por Ramiro Melucci

Veinte años después de la aprobación del nuevo texto de la Constitución Nacional, Daniel Sabsay está convencido de que, de la letra que se terminó de estampar el 22 de agosto de 1994, fue más lo que se incumplió de lo que se llevó a la práctica. Abogado constitucionalista, profesor de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires y presidente del consejo asesor de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Sabsay participó la semana pasada de una charla en la Universidad Caece de Mar del Plata. Antes de volver a Buenos Aires, aceptó responder algunas preguntas de LA CAPITAL.

-Se cumplieron 20 años de la reforma de la Constitución. ¿Qué balance hace?

-Es un balance con claros y oscuros. Si uno va a la ley de declaración de necesidad de la reforma, había claramente dos aspectos que se iban a reformar. Uno era el núcleo de coincidencias básicas, que apuntaba a dos objetivos: reelección y atenuación del presidencialismo. La otra parte eran los temas habilitados a la Convención Constituyente, que tenían que ver, fundamentalmente, con los aspectos dogmáticos: más derechos, la jerarquización de los tratados internacionales, la reivindicación de los pueblos originarios, entre otros puntos. En cuanto a la atenuación del presidencialismo, no sólo no se cumplió, sino que desde 1983 nunca ha sido tan vigoroso, con la característica de un Ejecutivo absolutamente avasallante. Así que algo falló.

-¿De la reforma propiamente dicha?

-No creo que haya que adjudicarle todo a la reforma. El problema es cómo se operó. Mucho directamente ni se aplica, y la mayor parte de lo que se aplica se lo hace en sentido opuesto.

-Mencionó aspectos dogmáticos. ¿Qué sucedió con ellos?

-Ese capítudo ha tenido, evidentemente, un desarrollo muy interesante. Adjudico esto en gran parte al Poder Judicial. Por caso, el trabajo entre organizaciones no gubernamentales, los grupos de ciudadanos concientizados y la respuesta de la Justicia, que en general fue muy auspiciosa, como por ejemplo con la habilitación del amparo colectivo, que era de difícil interpretación y la Justicia lo amplió a más no poder para proteger el ambiente, a consumidores y usuarios, el género y la discapacidad, aunque no se ha visto suficientemente bien seguido por políticas públicas desde el Ejecutivo.

-¿Sería conveniente otra reforma?

-No, me opongo totalmente por una cuestión muy sencilla: si de una reforma que tiene 20 años todavía no se cumple ni la mitad, o más de la mitad de lo que se hizo, ¿para qué vamos a volver a reformar? Demostremos que somos capaces de cumplir lo que ya está, veamos qué pasa y luego, eventualmente, veamos si es conveniente otra reforma. Las veces que ha habido tentativas de nueva reforma fue para ampliar la reelección presidencial. Todo lo demás fue espuma. Lo que realmente se perseguía era eso, no nos hagamos los sonsos. Tanto es así que después de la última elección en que pierde el oficialismo y ya era imposible lo de 'Cristina eterna', nunca más se habló de la reforma.

-En algunas exposiciones, se ha mostrado proclive a que la Argentina vaya hacia un sistema semipresidencialista. ¿Podría describirlo brevemente?

-Es el que impera en Francia desde 1958 a instancias del general (Charles) De Gaulle, cuando se inauguró la Quinta República. Es una combinación de elementos presidencialistas y parlamentarios. Por un lado hay un titular del Ejecutivo que es elegido por sufragio universal. El Ejecutivo tiene importantes poderes propios y, por otro lado, hay un gabinete que también integra el Poder Ejecutivo, a la cabeza del cual hay un primer ministro que tiene la administración general del país. Ese gabinete se relaciona con el parlamento de una manera bastante parecida al parlamentarismo. Este sistema ha demostrado, donde se ha aplicado, ser muy flexible y dinámico para contener las viscisitudes que se van produciendo en la sociedad. Yo creí en esto cuando integré el Consejo de Consolidación de la Democracia, en la época de Alfonsín, y pensaba que desde la letra constitucional se podían solucionar las cosas. Hoy tengo otra postura: creo que, por más normas que haya, si no hay una cultura de cumplirlas no van a convertir la realidad en oro, como el Rey Midas.

-Y si no es hacia un sistema semipresidencialista, como creía entonces, ¿hacia dónde debería dirigirse la Argentina?

-Debería ir hacia una república, hacia un sistema con separación de poderes en que el Ejecutivo no tome facultades legislativas y judiciales, en que no presione a los jueces, en que no ponga jueces amigos, y en que realmente el federalismo sea una realidad, no una fantochada. El Ejecutivo, por decreto, ha tomado prácticamente todos los fondos y tiene en un puño a los gobernadores porque, si no, no pueden pagar ni los sueldos de sus funcionarios públicos. Después veremos si hay que ir al parlamentarismo. En un sistema que demuestra tan poca vocación de encuadrarse en las normas de la república, el problema no es de rótulo, sino que es mucho más esencial.

-En este sistema, ¿cómo considera que la Justicia pone en práctica su rol?

-En lo que hace a la vigencia de derechos y garantías, ha sido una excelente operadora. Pero si tengo que analizarla en función de la custodia de la transparencia y la penalización de los funcionarios que han cometido hechos de corrupción, el examen da para aplazo. Los jueces que están en los lugares clave, donde se juzgan los delitos contra la administración pública, como los que tienen que ver con la coima y los desfalcos fiscales, son amigos (del Gobierno). Y si no lo son, saltan como desechos. El Consejo de la Magistratura ha sido distorsionado completamente en lo que fue el objetivo de la reforma, desde el momento en que hay una mayoría del estamento político. Se quería 'despartidizar' la modalidad de designación de jueces y fuimos a un sistema peor que el anterior. Lo que sí destaco es el desempeño de la Corte Suprema que se inauguró en 2003. Es una Corte cuyos claros son más importantes que los oscuros. Se integró, recordemos, con los integrantes rescatables que habían sido designados por el doctor (Raúl) Alfonsín, y por designaciones muy buenas que se realizaron en la primera época del kirchnerismo, la que yo llamo la 'época de seducción', donde había que construir poder. Cuando se construyó, se hizo pedazos todo, pero eso no lo pudieron destruir. La Corte es apoyada por la sociedad, que ve que es el único límite.

-¿La autonomía de los municipios también forma parte de los incumplimientos?

-La reforma de la Constitución exige en el artículo 123° que las provincias reconozcan la autonomía, conforme ciertos estándares, a todos sus municipios. Y vemos que tres provincias no lo han cumplido. A la cabeza está Buenos Aires; las otras son Santa Fe y Mendoza. Es una vergüenza, lamentable. Es una manda constitucional y no se cumple. Los municipios son minusválidos. Más de la mitad de la población vive en municipios en los que no se cumple el estatus jurídico que tienen que tener.