LA PLATA (Corresponsalía)
través de un comunicado, la procuración general de la Suprema Corte bonaerense informó la conclusión de la tarea de evaluación para la selección de autoridades del cuerpo de investigadores judiciales, que tendrá una próxima inauguración en los departamentos judiciales de Mar del Plata y Junín, para luego ampliarse al resto de la Provincia de Buenos Aires.
os cargos concursados son para ejercer las funciones de Director General, Subdirector, Secretario Técnico Científico, Secretario de Investigación, Secretario de Formación y Capacitación, Subsecretario Descentralizado para el Departamento Judicial Mar del Plata y Subsecretario Descentralizado para el Departamento Judicial Junín.
La tarea de selección estuvo a cargo de un jurado integrado por representantes de cuatro estamentos. Por la Suprema Corte estuvieron Carlos Arslanian, José Martocci, y Hernán Gómez. A su vez por la Procuración General, Liliana Maero, Federico Storni y Hernán Gullco. Por la Cámara de Senadores los representantes fueron Emilio López Muntaner, Luciano Martini y Diana Larraburu. Finalmente por la Cámara de Diputados, los jurados fueron Guido Lorenzino, Nelson Silva Alpa y Liliana Denot.
Tras resolver las impugnaciones, el Jurado entregó a la Procuradora General María del Carmen Falbo un documento con la nómina de personas evaluadas y ordenadas de acuerdo a su puntaje, a efectos de que la Procuración General elija una en cada cargo para su posterior designación por la Suprema Corte.
Sobre los integrantes de este listado, la Procuradora resaltó "el desafío histórico que significa para la Provincia de Buenos Aires poner en marcha un cuerpo de investigadores por el que hemos bregado desde hace varios años, que trabaje respondiendo a las demandas de la sociedad que reclama investigaciones seguras, confiables y eficaces".
El Cuerpo de Investigadores Judiciales significará un cambio de paradigma y un avance fundamental y trascendental en materia de investigación judicial en la provincia de Buenos Aires: una institución civil, profesional, capacitada y que observe un estricto respeto de derechos humanos y garantías constitucionales para lograr resultados seguros y confiables en las causas que originen su intervención: homicidios dolosos y cometidos en ocasión de otro delito; delitos cometidos por funcionarios públicos, policiales y penitenciarios y aquellos casos que por su complejidad investigativa los Fiscales así lo requieran.