14 de May de 2015

El Ejecutivo critica los proyectos sobre las estaciones de servicio

El director de Inspección General dijo que el gobierno local "hace tiempo que viene trabajando" en el tema. Y aseguró que el Plan Estratégico debe decidir en qué lugares se deben instalar y en cuáles no.

En pleno debate sobre un proyecto para prohibir la instalación de más estaciones de servicio en el macrocentro, y después de que un concejal opositor propusiera crear un protocolo para revisar el estado en que se encuentran, el director de Inspección General, Eduardo Bruzzeta, salió a aclarar que el Ejecutivo "hace tiempo que viene trabajando en el tema" y cuestionó las iniciativas.

El funcionario dijo a LA CAPITAL que "hace tres años y medio" el intendente Gustavo Pulti creó por decreto una comisión para hacer un seguimiento de los depósitos de hidrocarburos en Mar del Plata. Está conformada, según detalló, por integrantes de la Secretaría de Planeamiento Urbano, Obras Sanitarias, la Dirección de Gestión Ambiental, la Dirección de Inspección General y el Departamento de Seguridad Industrial y Comercial.

"Nos reunimos periódicamente. Hacemos un seguimiento de quiénes son los titulares, si son personas físicas o jurídicas, y los asesoramos respecto a los pasos que tienen que dar para cambiar de destino un establecimiento", señaló Bruzzeta.

Afirmó que Cristian Azcona, el concejal del Frente Renovador que presentó un proyecto para crear un protocolo que registre las características de las estaciones abiertas y cerradas, "en ningún momento ha pedido ningún informe a la comisión de seguimiento de depósitos de hidrocarburos ni ha solicitado una entrevista".

Subrayó que hay "normativa a nivel nacional y provincial para hacer un buen trabajo en todos los establecimientos y, al mismo tiempo, hacer un seguimiento y evitar que los pasivos ambientales provoquen un daño en la zona y los vecinos".

También explicó los pasos que hay que dar después del cierre de una estación de servicio y el rol que tiene el municipio: "Hay que hacer un estudio para ver si existe o no pasivo ambiental en el subsuelo a causa del derramamiento de nafta, gasoil o cualquier otro combustible. Si eso se determina, de acuerdo al grado de contaminación, se intima al propietario a que realice los trabajos de remediación necesarios para poder autorizarlos a que retiren los tanques".

Es decir que "los tanques no se tienen que retirar de una", sino que "hay todo un proceso". Lo detalló: "Se tienen que retirar junto con la tierra contaminada a través de empresas que están inscriptas en un registro de la Secretaría de Energía de la Nación. Son empresas habilitadas para hacer esos trabajos, que son específicos. Trabajan con materiales peligrosos. Esos tanques y las tierras con los barros contaminados tienen que ser extraídos por personal especializado y llevados en vehículos habilitados para transportar materiales peligrosos. Deben ser depositados en predios habilitados especialmente para esa clase de materiales. No hay muchos en la provincia de Buenos Aires".

La tierra extraída, a su vez, debe tratarse para ser repuesta en el lugar. "Son pasos que se siguen a través de un monitoreo continuo de las áreas que componen no sólo la Secretaría de Energía de la Nación y el OPDS (Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible) sino de la comisión de seguimiento de hidrocarburos creada por el intendente Pulti", comentó.

Según el funcionario, "muchas de las estaciones de servicio cerradas están en proceso de realizar estos trámites", mientras que otras "no han cumplimentado en tiempo y forma los requisitos del protocolo establecido". Como ejemplo de una obra que estuvo frenada puso la de la estación ubicada en Jujuy y 9 de Julio: "Había avanzado sin permiso hasta que se pudo parar la obra. Presentaron una serie de requerimientos para que les diéramos la autorización. Así, hay otras que lamentablemente sus propietarios, en muchos casos personas jurídicas, no responden a las intimaciones realizadas. Las monitoreamos permanentemente".

Bruzzetta tampoco se mostró de acuerdo con el proyecto del radical Nicolás Maiorano que contempla prohibir en el centro y macrocentro la habilitación de más estaciones de servicio y aplicar incentivos en los indicadores urbanísticos para quienes inviertan en las que fueron cerradas.

"No creo que un profesional del derecho pueda tener demasiado conocimiento sobre qué zona es mejor o peor para poner estaciones de servicio. Hay que analizarlo dentro del Plan Estratégico", lanzó. Y, en una chicana a la UCR, dijo que en otras épocas "esos 'inversores' se aprovechaban del desmanejo ambiental" que había en el municipio.

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