo mismo".

La convocatoria a los partidos políticos, al Consejo de Seguridad y a la mesa de Justicia "es para escucharse mutuamente y tomar decisiones", entendió. También comprendió las críticas que recibió Scioli: "Hace muchos años que está este gobierno, que es del mismo signo político que los anteriores. Deberían reconocer que no han podido solucionar el problema para empezar a buscar políticas de Estado que todos respeten: este gobierno, el que venga, la oposición, la Justicia y el Poder Legislativo".

Acertados, pero...

La fiscal Andrea Gómez consideró "acertados" los anuncios, pero lamentó que algunas decisiones no se hayan tomado antes. "Reforzar la prevención era necesario -señaló-. Si se hubieran analizado los panoramas de los mapas criminales de cada departamental, se hubieran tomado medidas paulatinas. Hace diez años que pido la utilización de chalecos fosforescentes y el control de la entrada y salida de los asentamientos, sin que eso signifique estigmatizar a la gente que vive en barrios suburbanos o en asentamientos, porque la realidad nos demuestra que son las primeras víctimas".

A su entender, las restricciones horarias para la circulación de dos personas en una misma moto no son necesarias. "Si la mayoría de los motochorros maneja motos robadas, lo que hay que hacer es tratar de controlar las vías de circulación que los conducen a los barrios y zonas conflictivas. Así vamos a ver que el ochenta por ciento de las personas que están vinculadas al delito manejan motos robadas", observó.

"Parecería que sobrevuela un estigma sobre cada persona que circula en moto -interpretó el juez de Garantías Juan Tapia-. Esto debería ser acompañado por datos que demuestren que dos personas a bordo de una moto confluyen en la comisión de un hecho delictivo, y eso es imposible de demostrar. Lo que viene a consolidar es un estereotipo. En todo caso, deberían reforzarse mecanismos de control de la circulación de autos y motos, más que implementarse una prohibición, que tiene un valor simbólico pero no una operatividad concreta en la prevención del delito".

Carencias policiales

A Gómez le pareció "muy interesante" que se destinen 800 millones de pesos al plan de emergencia. "Los fiscales que estamos en la trinchera observamos que los policías no tienen patrulleros, no tienen combustible, no tienen balas ni chalecos. Lo que no comparto es que se saquen los fondos de las utilidades del Banco Provincia: tendrían que haber estado en el presupuesto", diferenció.

El abogado penalista Martín Ferrá, que calificó de "parches" las medidas anunciadas por el gobernador, aportó que la policía "no tiene gente para poner adentro de los patrulleros". Y ahondó: "En 1980 la dotación mínima era de tres efectivos por patrullero. Hoy estoy cansado de ver patrulleros con un solo efectivo. Además, los patrulleros están destruidos porque andan las 24 horas y porque muchos choferes no saben conducirlos".

Los retirados

Ferrá, que fue oficial de policía durante 11 años, desestimó que un gran número de retirados se pueda sumar a la fuerza, como espera el gobierno bonaerense. "Después de 30 ó 35 años de servicio, el policía queda destruido, gastado, no le da ganas de volver nunca más. Y no está en condiciones físicas de volver. Puede estar en un cargo directivo para transmitir experiencia, pero no en un operativo. Es una profesión muy estresante, muy desgastante. Los policías se retiran con el 100 por ciento de jubilación. Si ganan 10.000 pesos en su casa, sin hacer nada, ¿van a querer volver para cobrar lo mismo? No digo que no vuelvan algunos, pero van a ser los menos", advirtió.

El fiscal de menores Walter Martínez Soto coincidió: "Muchos de los policías que están retirados no quieren volver. Cuando uno habla con ellos, están deseando la hora de que llegue el retiro para no volver más".

Las excarcelaciones, un dilema

Tapia cree que las medidas tienen más un efecto simbólico que efectivo. Confronta, por ejemplo, las intenciones oficiales de reducir las excarcelaciones. "Son recetas que han evidenciado su fracaso en términos de prevención y vienen a incrementar una problemática adicional: la superpoblación carcelaria. Hoy, la población carcelaria de la provincia ha excedido ampliamente la cantidad de detenidos que había diez años atrás. Tenemos alrededor de 30.000 personas privadas de su libertad", sostuvo.

"La idea de restringir excarcelaciones supone un problema constitucional grave. Toda persona sometida a un proceso penal se presume inocente, con lo cual debería transitar su proceso en libertad hasta que haya una sentencia condenatoria firme", agregó el juez de Garantías, para quien medidas como estas "no tienen ninguna eficacia en términos de control de delitos vinculados a la criminalidad callejera".

Para Martínez Soto, el hecho de que los acusados no estén en libertad mientras se lleva a cabo el proceso "significaría anticipar una pena cuando todavía no se lo ha declarado culpable".

Criterios disímiles

Gómez cambió el punto de mira: "La ley de excarcelación es muy clara. El tema son los criterios que utilizan los jueces. Lo que habría que hacer es unificar criterios en cuanto a qué vamos a hacer con las excarcelaciones. A mi entender, las interpretaciones que se hacen son demasiado laxas", lamentó.

En la misma sintonía, la fiscal criticó las morigeraciones de las penas: "La ley dice que es para personas que sufren algún impedimento, mayores de 70 años o mujeres en estado de gravidez. Sin embargo, las interpretaciones de los defensores hacen que haya un gran porcentaje de gente excarcelada y con pena morigerada sin los elementos necesarios de control".

Fernández Daguerre cuestionó las generalizaciones. "Estoy harto de que hablen de los jueces como si fuéramos todo lo mismo. Un delincuente que comete un robo a mano armada, con un arma apta para el disparo, no sale: tiene seis años y ocho meses de mínimo".

Nuevas normas

Scioli anunció que presentará un proyecto de ley para que el trámite de excarcelación se realice en audiencia oral y pública con máximas restricciones para reincidentes y los que usan armas. Tapia puntualizó que en los procesos de flagrancia los jueces ya están convocando a audiencias para escuchar las opiniones del fiscal, el defensor y el imputado. "No creo que haya ninguna reforma normativa, sino que hay que profundizar lo que se está haciendo", subrayó.

Gómez se mostró partidaria de las audiencias orales porque "todo lo que sea público es mejor". Y arguyó: "Si no, todo se resuelve en el ostracismo del escritorio de un juez, sin el contralor necesario, que es, en definitiva, el ejercicio de la democracia en una materia tan cercana al desarrollo de nuestra vida diaria".