Por un momento las constructoras se olvidaron del dólar y el cepo cambiario. Sobre todo las de Mar del Plata y la zona. Es que en las últimas semanas crecieron dos conflictos que ponen en riesgo la continuidad de las obras: por un lado, la empresa Camuzzi Gas Pampeana no está otorgando habilitaciones para nuevas conexiones; por el otro, un conflicto gremial en Canteras Yaraví impide la provisión de piedra partida, materia prima esencial para el hormigón elaborado que demanda la industria.

El foro de la construcción local, integrado por sectores empresariales, colegios profesionales y el sindicato de la actividad (la Uocra), emitió un comunicado titulado con una pregunta: "¿Camuzzi dejará sin gas a gran parte de la provincia?".

"La empresa Camuzzi Gas Pampeana pone en riesgo miles de puestos de trabajo. Continúa condicionado la habilitación de nuevas conexiones y no se da por enterada de la firma del convenio para la construcción del gasoducto de la costa", cuestionó. "La empresa omitiría el compromiso firmado por el Ministerio de Planificación de la Nación y varios municipios de la provincia para la construcción de un gasoducto que proveería de mayor volumen de gas a la costa bonaerense", agregó.

El compromiso tuvo la forma de convenio y fue firmado en setiembre por el ministro de Planificación, Julio de Vido, y los intendentes de Mar del Plata, el Partido de la Costa, Lezama, Pinamar y Villa Gesell. Las obras consisten en la ampliación del gasoducto de la costa con un tramo de 18 kilómetros entre El Chourrón y Las Armas, además de una planta compresora en esa localidad y otros 15 kilómetros entre las dos plantas reguladores de entrada a Mar del Plata.

Según se informó oficialmente, la obra aumentará la capacidad de transporte en un 30%, al pasar de 4,6 a 6 millones de metros cúbicos por día. Ahora, el sistema abastece a 410.000 hogares. Con la ampliación, incorporará a otros 84.000 que podrán ser conectados a la red de gas, de los cuales 28.300 pertenecen Mar del Plata.

Con todo, el foro de la construcción advirtió que "Camuzzi persiste en no otorgar la habilitación de nuevas conexiones, condicionando las mismas a que los usuarios suscriban un compromiso para el pago y la construcción de un tramo de un gasoducto, que tiene un costo multimillonario".

Puntualizó que "esta imposición para conectar el gas afecta a todo tipo de inversión de los diferentes sectores de la economía, condicionando tanto a una edificación habitacional como a una planta industrial o a un hotel". El foro calificó de "sumamente preocupante el impacto que tendrá esto en la región", y aventuró que "sin dudas desanimará la inversión, haciendo peligrar miles de puestos de trabajo en un área con alta desocupación como es Mar del Plata y la zona".

Notas sin respuesta

Las entidades que integran el foro (Cámara Argentina de la Construcción, Centro de Constructores, colegios de Arquitectos, Ingenieros, Martilleros, Técnicos, personal de Agrimensura y la Uocra) enviaron notas "en el origen del conflicto" a Camuzzi y el Enargas, el ente nacional que regula la prestación del servicio. Pero no tuvieron respuesta. "El Enargas no ha respondido ni una nota", se quejó el titular del Centro de Constructores, Norberto Cánepa.

En cambio, las entidades mencionaron que el anuncio de la obra de la ampliación del gasoducto se produjo después de las gestiones del intendente Gustavo Pulti y el gobernador Daniel Scioli ante autoridades nacionales. "A pesar de todo esto, la empresa continúa exigiendo el compromiso de los nuevos usuarios para la construcción de un tramo del gasoducto, sin garantizar el suministro de gas hasta la terminación de la obra en cuestión, la cual puede llegar a demorar tres años", lamentó.

Según comentó la presidenta del Colegio de Arquitectos, Julia Romero, la licitación de la obra está a cargo del Enosur (Ente de Obras y Servicios Urbanos local). "Nos han informado que el proyecto ejecutivo está terminado y el pliego también", contó. Esto "permitirá la firma del convenio específico para la construcción de las obras de refuerzo comprometidas", señaló el foro. "Por ello, resulta preocupante que la empresa que administra este servicio público continúe con restricciones que ponen a los nuevos usuarios como rehenes de este conflicto sin poder avanzar con las obras proyectadas, limitando incluso las inspecciones parciales de las instalaciones internas que Camuzzi debiera realizar", apuntó.

El documento termina como empieza, con preguntas: "¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se ha llegado a este punto? ¿Falta el gas o la empresa está buscando que la intervenga el Estado y le quite la concesión para obtener una indemnización millonaria?".

Sin piedras

A la preocupación por el gas se le sumó en los últimos días la de la piedra: por una disputa gremial, el Sindicato de Choferes de Camiones mantiene bloqueada la cantera Yaraví, ubicada en Batán, lo que impide la distribución de piedra partida a los corralones.

"Es la principal proveedora de esa materia prima. Un conflicto sindical le impide proveer a la ciudad de la piedra partida que se utiliza para el hormigón elaborado. Esto está afectando desde hace unos 20 días a toda la ciudad y la región", indicó Romero.

Alertó que a las empresas "se les está acabando el stock", lo que en "10 o 15 días" podría paralizar la industria. "Se está cortando un insumo básico", coincidió Cánepa. Los dos participaron ayer de una reunión del foro en la sede del Colegio de Arquitectos para definir una postura conjunta. También estuvieron Patricio Gerbi, de la Cámara Argentina de la Construcción, y César Trujillo, de la Uocra. Es que tanto el del gas como el de la piedra son conflictos que preocupan por igual a empresarios y sindicalistas.