Luego de una larga tarea investigativa, la fiscalía de Delitos Económicos inició 96 causas contra policías marplatenses que habrían adquirido certificados de estudios falsos que luego presentaron ante el Ministerio de Seguridad.

La pesquisa data de agosto de 2007 cuando fue detenida una mujer de 56 años, docente y esposa de un comisario retirado, quien falsificaba los certificados y se los vendía a los policías en 800 pesos.

Dicha mujer se encuentra procesada y en puertas de un juicio oral y público al igual que cuatro efectivos policiales que fueron descubiertos en el primer tramo de la investigación.

Esos cuatro policías fueron exonerados de la fuerza por el Ministerio de Seguridad no bien la Justicia lo procesó. De mantenerse esa política y en caso de que las causas prosperen, Mar del Plata podría enfrentarse a una purga que podría superar el centenar de efectivos.

Los antecedentes del caso se remontan a la gestión de León Arslanian como ministro de Seguridad de la Provincia. Entre muchas otras reformas, Arslanian obligó a los efectivos policiales a cursar estudios secundarios para ascender y cobrar un plus por el título.

Numerosos policías se inscribieron en establecimientos marplatenses para cursar estudios en horario nocturno, pese a que ello les impedía hacer horas Cores y servicios adicionales con el consecuente desmedro de sus ingresos.

Otros, por el contrario, habrían decidido "abreviar el trámite" mediante la adquisición de certificados falsos.

Fuentes de la investigación admitieron que las pistas del caso surgieron del malestar que eso generó entre los policías. Una fuente de la investigación graficó: "Ocurre que algunos policías cursaron estudios, invirtieron tiempo, vieron sus ingresos disminuidos y mientras tanto otros ascendieron y cobraron el plus mediante la compra de un certificado".

De tal manera, una serie de denuncias anónimas permitió a la Justicia conocer detalles del hecho y encaminar rápidamente la investigación.

Una de las pruebas fundamentales fue una cámara oculta realizada por personal de la DDI en la vivienda de la docente imputada, donde un policía se presentó simulando interés en comprar un certificado falso.

Posteriormente, al allanar dicha vivienda, los investigadores encontraron abundantes elementos empleados para la falsificación de los certificados.

Para establecer el alcance de la maniobra, el fiscal Pablo Pogetto requirió al Ministerio de Seguridad todos los certificados que efectivos policiales marplatenses hubieran presentado entre julio de 2000 y julio de 2008. "Se trataba de aproximadamente doscientos", indicó un vocero de la investigación.

Esos certificados fueron remitidos al Ministerio de Educación para que certificara su autenticidad. "Cuando aún no está terminado el chequeo de la totalidad, ya surgieron irregularidades en 96 certificados", aseguró la fuente consultada.

"Esas irregularidades acreditan la falsedad del documento. Tenemos casos de policías que jamás cursaron estudios en la escuela que teóricamente extendió el certificado, o sellos que corresponden a personas que jamás fueron directores de ese establecimiento, etc.", aseguró la fuente.

Por razones de estrategia procesal, el fiscal Pogetto decidió abrir causas por separado contra los 96 policías que comenzarán a ser citados a prestar declaración indagatoria. Los efectivos eran suboficiales en el antiguo escalafón policial y hoy revistan con grado de subteniente y teniente.

Los delitos que en principio se les imputan son utilización de documento público falsificado y defraudación al Estado, ya que habrían percibido dinero de las arcas provinciales mediante una maniobra ilícita.