El 12 de junio del año pasado, en el barrio Termas Huincó, un joven llamado José Bustamante (18) fue asesinado de varias puñaladas, tras ser agredido por tres adolescentes. Uno de ellos fue imputado del crimen y llevado a juicio hasta el lunes, cuando la Justicia de Menores lo encontró responsable de excederse en la legítima defensa.

A raíz del fallo se generaron serios incidentes (ver aparte) y anoche se conoció que un individuo de 24 fue asesinado de un disparo en la madrugada del jueves. La víctima sería un conocido de Bustamante y el contexto del crimen está siendo investigado por personal de la DDI local.

Todo comenzó el lunes por la tarde, luego de que el imputado quedara con arresto domiciliario por decisión de la Justicia. Además de agredir al defensor oficial y hostigar a la fiscal Mariana Baqueiro, los allegados de Bustamante juramentaron venganza y en horas de la noche se dirigieron hasta la casa del menor encontrado culpable del crimen.

De acuerdo a datos extraoficiales, el grupo de personas atacó la casa ubicada en el barrio Termas Huincó. El propietario de esa finca es el padrastro del menor condenado, quien realizó la denuncia en la comisaría de la jurisdicción, e indicó que su vivienda fue atacada a balazos.

Si bien la policía está en plena investigación, no se descarta que el antagonismo entre las partes haya sido determinante en lo que sucedería el miércoles por la noche, 48 horas después. Esa noche Facundo Gómez (24), amigo del fallecido Bustamante, fue atacado a tiros y herido en la ingle. Agonizante, apareció en la esquina de Los Plátanos y Hernandarias, y pese a que fue conducido e internado en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), horas después se produjo su fallecimiento.

Ayer el fiscal Daniel Vicente fue notificado del deceso y en un primer momento trascendió que Gómez había sido despojado de una motocicleta. Desde la Jefatura Departamental de Policía se confirmó oficialmente que el homicidio tenía relación con los incidentes del lunes por la noche derivados del juicio.

El mismo jefe departamental, comisario inspector Lorenzo Vázquez dijo que "el hecho es confuso pero descartamos que el homicidio halla sucedido en un hecho de robo. Se trató de una represalia entre las partes, pero todavía estamos investigando cómo sucedió".

La DDI efectuó seis allanamientos en la jornada de ayer para reconstruir los hechos, y por ahora no se dieron a conocer mayores precisiones en cuanto a la investigación.

Expresiones de la doctora Cecilia Margarita Boeri

Repudio y preocupación de la defensora general, Cecilia Margarita Boeri, y del Colegio de Magistrados y Funcionarios de Mar del Plata, a través de su presidente, Juan Manuel Fernández Daguerre, por la agresión de la que fue objeto el defensor oficial del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, Juan Manuel Rabino, y la fiscal Mariana Baqueiro, por parte de familiares y vecinos de un joven que falleció al ser agredido por otro.

El episodio se produjo este último lunes, primero, a la salida del juicio oral al que fue sometido el imputado, cuando el funcionario fue objeto de agresiones verbales por parte de cerca de 30 personas que se hallaban en la vereda del Tribunal.

Posteriormente, parte de los manifestantes, siguieron al funcionario que se conducía en su automóvil, en compañía del encausado y la madre de este último. Al detenerse en un semáforo, fue rodeado por dos motos que le impedían seguir, mientras otros exaltados comenzaron a golpear los vidrios, las puertas y el baúl del vehículo, y hubo quien en un ataque de vehemente locura se arrojó sobre el capot, intentando romper el parabrisas.

Para impedir ser alcanzado por los manifestantes, el funcionario y sus acompañantes debieron refugiarse en el interior de la comisaría primera, desde donde pudieron disuadir a los agresores para que cesaran en su intento de atacar a los mencionados.

La ira descrita se produjo después de conocerse el fallo pronunciado por el tribunal integrado por los jueces Néstor Salas, Silvina Darmandrail y Patricia Gutiérrez, en el que el autor del homicidio fue condenado por el delito de "exceso en la legítima defensa" y fue dejado en libertad.

"Los juicios podrían llevarse a otra ciudad"

En referencia a este hecho y otros episodios que se sucedieron en otras oportunidades, la defensora general Boeri expuso a LA CAPITAL que "nos causa una gran preocupación, que existe un clima de inseguridad provocado por quienes repudian los fallos que emite la Justicia, pero en lugar de hacerlo pacíficamente, porque es su derecho, lo hacen con conatos de agresión o ataques directos a funcionarios judiciales".

"Los jueces -enfatizó- deben ser respetados en sus decisiones, mientras actúen con imparcialidad y de acuerdo con las pruebas que les ponen a su consideración".

Y alertó con que "si estos hechos de violencia de las que fueron objeto una fiscal y un defensor oficial continúan, el Poder Judicial no tendrá otro camino que trasladar la realización de estos debates a otras ciudades, con los inconvenientes que ello acarrearía a los familiares y amigos de los imputados".

Boeri recordó que "los defensores oficiales como los fiscales de ninguna manera se pueden excusar de cumplir sus funciones, porque este constituye el cometido que les corresponde desarrollar en la Justicia. Ellos no pueden evitar defender a personas que por cometer delitos aberrantes no merezcan ser oídos en juicios, como pueden evitarlo los defensores particulares. El objeto es que el victimario no quede en indefensión".

Funcionarios no admiten ningún tipo de presión

El presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios de Mar del Plata, Juan Manuel Fernández Daguerre, en relación con este tema, comenzó diciendo que "la actividad de la Justicia no puede ser permeable a la presión de ninguna persona o grupo de poder o de la índole que sea".

"Estas actitudes -prosiguió- vulneran la independencia del Poder Judicial que, en tantos casos, venimos defendiendo, para que los jueces resuelvan las causas con la mayor imparcialidad posible y ateniéndose exclusivamente a las pruebas obrantes y demás circunstancias de los hechos. De no asegurarse esta condición reinaría en gran medida la inseguridad jurídica".

Y añadió: "comprobamos con gran preocupación, algunos episodios que se han sucedido últimamente, cuando familiares y amigos de víctimas o victimarios de delitos han focalizado su ira en las personas de los funcionarios que tienen a su cargo la defensa o acusación de los imputados, por no coincidir con el fallo emitido por los magistrados, en los tribunales".

"Reconocemos-acotó- que ante un fallo desfavorable de condena o absolución, según se vea desde el lado del autor del delito como de quien fue damnificado por su comisión de este hecho, son válidos los sentimientos de dolor, consideración de quien a resultado víctima fatal o expresiones dirigidas a que lo sucedido no quede en el olvido. Pero lo que no puede tolerarse es que ese repudio se dirija contra los funcionarios del Poder Judicial, que cumplen con su labor, porque así es su obligación y máxime defendiendo a imputados a los que los defensores particulares obvian hacerlo por la naturaleza de los delitos cometidos".

"Pareciera que estuviera de más decirlo -puntualizó después Fernández Daguerre-, pero hay que recordar que aquellos que están en desacuerdo con los fallos o el desempeño de algún magistrado, tienen que canalizar su descontento, a través de sus abogados, y ante los órganos judiciales que correspondan".