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13-11-2010

Allanaron la casa de Demarchi y pidieron su captura internacional

Los siete acusados fueron declarados prófugos y en estado de rebeldía. El juez Federal Rodolfo Pradas decidió levantar el secreto de sumario en la causa que investiga los crímenes cometidos por la CNU durante la década del setenta. También se allanó la vivienda y la librería de Piero Asaro, pero los resultados una vez más fueron negativos.

El juez Federal Rodolfo Pradas declaró ayer prófugo y en rebeldía al abogado Gustavo Demarchi y solicitó su pedido de captura internacional en la causa que investiga los crímenes cometidos por la organización de ultraderecha CNU durante la década del setenta.

La misma suerte que Demarchi corrieron los restantes seis imputados, entre ellos Piero Asaro, dueño de una conocida librería céntrica de la ciudad.

Pradas resolvió declarar en estado de rebeldía y prófugos a los siete acusados después de una serie de allanamientos simultáneos que se realizaron ayer durante todo el día.

Una de las casas allanadas fue la de Gustavo Demarchi, pero el resultado fue negativo y no se obtuvieron rastros del abogado. También se realizaron procedimientos en la vivienda y la librería céntrica de Piero Asaro, pero una vez más no pudieron ubicarlo para detenerlo.

Según trascendió, también se está buscando en la ciudad a Fernando Otero, aunque aún no se tiene un domicilio fijo por lo que no hubo allanamiento para ubicarlo.

En cuanto a los cuatro acusados restantes, se los están intentando encontrar en el resto del país.

Ante este contexto sin detenidos en una causa de suma gravedad, el juez Rodolfo Pradas resolvió ayer a la tarde levantar el secreto de sumario y ordenó la captura internacional y declaró como prófugos y rebeldes a los acusados.

En cuanto a Demarchi, el primer intento por localizar se habría producido el martes por la noche cuando fuerzas de seguridad habrían concurrido a su domicilio con una orden de detención. Los intentos por ubicarlo se reiteraron varias veces en distintos puntos de la ciudad, pero al no poder localizarlo finalmente ayer se dispusieron los allanamientos.

La causa gira en torno a una serie de crímenes cometidos en Mar del Plata por elementos de la extrema derecha peronista nucleados en la Concentración Nacional Universitaria (CNU). Los episodios ocurrieron al promediar la década del '70, antes del golpe militar, y tuvieron como víctimas a militantes de izquierda o a personas sindicadas como tales por sustentar posturas opuestas al gobierno.

Tal el caso de la licenciada María del Carmen Maggi -apodada Coca-, que era decana de la entonces Universidad Católica. Si bien no estaba alineada en ninguno de los extremos del peronismo, era la cabeza visible del movimiento de oposición a la fusión de esa casa de estudios con la entonces Universidad Provincial.

Maggi fue secuestrada el 10 de mayo de 1975 y su cuerpo apareció enterrado en Mar Chiquita el 23 de marzo de 1976.

Otros homicidios investigados formaron parte de la sangría ocurrida después del 20 de marzo de 1975, cuando el abogado Ernesto Carlos Piantoni fue asesinado con ráfagas de ametralladora el 20 de marzo de 1975 en Formosa entre Güemes y Olavarría.

Piantoni era asesor legal de la CGT regional, fue miembro fundador del Sindicato de Abogados Peronistas, coordinador de los cursos de doctrina peronista en Mar del Plata, funcionario incorporado a la Universidad Provincial y miembro de la Concentración Nacional Universitaria (CNU).

Horas después, grupos de derecha cometieron varios secuestros y homicidios en distintos puntos de la ciudad a manera de venganza por la muerte de Piantoni.

Un largo proceso

Hace un año la Fiscalía Federal había pedido que Demarchi y otras personas fueran indagadas por esos hechos. A partir de entonces el abogado hizo una serie de presentaciones que terminaron de destrabarse con una resolución de la Cámara Federal que le negó a Demarchi el beneficio de la eximición de prisión. Asimismo, en el mismo fallo los camaristas indicaron que dichos crímenes deben ser considerados de lesa humanidad por haber existido participación o consentimiento del Estado.

Entre los argumentos de la Cámara para vincular a Demarchi con las actuaciones se recordó que en la época que ocurrieron los hechos se desempeñaba como Fiscal Federal. En tal sentido, los magistrados señalaron que no avanzó en la investigación de los homicidios y que cerró las causas por el mero paso del tiempo.

Dos de las personas ahora buscadas se desempeñaban como empleados de la Fiscalía de Demarchi y habían estado detenidas por el homicidio de la estudiante Silvia Filler, según consta en la misma resolución de la Cámara.