Los hermanos Victorio y Saverio Gualtieri, constructores de obra pública y receptores de crédito oficial en la década de los '90, durante el gobierno de Eduardo Duhalde en la provincia de Buenos Aires, escucharon ayer los alegatos de la fiscalía y la querella en el juicio que se les sigue por supuesto fraude fiscal .

Penas que van desde los 3 años y 3 meses hasta los 4 años de prisión fueron solicitadas ayer para los empresarios Victorio Américo Gualtieri, Saverio Gualtieri y Hugo Barreña, acusados de haber utilizado el régimen de promoción para lograr diferimientos en el pago del IVA y Ganancias por 4,5 millones de pesos.

La querella a cargo de Mónica Borgonovo, en representación de AFIP, solicitó cuatro años, mientras que el Ministerio Público Fiscal Federal pidió una escala de pena durante la jornada de alegatos del juicio que se celebra ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal.

Los empresarios Victorio y Saverio Gualtieri y Hugo Barreña, quienes integraban el directorio de la firma VAG SA -por las siglas de su presidente-, están acusados de haber utilizado un régimen de promoción para lograr beneficios fiscales, a través de supuestas falsas inversiones. El fiscal Julio Darmandrail, acompañado del fiscal ad hoc Carlos Martínez, pidió para Victorio Gualtieri 4 años de prisión, para Saverio Gualtieri 3 años y 3 meses y para Hugo Barreña, 3 años y 6 meses. Además, para los tres, solicitó la imposición de la pena de inhabilitación especial por el plazo de diez años, para obtener o utilizar beneficios fiscales, contemplada como pena accesoria en el artículo 5 de la ley 24.769.

Los tres empresarios eran presidente, vice y director de la ya quebrada firma Victorio Américo Gualtieri SA (VAG SA), que durante los años '90 resultó adjudicataria de mucha obra pública por la gobernación de Duhalde y recibió créditos del Banco Provincia de Buenos Aires, algunos de los cuáles nunca devolvió.

El trío, según informaron fuentes judiciales, está acusado del supuesto delito de "fraude fiscal" que se habría concretado a través de maniobras de VAG SA en el pago de los impuestos a las ganancias y al valor agregado (IVA) en el marco de la denominada ley de promoción de empresas en las provincias de San Luis, La Rioja y Catamarca.

La operatoria, de acuerdo a la acusación fiscal, consistía en invertir dinero en empresas de aquellas provincias incluidas en los regímenes de promoción, pero inmediatamente esos valores volvían a la empresa como préstamos, sin que la inversión se hiciera efectiva.

Mediante ese mecanismo, se estima, los empresarios conseguían diferimientos impositivos por varios años y sin ningún tipo de interés.

Al comienzo del juicio, la imputación incluía 90 hechos como los descriptos por unos 20 millones de pesos/dólares, pero el tribunal consideró que muchos de ellos adolecían de defectos formales y dejó en pie solamente tres casos por 4,5 millones de pesos/dólares.