Como un calco, todas las historias de violencia familiar con final trágico demuestran que la víctima en algún momento pidió auxilio a los organismos pertinentes. Y que, por una u otra razón, ese auxilio no llegó. La historia también se reitera en sus consecuencias posteriores: se escuchan voces de indignación que rápidamente se diluyen sin que se sepa si el sistema falló o no y -eventualmente- qué medidas se tomaron al respecto.

El imprentero Héctor Coria había sido denunciado en setiembre pasado por su esposa Patricia Juil a causa de sus reiterados episodios de violencia familiar, pero fue ella quien terminó sancionada.

La denuncia ingresó en una dependencia policial y, como es de rigor, fue derivada a un Tribunal de Familia. Ese trámite derivó en una restricción de acercamiento, medida que es automática ante este tipo de exposiciones.

Posteriormente -y como también es de rigor- se realizó una audiencia durante la cual la mujer de Coria rectificó su denuncia. Ante ello, el Tribunal la habría apercibido por presentar "denuncias banales" y le impuso una sanción: tareas comunitarias.

Estaba amenazada

En el marco de la investigación del crimen de Lara, la fiscal Andrea Gómez le tomó declaración a numerosos testigos, incluyendo a la madre de la chica asesinada, a varios familiares y a numerosos vecinos. Ello habría permitido reconstruir el marco de violencia familiar que durante dos décadas preanunció el crimen. "Si me dejás te mato a vos o a tus hijos", es la constante amenaza que se le atribuye a Coria en su vida doméstica y que finalmente cumplió.

Ahora, a la sombra de la tragedia y de los múltiples testimonios reunidos, surge casi con valor de certeza que la mujer rectificó aquella denuncia bajo amenazas y presiones.

En ámbitos tribunalicios no se descartaba ayer que los antecedentes del caso sean elevados a la Fiscalía General para que se investigue el desempeño de las autoridades que intervinieron. Uno de los puntos a aclarar es por qué el cuerpo técnico que tuvo que haber evaluado la situación, no advirtió que esa rectificación de la mujer era, quizás, el más claro síntoma de la violencia familiar que estaba soportando junto a su hija.

Los pasos siguientes

Héctor Coria, quien el miércoles se negó a prestar declaración indagatoria ante la fiscal Gómez, sigue alojado en la comisaría octava de Batán, una dependencia destinada a los presos que deben ser protegidos del resto de la población carcelaria: miembros de fuerzas de seguridad, violadores y determinados homicidas.

Hasta el momento, Coria fue asistido por la defensora oficial Gabriela Peña pero en las últimas horas trascendió que habría un abogado particular interesado en patrocinarlo.

Durante su permanencia en Tribunales habría impresionado como un hombre "anímicamente quebrado", por lo cual se dispuso que se lo controle especialmente.

En las próximas horas el imprentero Coria comenzará a ser sometido a estudios psicológicos y psiquiátricos que serán de vital importancia. De hecho, se duda que las futuras controversias procesales giren en torno a la materialidad del hecho, sino a la salud mental del imputado.

El crimen

El crimen sucedió el martes en 20 de Setiembre al 3100, donde Héctor Coria posee una casa de dos plantas. En la baja, funcionaba una imprenta de la que era el dueño y atendía junto a su mujer y a su hija. Las mujeres se había ido de esa vivienda el viernes pasado cansadas de los maltratos. "Ese día se fueron porque en la heladera no había nada a pesar de que él tiene una fortuna", contó Delia Susana Tibileti, abuela de Lara.

Tibileti también narró que "previo a eso se habían peleado porque les prohibió ir a pileta. Entonces vino un muchacho para ver por qué las dos no estaban yendo más y él lo agarró a trompadas y se los llevaron detenidos. Pero a los diez minutos ya estaba acá de vuelta".

Ante esta situación, la mujer abandonó a Coria y junto a su hija se fue a vivir a la casa de su mamá, ubicada en Matheu y México.

Pero el hombre las siguió molestando y amenazando para que volvieran. Cansada, la mujer presentó una denuncia para restringirle el acercamiento. "Nos dijeron que con eso ya podíamos llamar al 911 cada vez que apareciera porque tenía prohibido acercarse", contó la abuela de Lara. Desde la Justicia confirmaron que la orden de restricción estaba activa.

A pesar de la orden, Coria el martes al mediodía fue hasta la casa a buscar a su hija. "Engrupió a la nena porque se habían ido sin nada de ropa y entonces no tenían ni qué ponerse", relató Tibileti, quien en ese momento se había ido con su hija para hacer un trámite con respecto al acoso que era sometidas por Coria.

En este contexto, el hombre logró convencer a su hija que fuera a buscar la ropa hasta la casa que había abandonado el viernes junto a su mamá. "A los pocos metros que salieron nosotros hicimos la denuncia año 911, pero una estúpida nos dijo que había que hacer la denuncia en la comisaría".

Desesperadas, las dos mujeres fueron hasta la casa ubicada en 20 de Setiembre al 3100 para ir a buscar a la joven. "Cuando llegamos el negocio estaba abierto. Golpeamos y de pronto apareció él con la nena y nos dijo que esperáramos que estaban dándole la ropa", contó Susana. Pero Coria no apareció más.

Presas de la angustia, las mujeres comenzaron a golpear con desesperación la puerta y un patrullero policial que pasaba por el lugar vio la escena. "Mi hija está adentro y tengo miedo de que le haya pasado algo", le dijo la mamá de Lara. En ese momento, por una de las ventanas se vio pasar a Coria exaltado y con las manos manchadas de sangre. En su desesperación, la mamá de Lara destrozó un vidrio y la policía ingresó por ahí a la casa. Coria intentó esconderse y cerró varias puertas, pero los efectivos las rompieron y pudieron detenerlo.

Con el hombre ya controlado, los efectivos recorrieron el lugar y en una de las habitaciones de la planta alta de la casa encontraron a la joven asesinada. La había matado de siete puñaladas.