6 de September de 2015

El derrocamiento de Yrigoyen: el comienzo del autoritarismo institucional

El primer golpe de estado de la Argentina contemporánea impide la consolidación de una genuina tradición democrática cristalizando y amplificando las tendencias de violencia como forma de resolución de las problemáticas políticas, económicas

Por Dr. Miguel Angel Taroncher(*)

El 6 de septiembre de 1930 un golpe de estado derrocó a Hipólito Yrigoyen. Este acontecimiento supuso el quiebre de la primera experiencia de un gobierno democrático en la Argentina del siglo XX, interrumpiendo lo que hubieran sido dieciocho años de continuidad de un mismo partido en el gobierno gestionando el Estado y acumulando poder. El radicalismo se había convertido en una eficiente maquinaria de ganar elecciones y en este despliegue de su fuerza electoral había consagrado por segunda vez como presidente al virtuoso y enigmático caudillo que conducía el primer movimiento de masas de integración social de la Argentina contemporánea. Las clases medias habían adquirido su carta de ciudadanía pero la profundización del proyecto democrático encontró severos obstáculos provenientes del frente económico externo, los efectos de la crisis de Wall Street que impactaron negativamente en la economía nacional y los de una compleja situación política nacional. El panorama interno estaba signado por una profunda crisis política determinada por la hegemonía electoral del oficialismo que en cada nueva elección relegaba a los partidos opositores al rol de permanente oposición volcándolos hacia salidas extraconstitucionales. La violencia política dominaba el panorama en las intervenciones oficialistas en las provincias de Cuyo y los grupos nacionalistas y radicales yrigoyenistas de choque callejero tenían el espacio público como escenario de sus disputas. La deteriorada salud del anciano presidente impulsó una sorda lucha faccional por la sucesión en el seno del partido y el gabinete nacional, paralizando muchas iniciativas y dinámicas administrativas. También debemos sumar como elemento gravitante en el consenso para clausurar la experiencia radical, el cumplimiento de una plataforma que, en una Argentina liberal, propugnaba una mayor intervención del Estado en las relaciones sociales a través de la extensión del régimen de jubilaciones y en la economía a través de la nacionalización del petróleo, la integración económica de las regiones interiores mediante el ferrocarril y la provincialización de los territorios nacionales, una redefinición de las relaciones económicas con gran Bretaña y un pacto de colaboración con la URSS para recibir material petrolero y equipamiento ferroviario.

Conspiración y golpe

Una gran cantidad de periódicos se sumo a la campaña de destitución del presidente: Crítica, La Prensa, La Nación, La Razón, La Vanguardia se ensañaron con el jefe de Estado al que caracterizaron de ?tirano?, ?totalitario? ?anticonstitucional?, ?déspota?, ?dictador?, ?inepto?, ?corrupto?. El diario de extrema derecha nacionalista ?La Fronda?, representativo del racismo y clasismo del nacionalismo aristocratizante -en el que abrevaba uno de los principales impulsores del golpe de estado, el germanófilo general retirado José Félix Uriburu- desacreditaba al radicalismo desde una matriz analítica que abrevaba en el racismo y el clasismo: ?El triunfo del radicalismo en toda la República, ha tenido, como principal consecuencia, un predominio evidente de la mentalidad negroide".

La campaña de prensa que acompañaba a la conjura cívico militar se articulaba con la radicalización opositora que el 10 de agosto de 1930 da a conocer el ?Manifiesto de los cuarenta y cuatro? al que adhirieron parlamentarios opositores de distintos sectores. En él se acusaba al gobierno de la UCR de alterar el normal funcionamiento del sistema constitucional, de todos los entes autárquicos del Estado argentino, el principio de autonomía de las provincias, las leyes del trabajo, de actuar con despilfarro e imprudencia en la distribución de los recursos, de negligencia en la defensa de los intereses agrarios y de causar la ruina del país. Esta proclama alteró aún más los ánimos y las críticas se hicieron más agresivas. Actos políticos opositores, grupos universitarios y grupos nacionalistas que confrontaban elementos de acción oficialistas y con la policía provocaban constantes disturbios reclamando la renuncia de Yrigoyen.

El 6 de septiembre en horas de la mañana, con escaso apoyo militar general, Uriburu y numerosos políticos sólo lograron sublevar a un grupo de cadetes del Colegio Militar y la Escuela de Aviación cuyos aeroplanos sobrevolaron la ciudad. La tradición profesionalista del Ejercito estuvo a punto de hacer fracasar la asonada, muchos de los civiles, entre ellos diputados conservadores y socialistas independientes, cuya tarea fue la de impulsar la sublevación de los cuarteles fueron detenidos, o expulsados de las instalaciones militares. La más poderosa, Campo de Mayo, no se adhirió y en la gran mayoría de guarniciones los comandantes evitaron que sus subordinados se sumasen al movimiento.

Fue la masiva participación popular la que decidió la suerte del golpe, caravanas de autos acompañaron al general Uriburu a medida que los insurrectos se acercaban a Plaza de Mayo. Las filas de ciudadanos aumentaban formando una multitud que, momentáneamente, brindaba un marco popular al proyecto elitista. Militantes radicales armados apostados en la esquina del Congreso, en la confitería El Molino, lograron, momentáneamente, detener su irreversible avance. En la Casa Rosada el vicepresidente Enrique Martínez, en quien Yrigoyen había delegado el mando días atrás por razones de salud, capitula ante los golpistas. Antes de que parte de la multitud tome por asalto la casa de Yrigoyen, éste es trasladado al Regimiento VII de La Plata, ante cuyo comandante presenta su renuncia institucional. El ciclo de la República liberal concluía en medio del fragor de armas y el crepitar de los austeras pertenencias del ya ex presidente

La caja de Pandora: el autoritarismo como cultura política

A partir del golpe del 6 de septiembre de 1930 la interrupción de la vigencia de la Constitución se naturalizó y convirtió en una importante y disruptiva práctica de la cultura política argentina en la que la anomia, la ilegalidad y la excepcionalidad constituirán una experiencia histórica constante y traumática. La tiranía de Uriburu dejó como saldo y nefasto precedente un legado que retomarían otros gobiernos militares: la violación de la constitución y los derechos humanos. Bajo el imperio de la ley marcial y el estado de sitio fueron fusilados cinco ciudadanos dos de ellos anarquistas. Se desató una inmensa campaña de persecución ideológica de militares opositores que sufrieron junto con jueces y empleados públicos exoneraciones, cesanteos y encarcelamiento sin juicio previo. Se estableció en forma sistemática la aplicación de las torturas tradicionales y la innovación que significó la picana eléctrica implementada por el psicopático jefe de la Policía, Polo Lugones, en la sección especial de la Policía Federal. Se clausuraron diarios, entre ellos Crítica, que comenzó a denunciar las torturas a los opositores, estableciéndose la censura de prensa. Comisiones especiales no lograron demostrar los extendidos cargos de corrupción, desabastecimiento que la prensa, en forma despiadada, hacía recaer sobre el presidente y sus colaboradores. Acusaciones éstas que habían servido para movilizar sentimientos de desánimo e indignación en la ciudadanía.

Con la Justicia doblegada y la prensa maniatada se procedió a encarcelar, impulsó al exilio y el ostracismo a opositores y dirigentes políticos, principalmente de la UCR a quienes se deportó al penal de Ushuaia. Se vulneraron derechos civiles y políticos en forma masiva al anularse, el 5 de abril de 1931, el resultado de las elecciones para gobernador en la provincia de Buenos Aires cuando los candidatos radicales derrotaron al oficialismo conservador. A partir de ese momento se proscribió, de diferentes formas al partido mayoritario y se aplicaron planes económicos que restringieron el gasto público y bajaron los sueldos. La vigencia del poder electoral radical determinó que por un lado el proyecto fascista de Uriburu no pudiera implementarse y establecer el fraude electoral para permitir el triunfo aquellos partidos que durante dieciocho años de democracia el favor del electorado les había resultado esquivo.

(*) Area Teórico-Metodológica. Departamento de Historia. Cehis-Celehis. Facultad de Humanidades.

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