Una amplia reforma jubilatoria, la eliminación de los regímenes de privilegio y medidas que afectarían a empleados judiciales, docentes, personal del Banco Provincia y hasta guardavidas serían impulsadas en las próximas horas por la gobernadora María Eugenia Vidal, paquete que sería tratado el próximo jueves por la Cámara de Diputados de la Provincia.

Si bien existe un cerrado hermetismo sobre estas iniciativas, tres fuentes -dos del gobierno y una de un dirigente de la oposición que fue informado sobre estos proyectos- aseveraron a LA CAPITAL que el Ejecutivo provincial está dispuesto a elevarlo a la Legislatura entre hoy o mañana.

“Es una de las medidas más audaces, o la principal me animaría a decir, de la gobernadora en los dos años de su gestión”, expresó una fuente provincial. Otro de los consultados fue categórico: “O se presenta y se aprueba ahora, o estos cambios, que obviamente son monitoreados por el gobierno nacional que impulsará una reforma similar, no salen nunca más”.

Como “mascarón de proa” del paquete legislativo aparece la concreción de un anuncio oportunamente realizado por Vidal, en cuanto a la eliminación de las jubilaciones de privilegio para los cargos políticos, a través del cual gobernador y legisladores ya no podrán acogerse al beneficio a los 55 años. Sólo podrán jubilarse, se indicó, cumpliendo con los mismos requisitos que el resto de los empleados estatales.

Actualmente, por medio de una ley que rige desde hace varias décadas, quienes ocupan cargos políticos pueden retirarse computando como mejor haber el que cobraron durante el ejercicio de su función pública, si logran acreditar 55 años de edad y 30 de servicio.
Se trata de un privilegio para la clase política del que están excluidos los empleados del propio Estado provincial a quienes se les exigen 60 años de edad y 35 de servicio para que el Instituto de Previsión Social los reconozca como jubilados.

Los legisladores anotan otra ventaja: pueden acumular años de servicio de cualquier caja nacional, provincial, municipal o privada y “tener como mínimo dos años de antigüedad en el ejercicio del mandato de legislador”. Así, obtienen una jubilación del 82% móvil, cuando el porcentaje para el resto de los estatales beneficiarios del IPS oscila entre el 70 y el 80% del haber del trabajador en actividad.
No obstante, entre los proyectos que deberían tratarse el jueves en la Legislatura existen otras iniciativas que generarán controversias y protestas. Se pudo saber que habrá una modificación de la forma en que se liquidan las jubilaciones docentes y la suba de la edad mínima para acogerse al retiro como así también un cambio en la jubilación de los empleados judiciales.

De hecho, el sitio www.lapolíticaonline informó en las últimas horas que se contempla un aumento de la edad jubilatoria de la caja de empleados del Banco Provincia y una eventual revisión de sus asignaciones más altas como así también una armonización de todo el sistema provincial con los parámetros de la Anses. Otro de los objetivos de las medidas que pretende adoptar la gobernadora -que retornó en las últimas horas de su gira por China” es la de terminar con el rojo de la caja previsional del Banco Provincia que tiene un déficit de 5.000 millones de pesos anuales.

El sitio admitió que la información fue negada por importantes funcionarios bonaerenses.

Efecto sorpresa

“Es una reforma muy fuerte y sin dudas el gobierno quiere jugar con el efecto sorpresa”, aseguró por su parte un intendente del conurbano, justicialista, quien tuvo acceso al borrador.

“Detrás de esta iniciativa para eliminar los esquemas preferenciales apareció el rumor de que también busca modificar el esquema de jubilaciones ordinarias que aplica el IPS para los empleados estatales”, se consignó en lapolíticaonline.

El temor que hay es porque hablan de una “armonización”. Se trata de un eufemismo que implicaría igualar el IPS con las demás cajas previsionales -especialmente con la Anses- lo que implicaría la modificación del cálculo de la movilidad jubilatoria y perjudicaría a los trabajadores.

Lo que sí está confirmado es que desde 2018 los gobernadores, vicegobernadores y legisladores ya no podrán jubilarse con 30 años de servicio y 55 años de edad. El retiro más notorio con la llamada Ley Mercante (1951) fue el piquetero Luis D’Elía, quien se acogió al beneficio con el mejor sueldo de legislador, que desempeñó apenas por tres años. La norma está vigente y la nómina de jubilados “especiales” es generosa.

“Por lo que a mí me comentaron desde la Provincia-aseguró a LA CAPITAL un alto dirigente de la oposición- la reforma contempla un cambio en el sistema jubilatorio de los docentes, la derogación de la llamada Ley Mercante, la modificación del sistema de jubilaciones judiciales provinciales, igualando a las nacionales y para municipales y estatales establecer un sistema jubilatorio igual al de la Anses. Concretamente -concluyó- se buscará eliminar regímenes especiales y diferenciales, como por ejemplo que en la costa tienen los guardavidas, y se revisarán las pensiones directas del IPS, con un endurecimiento de requisitos para su otorgamiento”.

El fin a las exenciones impositivas que gozaban las cooperativas y la eliminación de 221 cargos políticos -desaparecerán varias subsecretarías y direcciones- son otras iniciativas que elevará el gobierno de Vidal a la legislatura para tratar esta misma semana.