Un prostíbulo ubicado a la vera de la Autovía 2, en cercanías de la localidad de Vidal, fue allanado ayer durante un operativo en el cual la policía rescató a tres mujeres dominicanas víctimas de la explotación de sus patrones.

Las tres mujeres, dos de 20 años y la restante de 42, estaban recluidas en dicho comercio y vivían en un espacio trasero, en condiciones precarias. La policía detuvo a una mujer, también dominicana, de 46 años, a quien se la considera la regente del lugar.

En la madrugada de ayer la ayudante fiscal Florencia Salas, con órdenes de la jueza Lucrecia Bustos, dio la aprobación a la policía para que actúe rápidamente, ya que la investigación confirmaba allí el posible delito de trata de personas.

Vale recordar que, por la reputación negativa que existe acerca de los vínculos entre la policía y la prostitución, en este tipo de operativos intervienen efectivos de otras jurisdicciones. Por ello trabajó personal de la Jefatura Policial Departamental de Mar del Plata, con la colaboración de dos inspectores de la Dirección Nacional de Inmigraciones.

De acuerdo a las primeras informaciones, en el lugar (que funcionaba como whiskería), se pudo constatar que cuatro mujeres dominicanas se encontraban ofreciendo sexo, y la justicia está tratando de establecer cuál era la regularización de su documentación en el país. En principio, una de las mujeres oficiaría de encargada del bar, llamado ?La Esmeralda?, ubicado a pocos kilómetros de Coronel Vidal.

Si bien la investigación estaba centrada a una persona de sexo masculino, (que regentearía el lugar, y que no pudo ser encontrado durante el allanamiento), las primeras pericias y las pruebas secuestradas dan cuenta que una de las mujeres del grupo era quien recibía el dinero por los servicios sexuales que se ofrecían en ese lugar.

También se supo que en el lugar, la justicia pudo secuestrar libros ?de pases?, con los servicios sexuales, los días, y los importes que los clientes pagaban. La investigación judicial fue iniciada a raíz de una denuncia en la policía comunal.

Tras el allanamiento que dio como resultado la liberación de este grupo de mujeres centroamericanas, la investigación judicial proseguirá en torno a establecer si estarían en situación de ?esclavitud sexual?, según trascendió.

Acompañaban a la ayudante fiscal Florencia Salas, Ramiro Anchon y Ariel García Leyes (instructor judicial y auxiliar letrado), Manuel Prieto y Juliana Biondani (auxiliares de la Ayudantía), Sergio Irigoin, a cargo de personal del Centro de Asistencia a la Víctima, junto a Romina Dallia Nora, y la psicóloga Amanda Cerrabell.