La Dirección General de Cultura y Educación bonaerense transformó en resolución 2672/15 el proyecto de medidas de resguardo y reparación pública para el personal víctima de violencia en escuelas u objeto de denuncias penales, presentado de forma oportuna por el Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires.

"La significativa decisión fue consecuencia del trabajo realizado en toda la provincia por el 'Programa de Intervención en Situaciones de Conflicto en el Ambito Escolar', impulsado por las secretarías de Derechos Humanos, Gremial y Salud, que hicieron suyos los reclamos y propuestas docentes en cada espacio de capacitación o intervención del equipo", aseguró el sindicato.

También indicó que esas medidas fueron además refrendadas de forma masiva por los docentes bonaerenses a través de miles de firmas en un petitorio y respaldadas por "los cuerpos de delegados de la organización gremial a lo largo y ancho de la provincia".

"La resolución procura resguardar a los docentes ante situaciones de violencia física, psicológica o simbólica y ante denuncias realizadas contra los trabajadores mientras se realice la investigación", explicó Néstor Carasa, consejero general de Educación en representación de la organización sindical.

El dirigente afirmó que la patronal debe ocuparse de la salud física y psicológica del trabajador que atraviese por ese tipo de situaciones en el ámbito laboral y, respecto de las denuncias contra docentes, el gremio reseñó que "corresponde investigar". "No puede haber prejuzgamiento, ya que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, como señala la Constitución Nacional. Se exige mayor rapidez en las investigaciones judiciales y/o administrativas y el respaldo legal de la Dgcye", agregó.

Carasa afirmó que también "los medios de comunicación cumplen un rol en esas acusaciones", por lo que reclamó que sean "las dependencias de la Dgcye las que tengan contacto con ellos y que se coordinen acciones con diversos organismos para mejorar la cobertura mediática de ese tipo de hechos, de modo tal que no contribuyan a complejizar aún más la situación".

En los casos en los que los denunciados son hallados inocentes o, incluso, que se compruebe que esas acusaciones eran falsas, la resolución demanda que se realice una reparación pública para el trabajador de la educación y también para la institución.

De esa forma, el Suteba logró "una importante medida para preservar a los docentes bonaerenses ante las denuncias, procurando celeridad en las investigaciones para llegar a la verdad más rápido, lo que significará una enorme ventaja para el conjunto de la comunidad educativa", concluyó el dirigente.