El Tribunal Oral Federal de esta ciudad condenó ayer a prisión perpetua al exmilitar Alfredo Arrillaga y a los exmarinos Justo Ignacio Ortiz y Roberto Pertusio, acusados de cometer delitos de lesa humanidad en la última dictadura militar, en el marco de la causa conocida como Base Naval I.

En su fallo, el Tribunal -integrado por los jueces platenses Nelson Jarazo, Alejandro Esmoris y Jorge Michelli- consideró a Arrillaga y a Ortiz autores de los delitos que se les imputaban y a Pertusio, como coautor de los hechos que se investigaron en esa causa.

En este proceso, se juzgaron dos causas: en una de ellas, Arrillaga, Ortiz y Pertusio estaban acusados de crímenes de lesa humanidad cometidos en perjuicio de nueve víctimas en el centro clandestino de detención que funcionó en la Base Naval de esta ciudad durante el último gobierno de facto.

Por otro lado, se juzgó la causa ?Regine?, en la que se investigó la participación de Ortiz y Arrillaga en el secuestro con imposición de tormentos de Luis Salvador Regine.

A la sala de audiencias, donde se realizó la lectura de la sentencia, sólo pudieron ingresar los familiares directos de los acusados, en tanto que el resto de familiares y manifestantes de las distintas organizaciones sociales debieron esperar fuera del palacio judicial. Tras la lectura de la sentencia, el tribunal anunció que recién el 18 de febrero de 2011 resolverá si los imputados cumplirán la condena que les pesa en prisión común o continuarán con arresto domiciliario como viene ocurriendo hasta ahora.

En tanto, el contraalmirante Juan Carlos Malugani y el coronel Pedro Barda, fueron excluidos de esa decisión, ya que padecen de una enfermedad mental degenerativa.

Ortiz se desempeñaba durante la última dictadura militar como subjefe de la Base Naval local, donde funcionó un centro clandestino de detención, en tanto que Pertusio era director de la Escuela de submarinos.

Arrillaga, por su parte, fue jefe de Inteligencia de la Agrupación de Defensa Antiaérea 601, que comandaba Barda, y está acusado de ser el responsable en 1989 de las torturas y ejecuciones de militantes del Movimiento Todos por la Patria (MTP), secuestrados luego del intento de copamiento del cuartel de La Tablada.

En el marco de la causa, el Ministerio Público Fiscal, representado por los fiscales Daniel Adler y Juan Manuel Portela, había solicitado la pena de prisión perpetua para los tres imputados.

En tanto, las querellas representadas por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Gloria del Carmen Leon y Cesar Sivo y el Secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, solicitaron al tribunal "la pena de reclusión perpetua para los tres acusados en cárcel común".

Por su parte, los abogados defensores de los exmarinos, Paula Maniagurria, Daniel Vásquez y Carlos Meira, habían solicitado la inmediata absolución de sus clientes, al sostener que "no hay pruebas firmes que demuestren que hayan cometido o que tuvieron conocimiento o participación sobre esos delitos".

Durante los alegatos, los defensores coincidieron en sus posturas y aseguraron que los hechos que se investigan ocurrieron, pero sostuvieron que sus defendidos no son los culpables de esos crímenes.

Entre los manifestantes, que celebraron con bombos y cánticos la sentencia, se encontraban referentes de las agrupaciones Descamisados y La Cámpora de Mar del Plata; Abuelas de Plaza de Mayo de Mar del Plata; Partido Socialista y Quebracho, entre otros.