La Iglesia no inició de momento un juicio eclesiástico contra el sacerdote Julio Grassi, condenado a 15 años de prisión por abuso sexual y corrupción de menores agravada, pero de confirmarse el fallo judicial deberá aplicar la orden de "tolerancia cero" con los pederastas impartida por el papa Benedicto XVI.

Penas ejemplares que el Vaticano reiteró recientemente a través del prefecto de la Congregación para el Clero, cardenal brasileño Claudio Hummes, quien auspició que los sacerdotes que cometan delitos "graves", al referirse a casos de abusos sexuales, sean "juzgados como debe y castigados".

Expertos en Derecho Canónico adelantaron a DyN que, de ratificarse la sentencia tras las apelaciones, a Grassi le puede caber una suspensión de por vida en el ministerio sacerdotal, es decir que no podrá dar misa ni administrar de los sacramentos.

El Código de Derecho Canónico es contundente al tipificar los delitos que se refieren a abusos sexuales cometidos por un sacerdote.

El canon 1395, inciso 2, especifica que "el clérigo que cometa un delito contra el sexto mandamiento del Decálogo, cuando éste haya sido sometido con violencias o amenazas, o públicamente o con un menor que no haya cumplido 16 años de edad, debe ser castigado con penas justas, sin excluir la expulsión del estado clerical cuando el caso lo requiera".

Precisamente Grassi fue condenado en primera instancia por ese delito, con el agravante -subrayó el Tribunal Oral de Morón- de su condición de "sacerdote, encargado de la educación y de la guarda del menor víctima".

Por esto, diversos organismos de derechos humanos y de protección de la infancia repudiaron que el mentor de la Fundación Felices los Niños haya sido eximido de prisión hasta que el veredicto quede firme.

También levantó polvareda tanto la decisión del Episcopado de llamarse a silencio, como la actitud del obispado de Morón, jurisdicción eclesiástica a la que pertenece Grassi, de dilatar los mecanismos para iniciarle un proceso canónico al sacerdote.

Pero la postura no es nueva, ya que todavía no se avanzó en un juicio eclesiástico al ex capellán policial Christian Von Wernich, condenado en 2007 a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.

El proceso debía encaminarlo la diócesis bonaerense de Nueve de Julio, a cargo del obispo Martín de Elizalde, pero quedó estancado, pese a que el prelado prometió un duro castigo por entender que Von Wernich no demostró "arrepentimiento de sus actos" luego de conocerse el fallo en su contra.

Tampoco se tomaron medidas eclesiásticas con el arzobispo emérito Edgardo Storni (Santa Fe), quien debió renunciar en setiembre de 2002 a su cargo, tras ser procesado por presunto abuso sexual a seminaristas. Casi siete años después, el prelado espera se sustancie el juicio penal recluido en un refugio arzobispal en La Falda, Córdoba.

"La Iglesia siempre es silenciosa en los peores crímenes. Nos consta porque en la dictadura salvo honrosas excepciones, hubo complicidad", criticó Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo y del Comité Argentino de Seguimiento de la Convención Internacional de Derechos del Niño (CASACIDN), al conocerse el veredicto contra Grassi.

En tanto, en ambientes eclesiásticos la posición institucional y la actitud del sacerdote, causaron dispares reacciones.

Según un relevamiento efectuado por DyN, unos pocos religiosos lamentaron que la Iglesia haya actuado de "modo corporativo" o no mida con la misma vara las eventuales sanciones a los clérigos, en referencia a que se puede obligar a renunciar a un párroco u obispo por "abusos litúrgicos" y no en estos casos.

Otros rechazaron que Grassi no haya pedido licencia, para evitar "ensuciar" la investidura eclesiástica durante los casi diez meses del juicio. Los menos dijeron que las acusaciones de pedofilia que pesan sobre el sacerdote conllevan un ataque indirecto contra la Iglesia.

"Detrás de todo esto hay mucho odio a la Iglesia, mucho rencor, mucha venganza y mucho dinero e intereses", opinó el sacerdote Fernando Yáñez, quien, como Grassi, regentea hogares de menores en Mendoza y teme por el futuro de esas instituciones que apadrina la Iglesia con fondos del Estado.

(*): DyN.