15 de mayo de 2018
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Promulgaron la Ley de Defensa de la Competencia

La norma fue sancionada el pasado 9 de mayo por la Cámara de Diputados, donde el oficialismo logró el apoyo de dos sectores de la oposición, el interbloque Argentina Federal y del Frente Renovador.

El Gobierno promulgó hoy la Ley de Defensa de la Competencia, con la que se buscará combatir conductas monopólicas de las grandes compañías formadoras de precios.

La ley 27.442 fue sancionada el pasado 9 de mayo por la Cámara de Diputados, donde el oficialismo logró el apoyo de dos sectores de la oposición, precisamente el interbloque Argentina Federal y del Frente Renovador.

En su artículo 1, la norma establece que quedaron prohibidos los acuerdos entre competidores, las concentraciones económicas, los actos o conductas, de cualquier forma manifestados, relacionados con la producción e intercambio de bienes o servicios, que tengan por objeto o efecto limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia.

Tampoco las empresas podrán incurrir en prácticas que limiten el acceso al mercado o que constituyan abuso de una posición dominante, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general.

Se les aplicarán las sanciones establecidas en esta ley a quienes realicen dichos actos o incurran en dichas conductas, sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieren corresponder como consecuencia de los mismos.

La iniciativa crea la Autoridad Nacional de la Competencia como organismo descentralizado del Poder Ejecutivo y dentro de él funcionarán el Tribunal de Defensa de la Competencia, la Secretaría de Instrucción de Conductas Anticompetitivas y la Secretaría de Concentraciones Económicas.

En este marco, se estableció la prohibición de los acuerdos de cartelización entre competidores, concertación del precio de venta de bienes y servicios y la práctica de “repartir, dividir, distribuir o imponer en forma horizontal zonas o segmentos de mercados, clientes o fuentes de aprovisionamiento”.

Se dispone, en tanto, un control de las fusiones y adquisiciones de empresas, exigiéndose la previa notificación a la autoridad de aplicación.

La ley contempla un “Programa de Clemencia” con beneficios de exención o reducción de sanciones administrativas y civiles para las empresas que adhieran, “en la medida en que aporten pruebas que permitan sancionar a los miembros del cartel”.

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