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18-09-2009

Condenan a administrador de un edificio por una defraudación

Tras un juicio abreviado, un administrador de un edificio fue condenado a 3 años de prisión en suspenso porque cometió una defraudación de más de 109 mil pesos, al retener el dinero que le daban por las expensas.

El administrador del consorcio de un edificio de Santa Fe al 2100 deberá cumplir de modo condicional una pena única de 3 años de prisión al comprobarse que fue autor de una importante estafa contra los propietarios.

El perjuicio causado a los residentes en ese inmueble supera los 109.000 pesos, monto que surge porque no remitió los fondos recaudados a través de las expensas a la AFIP, la obra social Osperyhra y el sindicato Suteryh.

El Tribunal Criminal 2 halló a Carlos Angel Martínez Murado (69) culpable del delito de "defraudación por administración fraudulenta", al hacer lugar a lo acordado por las partes durante un juicio abreviado.

La defensora oficial Alexandra Gallardo estuvo de acuerdo con que su pupilo recibiera esa pena, del mismo modo que la fiscal Lorena Hirigoyen y el abogado Marcelo Savioli Coll, representante del particular damnificado. Por lo tanto, al fallar, el juez Adrián Angulo tuvo en cuenta la instancia a la que las partes lograron arribar.

Es de recordar que Martínez Murado, en esta oportunidad, recibió una pena de un año y seis meses de prisión, por los delitos de "defraudación por administración infiel" y "por retención indebida", hechos cometidos entre 1991 y 2004.

Tenía una condena anterior

Pero como ya tenía una condena por un delito similar, también de un año y medio, se le unificaron las penas, por lo que resultaron los 3 años mencionados. Esto significa que si se lo encontrara culpable de un nuevo delito, teniendo en cuenta que administraba más de 10 edificios, tendría que cumplir una pena de prisión efectiva.

Según el estudio realizado por la perito contable, el imputado recibió de los copropietarios el dinero de la expensas, y en vez de remitirlo a los organismos correspondientes, se apoderó en su provecho de las sumas percibidas. De esta forma, casi 96.000 pesos correspondían a AFIP; alrededor de 12.500 pesos a la obra social y 730 al sindicato.

Asimismo, en el fallo se puso de relieve que Martínez Murado, una vez cesado su mandato se negó a restituir documentación consorcial. Entre lo retenido, se encuentran los comprobantes de gastos, resúmenes de liquidaciones, planillas de gastos, resúmenes de cobranzas y copias de estados contables sin firmar".